El arranque del juicio a Salvador Alba, magistrado suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), arrancó ayer en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ante una enorme expectación por el cruce de acusaciones entre jueces, abogados y empresarios para destapar supuestas intrigas judiciales y empresariales en el Archipiélago. El encausado, al que el Ministerio Fiscal atribuye cuatro delitos -prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos- por maniobrar en contra de la también jueza Victoria Rosell con el objetivo de dañar su carrera política y judicial, mantuvo durante el interrogatorio que se le encendieron "todas las bombillas" cuando descubrió que en la contabilidad de Seguridad Integral Canaria (SIC) figuraba un apunte de 2007 en el que aparecía una Visa oro a nombre de Canarias Ahora, medio del que es director Carlos Sosa, pareja de Rosell. "Sospeché absolutamente de todo", afirmó. Ramírez, que compareció en calidad de testigo, negó con rotundidad que existiera una tarjeta de crédito a nombre del citado medio de comunicación.

Alba, después de que Rosell pidiera la excedencia voluntaria para concurrir a las elecciones de 2015 como cabeza de lista de Podemos por Las Palmas, tomó posesión el 3 de noviembre de 2015 en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde desde 2014 se investigaba a Ramírez, entonces vinculado a?SIC, y contra la propia compañía de seguridad por un supuesto delito fiscal. La Fiscalía pide diez años de cárcel contra Alba al entender que mercadeó con?Ramírez en una reunión extraoficial mantenida el 16 de marzo de 2016 en su despacho de la Sección?Sexta de la Audiencia Provincial al orientar una posterior declaración del investigado para aflorar presuntos vínculos comerciales entre Sosa y él a cambio de archivar la causa.

La vista oral arrancó a las nueve de la mañana y se prolongó, con varios recesos de por medio, hasta cerca de las siete y media de la tarde. Además del Ministerio Fiscal, representado por Vicente Garrido, están personadas en la causa abierta contra Alba la propia Victoria Rosell como acusación particular y Carlos Sosa y Podemos como acción popular. La Sala, presidida por José Félix Mota, permitió al encausado permanecer en el estrado junto a sus dos abogados por actuar como parte de su propia defensa.

El magistrado suspendido en sus funciones, que solo respondió a las preguntas de la Fiscalía y de sus abogados, aseguró que el encuentro extraoficial en su despacho que grabó Ramírez sin su consentimiento ni conocimiento partió por iniciativa de Sergio Armario, letrado de SIC y de Héctor de Armas en la causa abierta en el Juzgado número ocho. Alba indicó que la frecuencia con la que Armario acudía al juzgado a solicitar el sobreseimiento del proceso le llegó a resultar "incómoda" tanto a la fiscal de Delitos Económicos que presentó la querella contra Ramírez, Evangelina Ríos, como a él. Afirmó, a su vez, que fue Armario quien le contó que existían contratos que evidenciaban relaciones empresariales entre Sosa y el también presidente de la Unión?Deportiva Las Palmas. Relató, a su vez, que Armario le dijo que su cliente quería tener un encuentro con él para aportarle toda la documentación al respecto en las propias oficinas de SIC, algo que rechazó "visiblemente molesto". La reunión se mantuvo finalmente en el su despacho y el magistrado encausado señaló que siempre pensó que sería De Armas el que acudiría a la cita, acordada el mismo 16 de marzo por la mañana, según su relato.?En ese momento, esgrimió, fue cuando Armario le comunica que asistirá Ramírez.

Durante esa entrevista extraoficial, Alba sostuvo que fue Ramírez y no él quién sugería las preguntas que debía realizar en las citación que fijó para una semana después. El magistrado recalcó que las grabaciones de Ramírez están manipuladas y que nunca tuvo intención de archivar la causa abierta al empresario. El juez incidió, asimismo, en que las revelaciones que le hizo Ramírez en ese encuentro le parecieron graves, porque, entre otras cuestiones, le dijo que había comprado acciones de una empresa de Sosa. "Claro que tenía interés en saber sobre eso. Era el instructor y no podía mirar para otro lado. Si se acreditaba que era socio de la pareja de la juez, todo era un disparate", enfatizó. Alba, cuando entendió que existían indicios de un supuesto vínculo comercial entre Sosa y Ramírez, no optó por abrir una pieza separada o ampliar el objeto de la investigación abierta porque prefirió, según apuntó, ser?"prudente" e informar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la actuación de Rosell en la instrucción del caso. El envío de ese informe coincidió con la presentación de una querella del exministro José Manuel Soria (PP) ante el Tribunal Supremo contra Rosell para acusarla de retrasar de forma maliciosa la investigación abierta a Ramírez. Las acusaciones contra ella se archivaron, tanto en la vía penal como en la disciplinaria, pero impidió a Rosell presentarse a las elecciones de junio de 2016.