Victoria Rosell, magistrada en excedencia y actual diputada nacional de Podemos por Las Palmas, mantuvo ayer que el juez Salvador Alba, suspendido de sus funciones, buscó en "las alfombras y por las esquinas" irregularidades cometidas por ella desde que aterrizó en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. "Como no las encontró, se las inventó", aseveró. Para la magistrada, el objetivo de Alba siempre fue perjudicarla en el plano político, en el profesional y en el personal y beneficiar, a su vez, al exministro José Manuel Soria (PP) para impulsar la querella que éste presentó ante el Tribunal Supremo (TS) en su contra por un supuesto retardo malicioso en la investigación abierta al empresario Miguel Ángel Ramírez y a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) por un presunto delito fiscal en el juzgado de la que era titular. Las acusaciones contra Rosell, tanto en la vía disciplinaria como en la penal, se archivaron, pero impidió a la jueza volver a concurrir a las elecciones de junio de 2016.

Apenas hubo tiempo para el respiro en la segunda jornada de la vista oral contra Alba, a quien la Fiscalía acusa de haber cometido cuatro delitos -prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos- al entender que el magistrado, que tomó posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 en sustitución de Rosell tras pedir ésta la excedencia voluntaria para concurrir a las elecciones de diciembre de 2015, pautó el 16 de marzo de 2016, en una reunión extraoficial con Ramírez en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, una declaración posterior para que el investigado por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social aflorase vínculos comerciales y empresariales entre SIC y Canarias Ahora, periódico digital dirigido por Carlos Sosa, pareja de Rosell. Además del Ministerio?Público, representado por Vicente Garrido, están personadas en la causa como acusaciones Sosa y Podemos, como acciones populares, y la propia Rosell como acusación popular en calidad de víctima.

La diputada relató ante el tribunal presidido por José Félix Mota que Alba es una persona que le causa "mucho dolor y mucho temor". La campaña en su contra que atribuye al juez encausado le ha provocado, indicó, daños psíquicos, físicos, morales y profesionales "de entidad", además de un daño económico por, entre otras razones, frustrarse su carrera política, pues tuvo que pagar un alquiler en Madrid durante más tiempo del que permaneció como diputada para cumplir con el contrato de arrendamiento.

Rosell defendió en todo momento su actuación en la instrucción de la causa en la que inicialmente estaba investigado Ramírez y SIC por un delito fiscal y negó cualquier tipo de retardo.?La magistrado expuso que para imponer una fianza era necesario conocer primero la cantidad defraudada, por lo que dependía de que la Agencia Estatal y la Seguridad Social remitiese los informes liquidatorios. El último, apuntó, se unió en agosto de 2015. Igualmente, y en contra de la tesis mantenida por Alba, afirmó que dio trámite al pendrive que contenía información relativa a SIC.?Eso sí, apuntó, al igual que ya había hecho por la mañana la fiscal?de Delitos Económicos Evangelina Ríos, que su contenido no era trascendente.

En todo momento la diputada de Podemos rechazó que existieran vinculaciones empresariales entre su pareja y Ramírez. Hizo hincapié, a su vez, en que en ningún momento vulneró el deber de abstención.?Tampoco cuando Clan de Medios, editora de Canarias Ahora, firmó un contrato de arrendamiento de una frecuencia de radio con la Unión Deportiva Las Palmas el 28 de octubre de 2015 porque ella había pedido desde el día 15 de ese mismo mes la excedencia voluntaria, que también se hizo efectiva días antes de la fecha de la suscripción del contrato. Negó, a su vez, que tuviera acceso a la grabación que hizo Ramírez de su encuentro extraoficial con?Alba por otro medio que no fuera el judicial.

Durante su comparecencia, Rosell también comparó a Alba con el comisario Villarejo y puso de manifiesto el "pánico" que le provoca, más aún cuando supo que intercambió correos con Francisco Arnau de la Nuez, condenado por homicidio, para, según denuncia, perjudicarla.