25 de julio de 2019
25.07.2019

La Autoridad Fiscal alivia el temor de Torres y prevé que sí habrá superávit

El presidente autonómico vaticina que Canarias caerá en déficit pese a que el organismo independiente considera que la región seguirá ingresando más de lo que gasta también en 2019

25.07.2019 | 00:51
Ángel Víctor Torres, en una reciente reunión de trabajo.

"Se sigue esperando que la comunidad alcance un superávit en 2019". Esta es la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre los ingresos y gastos de la Administración autonómica. El último informe del organismo que preside José Luis Escrivá sobre las finanzas de Canarias cuestiona el cumplimiento de la regla de gasto pero no pone en duda que vuelva a registrarse superávit también este año. Es más, la AIReF considera que en las arcas públicas del Archipiélago entrará más dinero del que saldrá aun cuando los ingresos serán menores de lo previsto. El organismo de control fiscal, que se constituyó en 2013 a instancias de la Unión Europea para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del país, rebaja así el temor expresado por Ángel Víctor Torres, que el martes anunció que no habría superávit en 2019. No obstante, el presidente del Gobierno de Canarias insistió ayer en que no habrá superávit e incluso aludió al informe de la AIReF para justificar su parecer.

Torres explicó que el análisis de la Autoridad Fiscal pone de manifiesto "un desvío presupuestario que está muy por encima del techo de gasto permitido, en porcentajes de un ocho o un 9%, y que va a llevar consigo con absoluta seguridad, tal y como han corroborado desde la Consejería de Hacienda, que este año 2019 no vayamos a tener superávit, sino todo lo contrario". Sin embargo, el informe de la AIReF no solo no dice que Canarias caerá en déficit, como vaticinó el jefe del Ejecutivo autonómico, sino que mantiene la previsión de que se registrará superávit un año más, de ahí que el asunto saltara al ruedo político. "Está diciendo que Canarias no va a tener superávit, y eso no es lo que dice el informe, eso es falso", respondió la que fuera consejera de Hacienda hasta hace solo semanas, Rosa Dávila.

El organismo avisa que la Comunidad Autónoma está en "riesgo alto" de incumplir la regla de gasto, pero no de incurrir en déficit, y ambas cosas son compatibles. La regla de gasto es la que dice que ni el Estado, ni las autonomías, ni los cabildos, ni los ayuntamientos pueden incrementar su gasto más allá de una tasa de referencia de crecimiento del PIB nacional a medio plazo. La tasa la calcula el Ministerio de Economía con el objetivo de evitar que el desembolso público se disparate y garantizar que haya ingresos para financiarlo. El problema de la regla de gasto es que en determinadas instituciones que la han cumplido, y el Gobierno regional así lo hizo en los dos últimos ejercicios, ha tenido un efecto perverso. ¿Cuál? La creación de un superávit estructural en los casos, como los de Canarias o la generalidad de los ayuntamientos, en que los ingresos (por el crecimiento de la recaudación de impuestos, por ejemplo) superan con mucho los gastos. Si el empleo de determinados fondos en una inversión o un servicio público implica que se gaste por encima de la tasa de referencia que fija el Ministerio, entonces la inversión no puede llevarse a cabo y el dinero debe computarse en el superávit. Superávit que, además, solo puede destinarse para liquidar deuda bancaria (la única alternativa son las llamadas inversiones financieramente sostenibles, pero estas restringen muy mucho el margen de maniobra de los gobiernos). El hecho de que se obligue a Canarias a emplear el superávit para pagar deuda, cuando se trata de una de las regiones menos endeudadas del país, es lo que llevó al Ejecutivo que presidió Fernando Clavijo a exigir que se exceptuara a las Islas de su aplicación. El Gabinete de Pedro Sánchez ignoró la petición y, además, transfirió 145 millones al filo de 2019, con lo que no dio tiempo a gastarlos y pasaron a superávit, como también ocurrió con unos 500 millones de la deuda que el Estado tenía con la Comunidad Autónoma por los recortes del convenio de carreteras. Canarias se encontró así con un superávit que engordaba hasta 947 millones, lo que se convirtió en el detonante de que el anterior Gobierno decidiera saltarse la regla de gasto y emplear una parte de ese dinero en fines sociales.

