10 de julio de 2019
10.07.2019

Rodríguez defiende el gasto social del superávit

10.07.2019 | 01:46
Rodríguez defiende el gasto social del superávit

El nuevo Gobierno regional tendrá que retomar el debate con el Estado por la inversión del superávit en el punto que lo ha dejado el Ejecutivo de Fernando Clavijo. El próximo vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, es firme defensor de cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para que los fondos del superávit se puedan destinar a los servicios públicos esenciales, algo que actualmente no permite el Ministerio de Hacienda, que sólo autoriza a que las comunidades lo utilicen para inversiones financieramente sostenibles. El líder de Nueva Canarias coincide en este asunto con CC, lo que motivó una fuerte confrontación entre el Gobierno canario y el estatal en los últimos meses.

Sin embargo, el escenario actual no invita al optimismo ante la parálisis en la que se encuentra la política estatal y la posibilidad de que se tengan que repetir las elecciones generales, si Sánchez no es investido por el Congreso por la falta de mayoría suficiente. El procedimiento para modificar la ley tiene que pactarse entre las comunidades autónomas y el Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después llevarse al Congreso. La falta de respuesta del Ejecutivo socialista provocó que el Gobierno canario aprobará en los últimos compases de la legislatura destinar hasta 300 millones de euros del superávit a los servicios públicos, es decir, sanidad, educación y políticas sociales, algo que fue criticado por el PSOE canario pero no tanto por NC.

Román Rodríguez defendió ayer el cambio de la ley que condiciona que el superávit no se pueda aplicar sino en inversiones financieramente sostenibles, a las que calificó de "tediosas y complejas". Por ello advirtió que "pelearemos con la fuerza que tenemos para que las Cortes Generales modifiquen esa ley". En marzo el Ministerio de Hacienda hizo público que el superávit generado por la Comunidad Autónoma en 2018 fue de 947 millones, el más elevado de las regiones españolas. Sin embargo, el Ejecutivo regional saliente discrepó de esta cantidad ya que el Estado estaba incluyendo los 500 millones de euros procedentes de las sentencias del Supremo sobre el convenio de carreteras.

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