Mañana se inicia el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso casi tres meses después de las elecciones generales. Todo el país estará pendiente de un debate que se presume agrio y que, tras los últimos acontecimientos, se espera que termine con la elección del líder socialista si no el martes con mayoría absoluta, el jueves con mayoría simple. El nuevo Gobierno regional encabezado por Ángel Víctor Torres estará especialmente atento a esta investidura porque la agenda canaria en Madrid está cargada de asuntos pendientes que un Gobierno en funciones no puede resolver. Pese a todo, no será una legislatura fácil y los temas de las Islas pueden chocar con la inestabilidad y crispación política en la que está sumida el Estado.

Torres se ha comprometido a ser firme ante Madrid aunque el Gobierno sea de su mismo partido pero, eso sí, con una actitud diferente a la del Ejecutivo de Coalición Canaria para buscar el acuerdo y la negociación. El Gabinete del líder socialista tendrá que emplearse a fondo para sacar adelante lo que se encalló en la legislatura autonómica recién finalizada y con la confianza de que finalmente no haya elecciones generales en noviembre, que sería el peor escenario posible para el Archipiélago.

Desde el minuto uno los dos principales dirigentes del Ejecutivo -Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez- lo han dejado claro: hay que negociar de inmediato la deuda del convenio de carreteras, que tiene varias aristas pero un único objetivo y no es otro que el Estado solvente de una vez por todas el pago de lo que le adeuda a las Islas tras las sentencias del Tribunal Supremo. Por un lado hay 500 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el superávit de la Comunidad Autónoma de 2018, pero que tanto el anterior Ejecutivo como el actual quieren que se busque la fórmula para destinarlo a servicios públicos. Por otro lado, hay 300 millones más que Hacienda alega que no se han ejecutado.

El presidente canario está convencido de que con la negociación política se puede evitar la judicialización de este asunto iniciada por CC y la voluntad política depende ahora de los ministerios de Fomento y Hacienda, al margen de que el Gobierno esté en funciones o no. Habrá que comprobar la capacidad de persuasión de Torres y de su consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, a la hora de buscar la fórmula adecuada para demostrar si la confrontación política con CC era lo que impedía el acuerdo.

Destino del superávit

El destino del superávit a gasto social sí es un escollo que tiene que resolver un Gobierno con plena capacidad de decisión y no uno en funciones. La principal clave radica en la necesidad de realizar cambios en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, una ley orgánica cuya modificación requiere un proceso previo de consultas con las comunidades autónomas y llevarla a las Cortes para que sea aprobada. Los matices entre el Gobierno anterior y el actual están sobre la mesa: si se aprueba una regla de gasto a la carta en función de la situación económica y financiera de cada comunidad o si hay una flexibilización general, en la que aquellas comunidades cumplidoras con los criterios de estabilidad pueden tener un mayor margen de gasto público sin tener que destinarlo todo a pagar la deuda.

Una vez que eche a andar el Gobierno central los tiempos comienzan a correr, otra cosa es la mayor o menor rapidez que se dé el Ejecutivo de Sánchez en convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para iniciar el proceso. Mientras tanto, Torres tendrá que ajustar el gasto público a los límites vigentes después de la advertencia contenida en el último informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Otra cuestión a negociar de inmediato con Madrid es la posibilidad o no de transferir las partidas de convenios y otras cantidades que se quedaron pendientes del presupuesto de 2018 y que al entrar en prórroga este año ha generado dificultades técnicas para realizarlas. A este escenario hay que vincular si habrá o no presupuesto del Estado de 2019 tras el fracaso del que presentó el PSOE antes de las elecciones generales. Que no haya presupuesto en todo el año afecta directamente a las Islas, a las entregas a cuentas del sistema de financiación autonómica y al cumplimiento del nuevo REF económico y del Estatuto.

Precisamente otro reto que está sobre la mesa y en el que el Archipiélago canario se juega mucho es en la necesidad de cambiar el sistema de financiación autonómica, asunto que cuenta ya con un informe de expertos pero que está pendiente por la inestabilidad política.

Temas pendientes

Carreteras Ángel Víctor Torres tiene previsto viajar mañana a Madrid con la intención de concretar citas con Fomento y Hacienda y sobre la mesa está la negociación de la deuda pendiente del convenio de carreteras, con la demanda de que no se destine a amortizar deuda sino a invertirla en los servicios públicos.

Superávit y estabilidad El destino de los fondos del superávit es unas de las principales peticiones de Canarias y de otras comunidades. La reforma de la ley de estabilidad es esencial para que las comunidades cumplidoras puedan tener margen para destinar más fondos a inversiones.

Presupuestos La prórroga del presupuesto del Estado de 2018 ha truncado inversiones y transferencias, que ahora el nuevo Gobierno tiene que negociar con Hacienda para ver si algunas de ellas se pueden transferir. Ahora falta que Sánchez pueda sacar un nuevo presupuesto este año.

REF y Estatuto Recién aprobados, el cumplimiento del REF económico y del Estatuto está sobre la mesa y es ahora cuando el nuevo pacto regional tiene que emplearse a fondo para que se cumplan tanto en los presupuestos como en la negociación política.

Sistema de financiación La negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica es un asunto prioritario para la mayoría de las comunidades autónomas y que está pendiente desde hace varios años. Canarias es una de las regiones más perjudicadas.