Canarias revisará la fiscalidad de los combustibles en su lucha contra el cambio climático. El nuevo Gobierno regional ha tomado buena nota de la petición de la OCDE para que los impuestos que se aplican sobre los carburantes estén en consonancia con el impacto ambiental de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, para que se suban los impuestos y que contaminar salga más caro que en la actualidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dirigió su solicitud a España en su conjunto, pero lo cierto es que la fiscalidad de la Comunidad Autónoma se caracteriza, como la del país, por su benevolencia hacia quienes más combustibles fósiles emplean y, por tanto, más polución generan. Al menos en comparación con el resto de Europa, donde la llamada fiscalidad verde está más y mejor implantada. Eso sí, el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres no perderá de vista las singularidades de Canarias, donde los carburantes soportan gravámenes especiales y donde castigar fiscalmente el uso del vehículo privado, por ejemplo, puede tener repercusiones sociales de mayor calado que en la Península. De entrada porque las alternativas son menores que en la mayor parte del resto del país (en las Islas no hay ni trenes ni metro).
Lo cierto es que la recomendación de la OCDE no ha cogido de improviso al nuevo Gobierno. No en vano, la Estrategia canaria de lucha contra el cambio climático, que en 2009 aprobó la desaparecida Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, ya apuntó entonces la necesidad de acercarse cada vez más a Europa en lo relacionado con la fiscalidad de los combustibles. En el documento se hizo así hincapié hace ya más de diez años en lo que ahora reclama el organismo internacional: "Aumentar de manera progresiva los impuestos sobre combustibles y carburantes de automoción hasta situarlos en un nivel más próximo al de la media en la Unión Europea".
En línea con la OCDE, en el nuevo Gabinete autonómico entienden que "puede haber margen" para actuar, de ahí que la idea sea revisar la fiscalidad de los carburantes en paralelo al desarrollo de la futura Ley contra el cambio climático, en la que ya trabaja la nueva Consejería para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. No obstante, el departamento que dirige el socialista José Antonio Valbuena no se limitará a la elaboración de la ley y, de hecho, se adelantará a esta en la definición de las acciones de mayor urgencia. El decreto de emergencia climática al que se refirió el consejero en su toma de posesión no será ni más ni menos que el documento que establezca "las acciones más inmediatas" para la lucha contra el cambio climático, tal como precisó Valbuena, esto es, el documento en que se definirá qué hay que hacer. Será, en definitiva, la hoja de ruta que marque "qué instrumentos hay que diseñar, redactar e implementar". Entran ahí desde la propia ley hasta planes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o programas formativos específicos en materia de cambio climático, por ejemplo. Y junto con estas medidas y la futura normativa, que llevará tiempo, se verá también el tema de los impuestos que se aplican sobre los carburantes.
Hay que recordar que en Canarias, por sus particularidades fiscales y económicas, no se aplican sobre las gasolinas ni sobre el gasóleo de automoción ni el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos ni el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. En cambio, sí rige en el Archipiélago, fundamentalmente, el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo.
En cuanto a los precios en las estaciones de servicio, el peso de los impuestos oscila, en cifras de 2017, entre el 29% en el caso de la gasolina de 95 y el 25% en el de la 98, mientras que en el resto del país supera el 50%, aunque el precio antes de impuestos es menor.
La 'hoja de ruta'
Ley contra el cambio climático Objetivo de legislatura Uno de los principales objetivos del Gobierno que preside el socialista Ángel Víctor Torres es aprobar en la legislatura la Ley contra el cambio climático, una meta que incluso da nombre a una de las nuevas consejerías, la que dirige José Antonio Valbuena para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, lo que da una idea de la importancia que se concede a este asunto. No obstante, el departamento cuyas riendas lleva el socialista empezará a actuar desde ya y sin esperar a que la ley esté aprobada.
Plan de acción El consejero José Antonio Valbuena anunció tras su toma de posesión que se aprobaría cuanto antes un decreto de emergencia, lo que hizo pensar en un decreto-ley propiamente dicho. En realidad se trata del documento que sentará las bases que luego permitirán llevar a cabo medidas concretas. En otras palabras: es el documento que establecerá los instrumentos que se tendrán que diseñar y elaborar para la efectiva lucha contra el cambio climático, desde la propia ley hasta los planes para reducir los gases de efecto invernadero o los programas de formación, tanto de formación reglada como no reglada.Primera medida
Fiscalidad El Gobierno autonómico considera que "hay margen" para actuar sobre la fiscalidad de los combustibles, es decir, para gravarlos más, algo que ya ha solicitado a España la OCDE con el objetivo de acercarse a la media. El Ejecutivo autonómico revisará los tributos con el objetivo de profundizar en la llamada 'fiscalidad verde' pero siempre teniendo en cuenta las particularidades de Canarias y de su especial régimen económico y fiscal. Como la ecotasa, también sería una medida paralela a la Ley contra el cambio climático.Un análisis sosegado
Un 'Madrid Central' en ocho ciudades canarias
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Arona en la provincia occidental. Y Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana y Arrecife en la provincia oriental. Esas serían las ocho localidades de la Comunidad Autónoma que tendrían que copiar el modelo del polémico Madrid Central, es decir, que tendrían que restringir el tráfico, si Pedro Sánchez logra en el Congreso los votos suficientes para renovar al frente del Gobierno central. El aspirante y presidente en funciones insistió ayer en la primera sesión del debate de investidura en la Cámara Baja en su intención de que las poblaciones con más de 50.000 habitantes establezcan medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero en sus cascos urbanos. "Madrid Central no se va a tocar", aseguro Sánchez en su discurso desde la tribuna del Congreso. El también líder del PSOE respondió así a las intenciones del PP y Ciudadanos de quitar la medida estrella del anterior gobierno de Manuela Carmena, pero agregó que su idea es extenderla a toda localidad de más de 50.000 habitantes.
Una ambiciosa y no menos controvertida medida que afectaría a esos ocho municipios de la Comunidad Autónoma y que está incluida en el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética que preparó el Gobierno ahora en funciones. Si finalmente se impone por ley la restricción del tráfico, los ocho ayuntamientos tendrán que cumplir antes de 2023, es decir, que tendrán cuatro años para prepararse. En todo el país serán hasta 140 las ciudades que deberán elaborar planes para reducir el tráfico en las zonas de mayor densidad y contribuir así a la aminoración de las emisiones de gases contaminantes.
En el caso de Madrid Central, el Ayuntamiento capitalino optó por limitar el acceso al corazón de la ciudad (a la llamada Almendra Central, la zona situada dentro de los confines de la carretera de circunvalación M-30) en función del tipo de vehículo. Es decir, no pueden pasar los coches más contaminantes pero sí tienen libre acceso los turismos con etiqueta ECO. Diésel y gasolina pueden acceder para estacionar en parkings públicos o privados.
