Ciudadanos ha tenido un rol protagonista durante el desalojo de Coalición Canaria de varios órganos de poder del Archipiélago. Sus idas y vueltas en la negociación con los nacionalistas para intentar conformar un ejecutivo regional de centroderecha no fueron los únicos movimientos en falso que dio la franquicia política que lidera Albert Rivera en las Islas. La imputación de Fernando Clavijo en el caso Grúas y, más tarde, una directriz de alto rango que les impedía cerrar un pacto con una formación nacionalista fueron las excusas a las que se agarró Cs para evitar aparecer en la fotografía que se había posicionado como alternativa al denominado pacto de progreso. Ni siquiera en el instante en el que el exalcalde de La Laguna decidió dar un paso al costado para favorecer otras fórmulas de gobierno -instante en el que se manejaron las presidencias de Asier Antona y María Australia Navarro-, Ciudadanos fue capaz de levantar el veto a CC.

"Creo a Clavijo cuando asegura que es inocente; nos sentaremos a hablar". Esta frase, incluida en una entrevista a Vidina Espino que publicó El Día el 28 de mayo de 2019, abría la posibilidad a un entendimiento entre CC y Cs que nunca fue más allá de las buenas palabras.

Espino, secretaria de comunicación de Ciudadanos en Canarias y candidata a la presidencia regional, fue la que más se acercó a una posible alianza con los nacionalistas. Los pequeños avances que se dieron en distintas fases de la negociación fueron cortocicuitados de raíz desde Madrid, pero su predisposición a ser una opción al proyecto liderado por Ángel Víctor Torres fue real. Las comunicaciones entre Canarias y Madrid fueron siempre el lastre principal -un día no se logró contacto con Albert Rivera para trasladarle una información clave- de unas negociaciones en las que el PP canario también remó en contra de los intereses que ambicionaba Clavijo, en la primera parte de las conversaciones, y más adelante a través de José Miguel Barragán (CC-PNC).

Con los contactos a gran escala en punto muerto la atención se trasladó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Patricia Hernández, candidata del PSC-PSOE, pulió un acuerdo con Cs que incluía el apoyo externo de Unidas Podemos. Bermúdez, que había mejorado los resultados de 2015, contraatacó con una propuesta en la que finalmente no estaban ni el PP ni Cs. Durante la madrugada anterior al pleno constituyente hubo una negociación encaminada a retener la Alcaldía en manos nacionalistas, pero los dos ediles de Ciudadanos, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, votaron a favor de Hernández (PSC-PSOE) desoyendo así las órdenes de sus superiores. Vidina Espino calificó lo ocurrido de "Tamayazo" -transfugismo de dos parlamentarios del PSOE en la Asamblea de Madrid en 2003-, pero todo se resolvió entregando la concejalía de Promoción Económica a Zambudio y la de Urbanismo e Infraestructuras a Lazcano. Ciudadanos expulsó a los dos concejales, pero ese expediente todavía no está cerrado.

Cs calcó en el Cabildo de Tenerife la estrategia que favoreció el primer gobierno socialista de la democracia en el consistorio santacrucero, aunque con diferentes actores. En este caso, los consejeros Enrique Arriaga y Concepción Rivero no pusieron reparos a la hora de firmar una moción a tres bandas en la que estaban las rúbricas de las tres representantes de Sí Podemos Canarias. Alonso confesó en rueda de prensa que Arriaga le dijo por la mañana que no apoyaría ningún movimiento en su contra, pero lo cierto es que el documento fue sellado al mediodía del 10 de julio en la oficina de registro del Cabildo. Cs reaccionó expedientando a los dos socios de Pedro Martín (PSOE).