La renta básica ciudadana es la medidas estrella que pretende poner en marcha el cuatripartito que ya preside el socialista Ángel Víctor Torres lo antes posible. En el texto del Pacto de las Flores firmado por los cuatro socios del Gobierno regional (PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y Agrupación Socialista Gomera) figura negro sobre blanco que la renta ciudadana se impulsará a través de una ley "urgente". Sin embargo, por mucha prisa que se dé el Gobierno, primero hace falta articular una fórmula estable de financiación para que esta ayuda de hasta 600 euros pueda llegar a los bolsillos de los canarios con menos recursos e ingresos. Si los cálculos que maneja el nuevo Ejecutivo no fallan, los posibles beneficiarios serían entre 40.000 y 60.000 personas y prevé que, para dar cobertura a esta renta, la Comunidad Autónoma debe dedicar entre 250 y 300 millones de euros anuales, lo que solo se puede conseguir a través de dos vías: más impuestos o dedicar un menor gasto a las inversiones ya previstas, lo que supondría detraer cerca de medio punto del PIB canario o incrementar en un punto el IGIC.
Expertos de la Consejería de Hacienda vinculados al Gobierno nacionalista saliente lo tienen claro. "Solo hay dos vías para que se pueda poner en marcha una medida de este calado: incrementar los ingresos actuales por la vía fiscal o bien restringir o modificar los gastos que ahora mismo están presupuestados, es decir, quitarlo de las partidas de inversión para destinarlos a la implantación de la renta básica".
El artículo 24 del Estatuto de Autonomía recientemente reformado establece que "las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes" y, por ello, la urgencia de redactar una ley que contenga una ficha presupuestaria que haga viable el derecho reconocido en el Estatuto así como un reglamento de funcionamiento que haga operativas todas las cuestiones administrativas necesarias para que la ayuda llegue a los beneficiarios.
El pasado mes de marzo, el Parlamento canario rechazaba una proposición de ley auspiciada por los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Nueva Canarias para la implantación de esta renta básica ciudadana. El Ejecutivo saliente presidido por Coalición Canaria argumentaba que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) podía cumplir el mandato del Estatuto de Autonomía con la implementación de una serie de modificaciones. Sin embargo los partidos ahora en el Gobierno autonómico rechazaron discutir sobre una modificación de la PCI para defender la aprobación de dos proposiciones de ley que sirvieran para regular nuevos criterios sociales así como implantar la operatividad necesaria para implementar una renta básica que debe ajustarse según los ingresos de los beneficiarios. Es decir, habrá casos en los que la renta básica ciudadana se abonará íntegramente a quienes no perciban ningún tipo de ingreso, mientras que en otros casos será parcial, una especie de suplemento a los ingresos que perciban sea por subsidio de desempleo, pensiones no contributivas u otras ayudas sociales que no alcancen el mínimo de 600 euros. El objetivo pretendido por el nuevo Gobierno es que "nadie en las Islas ingrese menos de 600 euros al mes".
El umbral de pobreza, es decir, ese nivel de ingresos mensuales por debajo del cual el ciudadano cae dentro de la población pobre, se eleva en Canarias a los 609 euros, por lo que la renta ciudadana serviría para garantizar esa cantidad mínima de ingresos a todos los isleños.
Sea como fuere, de momento solo se conoce la intención de establecer esta renta ciudadana, pero nada ha trascendido de la fórmula económica sobre la que pivotará el mecanismo que permita contar con unos 300 millones de euros anuales para dedicarlos exclusivamente a esta medida social sin que afecte al techo de gasto y los controles que desde Europa ha impuesto a España para que controle el déficit de las comunidades autónomas.
Las fuentes de la Consejería de Hacienda señalan que "todas las medidas de las cuales se pretenda detraer recursos tienen unos efectos y depende de las decisiones de cada Gobierno". Si se decide que se reduzca el presupuesto de inversiones ha de saberse que Canarias afrontará una época sin inversiones, ya sea para carreteras, Sanidad o Educación, entre otros capítulos. Pero si se escoge incrementar en 300 millones más los cerca de 8.000 millones de presupuesto con los que cuenta la Comunidad Autónoma de Canarias al año como consecuencia de un impuesto finalista directo, primero habría que analizar si Canarias tiene competencias a nivel tributario más allá de los recursos del REF. El nuevo Gobierno también podría considerar la idea de subir un punto de los recursos del REF para destinarlo a la renta ciudadana. Si lo que se tocan son los impuestos, cabe la posibilidad de que se aumente la tributación por el impuesto de donaciones y sucesiones, eliminar las bonificaciones fiscales, que supondría contar con cerca de unos 400 millones de euros, o subir el IGIC en al menos un punto.
No obstante, implantar la renta básica ciudadana no será una cuestión de hoy para mañana por mucha urgencia que pretenda imprimirle el cuatripartito y no solo por las cuestiones y trabas administrativas que deben resolverse antes. Primero hay que conocer la cifra de perceptores que se beneficiarían de esta ayuda, cuál sería el alcance y a cuantas de ellas se destinaría la totalidad de la renta básica, cuantas personas tendrían derecho a una parte de la ayuda y, lo que puede ser más complicado es que debe actualizarse mes tras mes porque la situación de los beneficiarios puede cambiar porque sus condiciones económicas cambien. Lo segundo que hay que tener en cuenta es, con los datos anteriores, cuántos fondos se necesitan para cubrir la totalidad de las rentas. Conociendo esos dos factores, lo siguiente es decidir si los recursos económicos necesarios para la implantación de la ayuda deben obtenerse de nuevos ingresos que pretende ingresar la Comunidad Autónoma aumentando la presión fiscal o planteando nuevos impuestos, porque del sistema de financiación del Estado, tal y como está diseñado no tiene previsiones de aumentar la financiación en unos 300 millones para el año 2020.
El sistema de financiación autonómico del Estado supone para Canarias alrededor de un 60% de sus ingresos y hasta que no se produzca una reforma del propio sistema, lo que a marchas forzadas no se produciría antes de un año y medio o dos años como mínimo, no habrá incremento en la financiación, en caso de que esta aumente porque no tiene por qué producirse un incremento en los ingresos.
Para el hasta ahora viceconsejero de Hacienda en funciones del Gobierno de Canarias, Javier Armas, "el Gobierno de Canarias no había tomado la decisión de implantar una renta de este tipo porque los recursos son limitados y si no se obtienen nuevas fuentes de ingresos, se corre el riesgo de proponer medidas que pueden ser una aventura, pero que no se podrían aplicar por falta de recursos". Armas señala que una mayor presión fiscal de carácter permanente, donde se prevé a largo plazo lo que se va a recaudar teniendo en cuenta que deben ser recursos además con carácter finalista es como único se podría salvar el techo de gasto establecido para las administraciones públicas.
Armas subraya que "si el nuevo Gobierno no quita fondos de un capítulo para ponerlo en una nueva ficha con la que sostener la renta de ciudadanía, cualquier modificación fiscal que pudiera entrar en vigor exnovo, cualquier modificación de la fiscalidad ya vigente así como los sistemas de aplicación para implementar las ayudas a los miles de canarios que podrían ser beneficiarios de las mismas no lleva menos de dos a tres años".
