Las plantillas de la Administración autonómica de Canarias se han recuperado ya de los estragos de la crisis económica y los recortes. La Comunidad Autónoma no solo tiene más trabajadores que antes de la irrupción de la gran recesión, sino que cuenta con el mayor número de efectivos de su historia. Eso sí, el aumento del personal se ha sustentado sobre todo en la incorporación de funcionarios interinos y personal laboral temporal, cuyo peso sobre el total del personal roza el 42%, debido a las restricciones a las que ha estado sometida la convocatoria de procesos selectivos.
La Administración autonómica tenía en nómina en enero de este año a 62.120 personas, 775 más que en el mismo mes de 2018, según los últimos datos que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido al Gobierno regional. La mayor parte de esta plantilla corresponde a los trabajadores de la enseñanza no universitaria -tanto docentes como no docentes-, que ascienden a 28.159, y a los de la sanidad -sanitarios y no sanitarios-, que se cifran en 24.265. En las consejerías del Ejecutivo canario y sus organismos autónomos están empleadas 6.892 personas, mientras que en la Administración de Justicia desempeñan su labor 2.707 trabajadores y en la Policía Canaria están encuadrados 97.
Desde que, a comienzos de este siglo, se completó el grueso de las transferencias de competencias desde el Estado a las comunidades autónomas, el mayor volumen de empleados públicos de la Administración canaria -funcionarios y personal laboral- se había registrado en 2011. Entonces la plantilla la conformaban 61.963 efectivos. El primer zarpazo al empleo público se produjo en 2013, cuando el personal cayó en casi 2.000 personas en relación al año anterior. El ejercicio 2017 marcó el inicio de la recuperación, que ha proseguido hasta la cifra récord contabilizada en el comienzo de este año.
El caso de Canarias no es único. Ya hay once comunidades autónomas que disponen de más personal que nunca. La situación de las plantillas autonómicas es muy distinta a la del Estado, que ha adelgazado hasta los niveles más bajos de toda la etapa democrática: 507.830 trabajadores.
De los 62.120 efectivos que integran la plantilla de la Comunidad Autónoma, 25.989 son funcionarios interinos o laborales temporales y otros cien son eventuales (personal de confianza). Todos ellos representan el 42% del volumen global de trabajadores, aunque los índices de temporalidad varían de forma significativa entre unos sectores de la Administración y otros. Así, en las consejerías y organismos autónomos hay un 28% de empleados que no cuentan con plaza fija, la menor proporción de todos los ámbitos administrativos. Por su parte, la Justicia cuenta con casi un 40% de interinidad -39,4%, en concreto-, mientras que los índices se disparan en las áreas docente (51,2%) y sanitaria (46,2%).
La inestabilidad en el empleo público ha crecido sin parar desde que el Gobierno central empezó a poner límites a la convocatoria de nuevas plazas. Ahora, tras flexibilizarse esas restricciones, el panorama ha empezado a cambiar.
En el ámbito de la sanidad se ha terminado de resolver la oferta pública de empleo (OPE) convocada en 2007, mientras que en 2019 se han celebrado pruebas en las especialidades de matrona, enfermería y fisioterapia, correspondientes a una nueva OPE que acumula plazas pendientes de los cuatro últimos años. Además, el Servicio Canario de Salud (SCS) prepara un proceso para administrativos y auxiliares.
En la docencia, los límites impuestos por el Ministerio de Hacienda comenzaron a relajarse en 2015, cuando se pudo reponer un 50% de las vacantes derivadas de jubilaciones o fallecimientos, y desaparecieron por completo en 2018, cuando se permitió cubrir el 100%. Desde entonces se han celebrado dos procesos selectivos (Secundaria y cuerpo de maestros).
En la Administración general, y tras muchos años sin oposiciones, se han registrado más de 29.000 solicitudes para hacerse con alguna de las 422 plazas convocadas en diferentes cuerpos y escalas correspondiente a las OPE de 2015, 2016 y 2017. Algunos de los exámenes ya han tenido lugar, pero no los de los cuerpos con más plazas: administrativos (57 plazas de acceso libre) y auxiliar (48). De hecho, el elevado volumen de inscripciones -11.000 para administrativos y 13.000 para auxiliares, aunque en gran parte se trate de las mismas personas- y las dificultades para gestionarlo han obligado a la Dirección General de Función Pública del Gobierno canario a ampliar el plazo máximo para resolver el procedimiento, que fue convocado hace ya 14 meses y que podría alargarse todavía algunos más.
La sucesión de procesos selectivos no obedece solo a la intención de rebajar las cada vez más abultadas tasas de interinidad que sufren las plantillas de las instituciones públicas, sino también a la necesidad de rejuvenecer una administración afectada por el envejecimiento producto de los años sin convocatorias de oposiciones. La elevada edad media del personal aboca a jubilaciones en masa durante los próximos años y obliga a facilitar el relevo.
Además de los 62.120 trabajadores de la Administración autonómica -62.149, casi treinta más, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, puesto que hay pequeñas diferencias entre los datos publicados por el Ministerio y los recogidos por el Gobierno regional de fuentes ministeriales-, Canarias dispone de 23.413 trabajadores de la Administración estatal, 29.828 de la local y 4.848 de las universidades, hasta sumar un total de 120.238 efectivos.
las cifras
775 Es el aumento que ha experimentado el número de trabajadores al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma entre enero de 2018 y el mismo mes de este año.
25.989 Es la cifra de funcionarios interinos y de personal laboral temporal que forman parte de la Administración autonómica, el 42% del total de la plantilla.
51,2% Es la tasa de temporalidad en el ámbito de la enseñanza no universitaria en el Archipiélago. La proporción en el personal no docente (60,2%) es muy superior a la que se registra en el profesorado (40%).
507.830 Es la cifra de empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado en España, la más baja desde que el país recuperó la democracia.
