Las trifulcas entre los sindicatos marcaron los prolegómenos de las medidas que se han puesto en marcha para ampliar y mejorar la conciliación familiar, personal y laboral entre el personal de la Comunidad Autónoma. No era la primera vez que se enfrentaban los sindicatos de ámbito nacional -CCOO, UGT y CSIF- y los que solo tienen representación en Canarias -Sepca e Intersindical-, pero que son los mayoritarios en la mesa de negociación con el Gobierno regional. El origen fue el acuerdo firmado por las centrales nacionales cuando el PP gobernaba en el Estado y que el Ejecutivo regional trasladó a las Islas.

Un recurso presentado por el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) contra el primer paquete de medidas de conciliación puesto en marcha por Función Pública fue duramente criticado por CCOO, UGT y CSIF, a los que también se unió Co.Bas. Los recurrentes pretendían que estas iniciativas se ampliaran a todos los sectores de la Administración autonómica y negaron que hubiese un "plan concilia" como decían los otros sindicatos.

El Ejecutivo no entra en la pugna por el protagonismo entre los representantes sindicales, pero ha negado tanto que se hubiesen paralizado las medidas de conciliación como decían los tres sindicatos mayoritarios pero también niega que estas iniciativas se hayan extendido a todos los empleados como señaló con posterioridad el Sepca, arrogándose el mérito.

El Ejecutivo estudia el recurso, pero eso no quita para que el segundo paquete de medidas se haya aprobado y puesto en marcha. Ahora todos los sindicatos, junto a la Dirección General de Función Pública y los responsables de recursos humanos del resto de departamento autonómicos, tendrán que estudiar en una comisión técnica cómo se amplía la conciliación a toda la plantilla. Sin embargo, el enfrentamiento entre los sindicatos puede alterar el proceso, que ahora afronta un nuevo Gobierno.