El avance del PSOE deja en mínimos el poder institucional de Coalición Canaria. Ayer caían los últimos bastiones nacionalistas y lo hacían merced a pactos de los socialistas a derecha e izquierda: en el Cabildo de Tenerife con Ciudadanos y Podemos y en La Palma con el Partido Popular. En esta estrategia de desalojo todo el arco parlamentario ha jugado un papel.

Los nacionalistas lograron ganar el 26 M en cinco de las siete islas, aumentaron en escaños en el Parlamento regional y en números de votos. Pese a ello dejan desde mañana mismo el Gobierno autonómico después de 26 años y tras frustrarse las posibilidades de un acuerdo con los partidos de centroderecha; no repiten por sendas censuras en los cabildos de Tenerife y Fuerteventura; pierden El Hierro y Lanzarote y los ayuntamientos de dos de las cuatro mayores ciudades de las Islas donde seguían siendo las listas más votadas: Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. En uno y otro caso también por alianzas con fuerzas situadas a ambos lados de la ideología que marca el partido del puño y la rosa -Cs y Podemos- y con las que, curiosamente, no logra encontrar el entendimiento en la política estatal.

En Fuerteventura el pacto fue con Podemos y Nueva Canarias; en Lanzarote el apoyo de los populares a la presidencia socialistas a cambio del ayuntamiento de Arrecife impidió una censura liderada por Pedro San Ginés (CC) y en El Hierro el PSOE supo aprovechar la falta de entendimiento de AHI-CC y su escisión (Agrupación de Electores) para mantenerse en el sillón de cabecera sin esfuerzo alguno.

Ayer el asalto al cabildo tinerfeño se producía un día después de que CC y el PP firmaran un pacto para gobernar la isla de forma conjunta. Las consejeras Marián Franquet (PSOE), Berta Pérez (PSOE) y Concepción Rivero (Cs) presentaban en el registro de la institución insular el documento que les permitirá sacar al nacionalistas Carlos Alonso de la presidencia. En diez días habrá de convocarse el pleno que vote la moción.

El PP sí se mantuvo aquí firme con las directrices dadas por el presidente nacional, Pablo Casado, y acordadas con Fernando Clavijo hace una semana en una reunión en el Congreso de los Diputados. No ocurrió lo mismo en La Palma. Tampoco siguieron las órdenes emanadas de Madrid los dos consejeros de Cs en la corporación tinerfeña. Estos debían, tal y como les recordaron el martes a través de un comunicado, mantenerse en la oposición.

Respecto a la línea roja de no llegar a acuerdos con Podemos, Enrique Arriaga y ConcepciónRivero entienden que no se la han saltado porque la prohibición "es para formar gobierno" y la formación morada no integrará el Ejecutivo y solo dará su apoyo externo a la corporación. "Han sido lo suficientemente generosos para comprender que es necesario un cambio en las políticas de Tenerife y han respetado las líneas programáticas de nuestro partido". Rivero sostiene que el acuerdo es "una buena noticia para la Isla".

Sin embargo, la formación naranja informó ayer de que ha abierto un expediente disciplinario con suspensión cautelar de militancia a sus dos afiliados y consejeros electos ante "el incumplimiento de las directrices de los órganos ejecutivos de la formación, ya que su actuación podría infringir la normativa disciplinaria interna", de acuerdo a los principios y valores del partido.

Tanto Arriaga como a su compañera de partido ya tenían por la tarde la notificación oficial del expediente y aunque anuncian que presentarán las alegaciones pertinentes también reconocen que la operación para desbancar a Alonso comenzó a orquestarse casi desde el primer momento.

Arriaga sostiene que su partido había autorizado que presentaran junto al PSOE y el PP una moción contra Carlos Alonso. Sin embargo, la negativa de la dirección nacional del PP a que el partido la apoyara y la posterior integración de los populares en el gobierno junto a CC -en un acuerdo al que ambas formaciones querían que también se sumara Cs- "no nos dejó más remedio que presentarla de inmediato, porque no se puede dejar a la Isla sin funcionar".

El modus operandi en ese cabildo ha sido pues el mismo que siguieron sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde entregaron la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández, y conformaron con el PSOE un gobierno con el apoyo externo de Podemos. Una decisión que también ha acabado con la expulsión de los dos ediles -Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano- , tal y como les comunicó el pasado martes la Comisión de Régimen Disciplinario del partido naranja.

En La Palma la operación de desalojo capitaneada por el PSOE se cierra con la cesión de la presidencia -ocupada desde el 24 de junio por Nieves Lady Barreto, quien lideraba la lista más votada- a los populares. La formación política con menos consejeros (6) dispondrá del bastón de mando, gracias al apoyo de los siete representantes socialistas.

CC, que lograra en las urnas ocho consejeros, no ha podido desde el 26 de mayo cerrar un acuerdo con el PP que estaba prácticamente hecho el día en que los firmantes del que denominan Pacto de las Flores - Ángel Victor Torres (PSOE), Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Podemos) y Casimiro Curbelo (ASG)- liquidaban cualquier posibilidad de que los nacionalista se mantuvieran en el Gobierno. Sin ataduras en lo regional el PP insular decidió seguir su senda.