Canarias mantiene abierta una amplia cuestión de temas pendientes de que se desbloquee la situación política nacional y se conforme cuanto antes un Gobierno central que los aborde. Uno de ellos lleva coleando desde hace justo un año y afecta de forma directa a la financiación de la Comunidad Autónoma, aunque desde la Consejería de Hacienda, ahora en funciones, se asegura que no está incidiendo sobre la ejecución presupuestaria ni a la cobertura de los servicios públicos esenciales como sí ocurre en otras comunidades. En concreto, Canarias sigue sin recibir las cantidades que le calculó el Estado para el 2019 y que no pudo transferir el rechazo al proyecto de presupuestos eleborado por Pedro Sánchez y la consiguiente prórroga de las cuentas estatales del 2018.
El Ejecutivo regional cifra en 223 millones la diferencia entre las entregas a cuenta asignadas por el Estado en julio de 2018 para este año (4.556 millones), y la cantidad que finalmente percibirá (4.333 millones) en aplicación de la prórroga, lo que ha provocado un desajuste por ese valor entre lo presupuestado por el Gobierno regional para el 2019 y lo que realmente tiene en sus arcas. Es una de las consecuencias del bloqueo político estatal y que no está claro en este momento que se despeje con el anuncio, realizado ayer, de la sesión de investidura del próximo día 22 a la que se someterá Sánchez sin tener por ahora apalabrados los apoyos que necesita para superarla. La sombra de unas posibles nuevas elecciones en noviembre pone más incertidumbre aún sobre aspectos fundamentales de la financiación regional, entre ellos la propia reforma del sistema pendiente desde el 2014.
El proyecto presupuestario del actual Ejecutivo de Sánchez proponía una transferencia extra a las comunidades autónomas de casi 5.000 millones porque el Ministerio de Hacienda, que dirige en funciones María Jesús Montero, no ha encontrado el marco legal para hacerlo sin necesidad de aprobar nuevas cuentas.
Esta situación está provocando serios problemas a determinadas comunidades autónomas, cuyos gobiernos llevan reclamando desde principios de año una solución porque está afectando a sus servicios esenciales. Los 105.281 millones previstos por el Estado para el conjunto de las autonomías para el 2019, frente a los algo más de 100.000 que percibieron el año pasado, llevó a muchas de ellas a proyectar mejoras en las prestaciones sanitarias y educativas, así como en los sistemas de servicios sociales, ámbitos a los que se destina la financiación regional en cada uno de los presupuestos anuales.
Muchas comunidades han hecho llegar su preocupación al Montero por los ajustes que va a producir hasta el punto de que en algunas se están teniendo problemas de tesorería, por lo que piden que se arbitre alguna fórmula alternativa. La ministra intentó sacar un decreto para hacer posibles esa transferencia extra, pero los servicios jurídicos del Ministerio advirtieron de su posible ilegalidad, lo que ha dejado el problema en la agenda del nuevo Gobierno, que quizá no pueda actuar hasta que a finales de año presente una nueva ley de presupuestos. Eso, claro está, siempre que Sánchez logre la investidura antes de otoño y consiga formar gabinete.
La consejería canaria de Hacienda, de la que ya ha causado baja Rosa Dávila como titular de la misma al formar parte de la nueva Mesa del Parlamento de Canarias, asegura que la situación no es especialmente grave para las arcas isleñas al tener un situación financiera de superávit con el que compensar ese desajuste de 223 millones en las entregas a cuenta. "Que las entregas nos estén llegando fraccionadas o a final de año, a nosotros desde el punto de vista técnico no nos causa mayor problema, pero sí que no nos llegue durante el presente ejercicio", aclara el viceconsejero de Hacienda en funciones, Javier Armas. "Canarias no está teniendo problema de liquidez porque nuestro escenario presupuestario está elaborado con un superávit , con ingresos superiores al gasto, y lo que haremos será amortizar menos deuda pero tenemos superávit para amortiguar estos 223 millones de diferencia en las entregas a cuenta", resalta.
Armas considera que el Gobierno central no ha presentado ninguna propuesta sobre cómo afrontar esta situación y pronostica "problemas importantes entre las comunidades autónomas y el Estado" sobre todo en los territorios con problemas de tesorería y liquidez y que pueden verse obligados a aplicar recortes. "Van a tener un problema de aquí a final de año muy delicado", insiste el viceconsejero en funciones, quien advierte que "se necesita una modificación legislativa" que de momento no es posible hasta que haya un Gobierno central con todas sus funciones operativas.