Es este incumplimiento, proclamado por el propio Clavijo y aplaudido por los sindicatos y la patronal, el que ahora corrobora la AIReF, que, en cambio, cree que Canarias seguirá teniendo superávit, o lo que es lo mismo: más ingresos que gastos por más que el anterior Ejecutivo ignorase la regla para contratar más profesores o poner en práctica nuevas medidas contra las listas de espera sanitarias. "A pesar de reducirse el escenario de ingresos, se sigue esperando que la comunidad alcance un superávit en 2019, pero empeoran las estimaciones de regla de gasto", reza el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Madrid abre la puerta a suavizar la ley

Fomento sabía desde febrero que debía reprogramar el convenio de carreteras

El anterior equipo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes contemplaba remitir al Ministerio de Fomento a principios del próximo año las primeras certificaciones de obras del nuevo convenio de carreteras, firmado el pasado 22 de diciembre, "porque siempre se presentan a año vencido y en función del nivel de ejecución de cada proyecto", según explicó ayer el exconsejero, Pablo Rodríguez. Esas certificaciones se refieren a la tres primeras obras del nuevo plan ya adjudicadas o en ejecución y cuyo monto total previsto en el mismo supera los 500 millones. De ellos, alrededor de 300 millones corresponden al cierre del anillo insular de Tenerife, 200 a la segunda fase de la carreteras de la Aldea, y 30 al tramo Las Chafiras-Oroteanda en el sur tinerfeño, aunque la adjudicación de cada una de ellas se hizo por una cantidad inferior. Rodríguez denuncia además que el Ministerio no ha transferido aún "ni un euro" de la adenda de 101 millones con que se resolvía el anterior convenio y cuyas obras afectadas se están llevando acabo con recursos propios de la Comunidad Autónoma.

El también ex vicepresidente de Canarias sostiene que la versión dada por el nuevo presidente regional, Ángel Víctor Torres, no se ajusta a la realidad de la situación cuando éste señala que, según le ha trasladado el Ministerio, hay 120 millones pendientes de traspasar de los años 2018 y 2019 para proyectos del nuevo convenio porque no se han remitido a Madrid las correspondientes certificaciones de obras. Esta situación según Torres, obligará a reprogramar el nuevo convenio para evitar perder esas cantidades cuando ni siquiera se ha empezado a ejecutar. Esa reprogramación requerirá la firma de una nueva adenda a través de la cual o se añaden esas partidas a las próximas anualidades, o se amplía el plazo del actual plan viario, que prevé una inversión total de 1.200 millones hasta el 2025.

El anterior responsable de la consejería asegura que esa reprogramación estaba prevista ya por el propio Ministerio al asumir éste que la tardía firma del nuevo convenio, el día 22 de diciembre pasado, hacía imposible que se pudieran afrontar las obras correspondientes al año 2018, el primer año teórico de implantación del nuevo plan.

Esa situación se abordó de facto en la primera y única reunión de la comisión de seguimiento del convenio de carreteras que la Consejería y el Ministerio de Fomento celebraron desde entonces, a mediados febrero. En ella, ambas partes, según explica Rodríguez, acordaron la necesidad de un "reajuste de las anualidades" para hacer operativo el nuevo convenio. Así se recoge, asegura Rodríguez, en el acta de esa reunión bilateral de febrero, aunque no se concretó en ella que se necesitara una adenda adicional al documento firmado en diciembre.

Según Rodríguez, sí se presentaron en la mencionada comisión de seguimiento las últimas certificaciones de obras pendientes del anterior convenio, pese a lo cual el Ministerio sigue sin transferir a Canarias las cantidades correspondientes. Se refiere a los proyectos contemplados en la adenda complementaria firmada en diciembre de 2017, aún con el gobierno del PP, con la que se prorrogaba el anterior plan hasta que se firmara el nuevo. Rodríguez recuerda que esas obras han sido financiadas con recursos propios de la Comunidad Autónoma "en la buena fe de que los fondos de Fomento llegarían pronto", pero constatando que hasta la fecha "no ha llegado ni un euro".

El presidente Ángel Víctor Torres reconoció ayer que "hay certificaciones entregadas de los 101 millones (la adenda de 2017), pero insistió en que la no presentación de certificaciones de 2018 y 2019 obligará a una "reformulación del convenio" porque, dijo, "esos fondos no se pueden perder". "O añadimos esos dineros no gastados de 2018 y 2019 en los próximos ejercicios, o habrá que ampliar la duración del convenio", aseguró. "Lo que es evidente es que el Gobierno de Canarias tiene que planificar mucho mejor, porque no es lógico que habiendo un dinero no se haya certificado nada", afirmó el mandatario regional en función de la explicaciones recogidas el martes en una reunión con responsables de Fomento.

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