La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en funciones, Cristina Valido, señaló ayer que espera que el nuevo Gobierno regional cumpla con los plazos que exigían en la oposición para poder sacar adelante la renta canaria de inclusión, según dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
"Cuando oigo hablar de la puesta en marcha de la Renta de Ciudadanía como algo urgente, como si no se hubiera hecho nada, quiero varias cuestiones", dijo para explicar que, en primer lugar, la mesa de concertación social compartió estudios "muy profundos" con los sindicatos y las patronales para la aplicación inmediata de un periodo de transición a la renta canaria de inclusión que incluía "determinados cambios sustanciales".
Valido hizo especial hincapié en que uno de estos cambios ya está en marcha, lo que ha supuesto que más de 140 familias con menores a su cargo y sin recursos no hayan tenido que salir de lo que hoy se llama Prestación Canaria de Inserción (PCI) y que tenía un límite de 24 meses.
"Por lo tanto, el camino hacia la renta canaria de inclusión ya está iniciado -dijo- y ya hay familias que se benefician de las primeras modificaciones".
Agregó que en la mesa de concertación social se pactó también la compatibilidad con salarios precarios; o el suspenso del cobro si se conseguía un contrato por un breve periodo de tiempo, de tal manera que el mismo se pudiera rescatar sin tener que tramitarlo todo de nuevo y la gente no abandonara ese contrato por no complicarse.
De igual modo, explicó que se acordaron medidas para que cuando un menor de una familia sin recursos cumpliera 18 años no dejara de percibir la prestación si se mantenía estudiando. También se incorporó que no se descontaran las pensiones de alimentos en el caso de familias con los progenitores separados, las ayudas de dependencia o cualquier otra ayuda que no eleve los ingresos.
