Nueva vuelta de tuerca política al conflicto entre Canarias y el Estado sobre el anterior convenio de carreteras y el pago de la deuda de más de 1.000 millones reconocida por varias sentencias del Tribunal Supremo. El nuevo presidente regional, el socialista Ángel Víctor Torres, pactó ayer con el equipo del todavía ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la posibilidad de empezar a transferir los 600 millones correspondientes a obra ejecutada de ese convenio pero no cubierta aún por el Estado, sin obligar a la Comunidad Autónoma a renunciar a los otros 400 de obra sin certificación pero que formaban parte del documento que en su día firmaron ambas administraciones y que el Gobierno del PP no transfirió por los recortes entre los años 2102 a 2016.

Esta misma fórmula la planteó a finales de la pasada legislatura, en febrero, el gobierno regional del nacionalista de Fernando Clavijo pero no prosperó por la negativa del ministerio de Hacienda a avalarla, según señaló entonces el vicepresidente canario y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez.

Torres aseguró ayer que ha vuelto a plantear al ministerio ese mecanismo de pago y que este ha quedado en estudiarlo para poder empezar a cubrir esa parte de la deuda, reconociendo no obstante que la última palabra la vuelve a tener Hacienda, y que el bloqueo político en Madrid condiciona la posible solución. El mandatario regional explicó su planteamiento pero no aclaró las razones por las que el ministerio acepta ahora una vía que no prosperó hace solo seis meses. Tras asegurar primero que la versión de Fomento es que fue el anterior Gobierno de Canarias el que se negó a esa fórmula, reconoció luego que la propuesta podría ser rechazada otra vez por el ministerio de Hacienda. "Vamos a intentarlo, no sabemos si Hacienda nos aceptará la propuesta, pero de momento Fomento ha quedado en estudiarla", aseguró.

Los más de 1.000 millones en que desde Canarias se cifra el conjunto de la deuda -600 de las obras ejecutadas, incluida la adenda de 101 millones por la prórroga de un año del anterior convenio, 300 de la obra sin certificar y más de 100 por los intereses de demora- formaban parte de los dos documentos de acuerdo extrajudicial que la Comunidad Autónoma y Fomento iban a firmar en diciembre pasado junto con el nuevo convenio, de 1.200 millones hasta el 2025. Pero la exigencia de Fomento al gobierno regional de asumir únicamente la primera de estas cantidades y renunciar a los otros 345 (cifra incrementada hasta los más de 400 por la demora acumulada) llevó al Ejecutivo de Clavijo a no firmar ese acuerdo.

Audiencia Nacional

La firma del nuevo convenio se produjo el 22 de diciembre en medio de una gran tensión entre ambas partes, y durante la semana siguiente Pablo Rodríguez intentó negociar con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, la misma fórmula que ahora rescata Torres. Tras el fracaso de esa opción, Canarias presentó ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional una demanda de ejecución de sentencia exigiendo el pago de toda la deuda reconocida por el Supremo. El litigio sigue pendiente de una resolución definitiva por esta instancia judicial, que reclamó al ministerio en sendas resoluciones en marzo y mayo pasados explicaciones sobre las razones de ese incumplimiento.

"Hemos planteado, y se ha quedado en estudiar por Fomento, la posibilidad de separar la ejecución de la sentencia de las partidas realmente ejecutadas para poder transferir estas últimas, es decir, que no obligue al Gobierno de Canarias a firmar la renuncia de esos 300 millones más los intereses", explicó ayer Torres. "Si la respuesta es favorable, ya podemos contar con esos 600 millones sin renunciar al resto. Vamos a seguir negociando el resto de la manera que procede, que es sentándonos en una mesa", resaltó.

Modificar el convenio

Por otro lado, Torres avanzó la "mala noticia" de que incluso el nuevo convenio no es ajeno tampoco a problemas de ejecución. Según explicó, el Ministerio le ha trasladado que "hay 60 millones de 2018 y otros 60 de 2019 para los que no hay prácticamente ninguna certificación de ninguno de estos dos ejercicios". Esto es, el gobierno saliente no habría certificado obras durante los dos últimos años, con lo que habría 120 millones sin gastar. "Eso obliga", subraya, "a modificar el convenio bien aumentando las cantidades de los próximos años o bien la duración del convenio (previsto inicialmente hasta el 2025) y firmar una nueva adenda".

Precisamente el convenio de carreteras fue motivo de disputa ayer entre Pedro Sánchez y la portavoz de CC en el Congreso durante el debate de investidura. El candidato socialista a la Presidencia mencionó erróneamente algunos aspectos de este conflicto, primero confundiendo la fecha de la firma del nuevo convenio (la fechó en el 28 de diciembre de 2018 en lugar de en el 22) y luego asegurando que Canarias se había negado a firmarlo, confundiendo ese documento con el acuerdo extrajudicial. "Se negaron a firmarlo porque consideraron que no cumplía con las exigencias y con los compromisos del Gobierno de España con el Gobierno canario. Pueden oponerse al Gobierno, a buscar razones para oponerse al Gobierno, pero no en relación con la inversión pública en Canarias", afirmó Sánchez. Oramas le respondió que "esos papelitos que le han pasado están mal porque ese convenio de 1.200 millones se firmó gracias al señor Ábalos y a Pedro Saura, lo que ustedes no han transferido es la deuda de más de 1.000 millones reconocida por el Supremo que el PP no pagó en los cuatros años de mayoría absoluta".

Torres se reunió también ayer con representantes de Hacienda, donde le confirmaron que Canarias tiene un desvío presupuestario de 8 puntos de la regla de gasto en el presente ejercicio y que "eso lleva consigo el que tengamos que hacer ajustes en el actual presupuesto". "No va a haber superávit en el 2019 por esos números que nos han presentado, al contrario, estamos por encima del techo de gasto y eso puede provocar sanciones y que tengamos que ir a un Plan Económico Financiero y tenemos que buscar los recursos".

Torres sostiene que con ello "se demuestra que la política fiscal del anterior gobierno ha sido errónea, bajando impuestos que eran necesarios para poder sacar adelante las políticas sociales". Desde su punto de vista también para esto es importante que "tengamos gobierno de España".

Altos cargos

A la reunión con Ángel Víctor Torres en Fomento, que se llevó a cabo durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, acudieron el subsecretario de Estado de Fomento y los secretarios generales de Infraestructuras y Transporte.