CC mantiene intacta su posición en relación con la enquistada investidura de Pedro Sánchez, que rechazará si el candidato socialista acaba pactado con Unidas Podemos o recibiendo la abstención cómplice de los independentistas catalanes o Bildu, y sigue desligando por completo su actuación en el Congreso de la situación política en Canarias. Pese al inminente cambio político por su desalojo del Ejecutivo canario y la conformación de uno nuevo presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, el guión de la formación nacionalista sigue con aparente firmeza en espera de que se despeje el horizonte de la legislatura estatal para perfilar su estrategia en Madrid.
Sus dos diputadas en el Congreso, Ana Oramas y Guadalupe González Taño, creen que el papel que pueden jugar dependerá por completo del tipo de alianzas parlamentarias y de Gobierno por el que se decante Sánchez, y consideran que esos dos escaños pueden ser decisivos si, superado el bloqueo actual y el riesgo de nuevas elecciones, el líder socialista acaba gobernando en minoría y gestionando la legislatura mediante la geometría variable de acuerdos puntuales a izquierda y derecha. "Con un Gobierno en minoría, el PSOE tendrá que hablar con nosotras los jueves en las votaciones de los decretos y los proyectos de ley, y en las comisiones que nos correspondan como representantes del grupo Mixto", asegura Oramas.
CC insiste en que no le van a afectar los cambios en las Islas, y que seguirá "defendiendo los intereses de Canarias coincidamos o no con lo que haga el nuevo Gobierno regional". Cree que las nuevas relaciones entre Canarias y el Estado no fijarán en absoluto sus propuestas y su estrategia en las Cortes, y que no harán política en Madrid mirando permanentemente lo que pase en el Parlamento canario. Oramas recuerda en este sentido que en el año de gobierno de Sánchez en la anterior legislatura, ella apoyó prácticamente todos los decretos que el Consejo de Ministros envió al Congreso, salvo los Presupuestos y el techo de gasto para el 2019, pese al enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo central y el de Clavijo "por los incumplimientos presupuestarios".
Pero lo cierto es que la formación canaria vive una situación inédita en su historia que se ve obligada a gestionar con la vista puesta en el horizonte y decidir una estrategia de medio y largo plazo una vez arranque la legislatura. Desde que se fundó en 1993, esta será la primera vez que su actuación en Madrid no estarán respaldadas por un Gobierno del mismo signo político en Canarias. Tras su fulgurante entrada en el Congreso después de las elecciones de ese año en las que consiguió cuatro escaños, ya con Manuel Hermoso como presidente tras la moción de censura que apartó al socialista Jerónimo Saavedra, CC siempre tuvo detrás el aliento del Ejecutivo regional.
Ese respaldo se ha dado principalmente en términos políticos en una clara unidad de acción estratégica, pero también en el ámbito técnico y logístico recibiendo todo tipo de apoyo desde las consejerías para la presentación de enmiendas a los diferentes textos legislativos, con especial incidencia en los que afectaban a Canarias y sobre todo en la negociación de los presupuestos del Estado. Pero más allá de eso, queda por despejar cuál será el nuevo posicionamiento, que en todo caso dependerá del devenir político y de las aritméticas parlamentarias que se vayan dando.
Los nacionalistas canarios de CC buscan ahora, si consiguen estabilizarse las situaciones políticas en Canarias y en el Estado y se acaba formado gobierno en cada uno de los ámbitos, un objetivo político a medio plazo sobre el que pivotar una estrategia que dé sentido a su posición en el Congreso y sobre la que no hay un claro posicionamiento inicial. Como elemento complementario a la nueva situación de CC cabe destacar que la formación se queda ahora sin una figura política de referencia, al menos hasta que no se despeje el futuro de Fernando Clavijo. Solo Oramas se mantiene como el personaje más relevante y de mayor presencia pública.
Los casos de PNV y CiU
Sea como fuere, CC tiene como ejemplo para gestionar esta situación la que vivieron el PNV y CiU, los dos partidos que los nacionalistas canarios siempre han tomado como referencia en su quehacer parlamentario y en sus relaciones con Madrid (en el caso de los exconvergentes hasta que, en 2012, se decantaron por el soberanismo), y que también se vieron desalojados de los gobiernos del País Vasco y Cataluña, respectivamente, durante una etapa tras muchos años en el poder. En ambos casos, nacionalistas vascos y catalanes acompasaron su estrategia en el Congreso a la situación en sus respectivos territorios.
En el caso del PNV, el partido liderado políticamente entonces por Juan José Ibarretxe perdió el gobierno por primera vez desde la aprobación del Estatuto de Guernica, por el pacto entre el PP y el PSOE que convirtió en lehendakari al socialista Patxi López. El pacto constitucionalista en el País Vasco irritó sobremanera al partido jetxale, cuyos únicos cinco diputados en el Congreso en esos momentos contribuyeron sin embargo a dar estabilidad al segundo Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero (2008-2011) gracias a acuerdos presupuestarios alcanzados in extremis y siempre con sustanciosas medidas económicas para la comunidad vasca.
En el caso catalán, CiU vivió una etapa de siete años de presencia en el Congreso sin controlar paralelamente la Generalitat de Cataluña entre 2003 y 2010 durante los gobiernos tripartidos (PSC, ERC e ICV) presididos por los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla. Hasta entonces, siempre había gobernado bajo el mando de Jordi Pujol, poder que recuperó en 2010 para no volver a perderlo hasta la fecha en distintas formulaciones de gobierno y con varios presidentes.
En esos años, CiU se mantuvo inicialmente en el Congreso como firme aliado del PP de José María Aznar pese a la mayoría absoluta conservadora en las elecciones de 2000, apoyándole con sus 15 diputados en la investidura, pero acabó rechazando los presupuestos del año 2004.
Sus 10 parlamentarios logrados tanto en 2004 como en 2008 se abstuvieron luego en sendas investiduras de Zapatero, si bien hubo colaboración asidua aun cuando que toda la relación estuvo condicionada hasta 2010 por las negociaciones del Estatut.
