El Gobierno regional topa con las primeras dificultades financieras para aplicar su programa social. En el primer informe de la Consejería de Hacienda para valorar la situación en la que se encuentra el presupuesto autonómico vigente se han detectado menos ingresos de los previstos y una serie de compromisos en materia de personal que suponen más gastos entre este ejercicio y el siguiente. Pero en modo alguno el Ejecutivo renuncia a sus compromisos, aunque las dificultades con las que se está encontrando suponen un tropiezo inesperado. A este escenario hay que añadir el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que prevé un riesgo de incumplimiento de la regla de gasto.

El consejero y portavoz Julio Pérez cuestionó que el Gobierno anterior tomara decisiones que no estaban previstas en el presupuesto inicial y que generan obligaciones financieras. "No nos parece correcto cómo se produjeron esos incrementos de gastos, pero no es nuestra intención revertir estas medidas", matizó el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Aunque Pérez no quiso entrar en detalles sobre estas decisiones sí apuntó a las medidas adoptadas de reducción de la jornada laboral a los empleados públicos de 37,5 a 35 horas semanales y a los docentes de Secundaria de 20 a 18 horas lectivas, lo que supone más contratación de personal sobre todo en las consejerías que cuentan con más plantilla, es decir, Sanidad y Educación. Según el consejero "si se pone un funcionario público a trabajar menos horas se tendrá que contratar a otras personas para que hagan el trabajo".

El Ejecutivo regional no tomó ayer ninguna decisión efectiva en relación con el presupuesto y se emplazó al siguiente Consejo de Gobierno para seguir profundizando en las conclusiones de Hacienda sobre el estado de las cuentas y ver de qué manera se puede aplicar alguna de las medidas anunciadas en el discurso de investidura de Ángel Víctor Torres. Eso sí, Hacienda tendrá ahora que valorar los riesgos apuntados por la Autoridad Fiscal en su informe y cumplir para que no haya intervención del Ministerio de Hacienda en las cuentas autonómicas, lo que Pérez calificó como "los hombres de negro" ya que se hará lo necesario para que esto no suceda.

En el informe de la AIReF se fija el crecimiento del gasto de la Comunidad Autónoma en un intervalo entre el 6,8 y el 8% cuando el límite se había establecido para este ejercicio en un 2,7%, lo que supone hasta más de cinco puntos de diferencia. De todas formas no es solo Canarias la que se encuentra en "riesgo alto" según la AIReF, sino también Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.

"Aunque los datos de la AIReF y de Hacienda sean complicados y algo sombríos no por eso se va a modificar la determinación del presidente y del Gobierno de aplicar las medidas sociales que se contienen en el discurso de investidura", añadió el consejero y portavoz provisional del Ejecutivo regional. Hay dificultades financieras "inesperadas" e "importantes", además de un "riesgo alto" de incumplimiento pero, según Pérez, el Gabinete se va a poner manos a la obra para encauzar la situación.

El representantes del Gobierno lamentó que se adopten medidas que suponen "decenas, decenas y decenas de millones de euros" del erario público. "No se trata de revertir esas medidas, sino de hacer las cosas con métodos, con orden", apostilló para añadir que "hay cosas que un Gobierno no puede hacer y si lo hace se producen estropicios". Pérez señaló que los ingresos del anterior Gobierno de Canarias "o estaban mal calculados", ya que "lo cierto" es que se ha ingresado menos, datos que matizó sabía el Ejecutivo autonómico saliente desde el primer trimestre, con las consecuencias que puede conllevar el incumplimiento de la regla de gasto.

La Consejería de Hacienda también ha pedido a los diferentes departamentos del Ejecutivo que concreten sus prioridades de gastos para el próximo Consejo de Gobierno para ir articulando las principales líneas del presupuesto autonómico de 2020 porque, según Pérez, Canarias tendrá cuentas autonómicas aunque continúen prorrogados los presupuestos del Estado.

La magistrada Carla Vallejo y el exportero de la UD Manolo López, miembros del Gobierno

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la primera batería de nombramientos, entre los cuales destacan la designación de los secretarios generales técnicos de las diferentes consejerías para agilizar el funcionamiento del Ejecutivo. Entre los nuevos cargos figura la magistrada Carla Vallejo como viceconsejera de Justicia; el exfutbolista de la UD Las Palmas Manolo López como director general de Deportes y el veterano socialista y exdiputado Manuel Marcos Pérez como viceconsejero de Relaciones con el Parlamento.

En el equipo de comunicación de la Presidencia del Gobierno se confirmó lo que muchos daban por hecho y es que Ricardo Pérez se convierte en viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios. Desde su etapa en el Cabildo grancanario Pérez ha estado al mando de la estrategia de comunicación de Torres desde su labor como asesor en campañas políticas. La Dirección General de Comunicación será ocupada por el también periodista Juan Manuel Pardellas, un profesional que ha trabajado en diversos medios y que llegó a trabajar para el Gobierno en la etapa de Lorenzo Olarte entre 1996 y 2001.

Uno de los nombramientos más destacados y que ha causado cierta sorpresa es el de la magistrada Carla Vallejo como viceconsejera de Justicia en el departamento que dirige Julio Pérez. Vallejo es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido jueza en el ámbito de la violencia de género en Fuerteventura, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y hasta ahora ostentaba el puesto de magistrada titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 en Gran Canaria. También ha sido portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, de carácter progresista.

En el departamento de Julio Pérez también ha sido designado el que fuera diputado regional durante varias legislaturas, alcalde, senador y secretario insular del PSOE en La Palma, Manuel Marcos Pérez, como viceconsejero de Relaciones con el Parlamento. La primera tarea marcada por Julio Pérez al nuevo alto cargo es coordinar las primeras comparecencias de los consejeros del Ejecutivo en las comisiones correspondientes para exponer sus programas de trabajo ante los diputados.

En el mismo departamento también fueron designados ayer el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, también licenciado en Derecho y hasta ahora tesorero del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y director del Consorcio de Tributos de Tenerife. Como secretaria general técnica de la Consejería ha sido elegida María Lourdes Baute, que se mantiene en el cargo procedente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

En la Consejería de Educación, Cultura y Deportes fue confirmado el nombramiento del dirigente de Podemos Juan Márquez como viceconsejero de Cultura, mientras que Rubén Pérez Castellano es el director general de Cultura, también procedente del mundo de la gestión cultural y de la música como profesor del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria. En la Dirección General de Patrimonio Cultural ha sido designada María Antonia Perera; en la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas, María Candelaria González Morales; Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Gregorio Cabrera; Dirección General de Personal, María Soledad Collado; Secretaría General Técnica, Manuel Peinado, y como director general de Deportes el exportero de la UD Las Palmas Manuel López, deportista profesional durante 20 años y que ha sido varios años concejal en el Ayuntamiento de Arucas.

En Presidencia del Gobierno la Dirección General de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia será ocupada por Miguel Ángel Pulido, mientras que la Secretaría General es para Cándida Hernández. En Hacienda se confirma la designación de Fermín ?Delgado como viceconsejero de Hacienda, mientras que José Julián Istúriz será director general de Patrimonio. En Sanidad el único nombramiento es el del secretario general técnico, puesto que estará ocupado por Tomás Morales López.