La jefa de Contabilidad no tuvo constancia de la existencia de un aval que respondiera a un posible impago del préstamo de 120.000 euros que el Ayuntamiento de La Laguna autorizó para salvar la complicada situación económica en la que se encontraba la empresa Autogrúas Poli, concesionaria del servicio de grúas en el municipio. Marta Rodrigo, jefa de este departamento económico desde 2010, declaró ayer en calidad de testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, María Celia Blanco, en el marco de la investigación del denominado caso Grúas.

Rodrigo señaló: "No hice apunte contable alguno que hiciera que la fianza quedara sujeta a la restitución del préstamo" y "nadie del servicio de Contabilidad hizo modificaciones" al respecto. Según explicó, en esta área económica del ayuntamiento "no se tenía conocimiento de que si se producía el impago del préstamo se respondería con la garantía de los bienes inmuebles hipotecados que se intitularon como fianza del servicio.

Añadió que "en el área municipal de Contabilidad había una confrontación porque la fianza no coincidía con el aval, con una diferencia de unos 4.000 euros en favor del aval que ascendía a 184.000 euros, mientras que la fianza del servicio era de 178.000 euros.

"Perdían sus casas"

Según señalaron fuentes jurídicas personadas en la causa, "en el caso de que se hubiera retirado el servicio de grúas por incumplir el pliego de condiciones de la concesión, entre ellas las deudas con la Seguridad Social que tenía la empresa y que en 2014 ascendían a más de 300.000 euros, los nuevos dueños -que fueron trabajadores por cuenta ajena del anterior concesionario- habrían perdido sus casas, que pusieron como fianza".

En la jornada de ayer, además de Marta Rodrigo, estaba citada a declarar también en calidad de testigo la asesora jurídica María Isabel Cubas. Esta afirmó que se le pidió "un informe genérico sobre un cambio de aval", aunque reconoció que "no tenía el expediente de este asunto delante".

Según dijo la jurista, en caso de impago del préstamo "las cantidades podían ser incautadas", aunque la mayor parte correspondía a bienes inmuebles con hipoteca. Cubas también declaró que "cuando se modifica el número de socios de una mercantil, debe modificarse también la garantía inicial", cuestión que, según relataron las fuentes, tampoco se realizó en los años siguientes de gestión del servicio a pesar de que la empresa, que comenzó a operar con 16 conductores de grúa, acabó con nueve.