El Ministerio de Hacienda no se ha planteado aún la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto para que las instituciones con superávit puedan destinarlo para la mejora de los servicios públicos. Y el caso de Canarias no es una excepción. El Ministerio únicamente ha accedido a incluir entre los temas a discutir con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el del techo de gasto. No se ha producido, por tanto, el "acuerdo histórico" que proclamó la FEMP, que es la entidad que aglutina las voces de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares. El acuerdo, finalmente inexistente, vaticinaba una solución también para la Comunidad Autónoma, que al igual que la mayoría de los ayuntamientos ha visto cómo cientos de millones de superávit quedaban bloqueados por la regla de gasto, que solo permite emplear ese dinero en pagar deuda. Sin embargo, fuentes del Ministerio puntualizaron ayer que solo se ha dicho sí a hablar de este asunto. Nada más.

Si la Federación de Municipios hubiera conseguido convencer al Ministerio, se habría allanado el camino del Gobierno de Canarias, que en esencia viene exigiendo lo mismo que los ayuntamientos, esto es, que se acabe con una imposición que en casos carece ya de sentido. La regla de gasto es uno de los mecanismos para controlar la deuda y el déficit públicos, pero ha degenerado hasta dar lugar a paradojas como que el Archipiélago, una de las regiones más saneadas del país, no pueda invertir su superávit.

Las Islas vienen ingresando más de lo que gastan, y ese saldo positivo solamente puede usarse para pagar deuda o para ejecutar inversiones financieramente sostenibles, una alternativa que no convence a nadie. Así pues, y como él mismo ha avanzado, el nuevo consejero de Hacienda, Román Rodríguez, tendrá que "pelear" para que se suavice la norma, siguiendo así los pasos del expresidente Fernando Clavijo y de su antecesora en el cargo, Rosa Dávila, cuya insistencia no tuvo respuesta. No obstante, la idea de Rodríguez no es pedir que se exceptúe a Canarias, sino que se cambie la ley de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria para que todas las instituciones con superávit puedan disponer del dinero. Los superávits de estas compensan los déficits de las administraciones incumplidoras, como Cataluña o el propio Estado. Es decir, el rigor presupuestario de unos sirve para que España cumpla ante Bruselas pese a que otros vulneran la ley una y otra vez.

En este escenario, Clavijo decidió saltarse la regla de gasto, con el aplauso de patronal y sindicatos, después de que el Ministerio ignorase la solicitud de liberar a Canarias de la norma. Este consabido "alto riesgo" de incumplimiento es lo que ha corroborado la AIReF, lo que ha encendido las alarmas en el Ejecutivo de Torres por más que el organismo prevé que las Islas volverán a tener superávit y cumplir los objetivos de estabilidad. La exconsejera Dávila, de CC, se mostró sorprendida de que "solo una semana después" de acceder al cargo Torres ya anuncie ajustes ("medidas correctoras", dijo el presidente). "¿De dónde va a recortar? ¿Va a dar marcha atrás en las medidas sociales aprobadas con la patronal y los sindicatos? El anterior Gobierno no recortó nunca y aun así bajó la deuda", recordó Dávila.