El PSOE se plantea modificar su estrategia inicial de que no haya cruce de cargos en el futuro Gobierno para reforzar su presencia en las áreas de Economía y Hacienda. Una parte importante de la estructura del Gobierno cambiará de forma sustancial con respecto a la configuración actual para adaptarla a las peticiones y exigencias de los partidos que forman parte del pacto, sobre todo en las competencias económicas y fiscales; las políticas sociales, además de turismo e industria, que son las principales áreas que demandan Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), respectivamente.

Distintas fuentes y dirigentes socialistas admiten que no se descarta que haya cruces en diferentes consejerías del futuro Ejecutivo pero que se intentará que sean limitadas. Una de las claves está en la ?Consejería de Economía y Hacienda, ahora separada pero que NC aspira a unir de nuevo junto a la Vicepresidencia del Ejecutivo. La resistencia en el partido a dejar toda el área en manos de los nacionalistas llevará a negociar también el resto de cargos, es decir, viceconsejerías, direcciones generales, organismos autónomos y empresas públicas dependientes de la Consejería.

Los dirigentes de NC sí son más partidarios de que en el Gobierno haya cargos cruzados de las diferentes formaciones en departamentos distintos. De esta forma, los nacionalistas aspiran a colocar a personas de su confianza en políticas sociales aunque la titularidad sea de Podemos o en Sanidad, aunque la asuma el PSOE. Aún no está claro que Educación sea para la formación que preside Román Rodríguez ya que, según los socialistas, sería dar excesivo poder a NC. Pero los nacionalistas sí pedirán también contar con algún cargo en las políticas educativas.

Tampoco hay que olvidar que ASG ha pedido, además de la Consejería de Turismo junto a Industria y Comercio, puestos intermedios en otros departamentos como puertos canarios, Gesplan, Visocan o presupuestos y planificación.

Ante este escenario, los partidos negocian la nueva estructura, que deberá adaptarse a la nueva realidad, además de la nomenclatura que recibirán las consejerías para, a continuación, ir encajando el engranaje y repartir los puestos. Tras la reunión del miércoles de los cuatro líderes de los partidos en el Parlamento, hoy tienen previsto verse en Gran Canaria para continuar, si bien todo apunta a que las negociaciones continuarán durante el fin de semana hasta el lunes o martes para llegar a la apertura solemne de la X Legislatura con la estructura consensuada.

Si finalmente Román Rodríguez asume parte o toda el área económica y fiscal, la intención de los socialistas es introducir cargos de su confianza en diferentes departamentos que dependen de Economía y Hacienda como es el caso de la Agencia Tributaria Canaria, un organismo llamado a ser pieza esencial en la política tributaria de la Comunidad Autónoma con más personal, más fondos y nuevas instalaciones.

Tanto el secretario general del PSOE y candidato presidencial, Ángel Víctor Torres, como el secretario de Organización, Jorge González, admitieron ayer en varias emisoras de radio que habrán algunos cruces en el organigrama del futuro Ejecutivo y que las negociaciones se mantendrán al menos hasta el lunes para limar asperezas y encajar la estructura, aunque también esperan que haya cesiones de unos y de otros para alcanzar un acuerdo.

Ayer se reunieron también en el Parlamento los equipos negociadores de los cuatro partidos para avanzar en el programa de gobierno que se presentará en los próximos días. El martes finalizará el plazo para que los grupos parlamentarios designen a sus presidentes y portavoces y el cuatripartito espera tener para entonces cerrada la estructura para entrar en los nombres de los titulares de las distintas consejerías.

Los militantes del PSC-PSOE deben aceptar el pacto regional en votación antes de la sesión de investidura

El PSOE tiene que realizar una consulta a los militantes sobre el pacto regional y también el del Cabildo de Gran Canaria. Los estatutos del partido reflejan que la política de pactos tiene que someterse a la consideración de la militancia, además que contar con el visto bueno de los órganos directivos. En el caso del acuerdo de la Comunidad Autónoma el máximo competente es la dirección federal de Ferraz.

En el caso del pacto regional, la consulta debe realizarse antes del debate de investidura para que Ángel Víctor Torres sea elegido presidente del Gobierno. Esta situación supone que en los próximos días la Ejecutiva regional del PSOE tendrá que autorizar la consulta, con el fin de que las asambleas locales informen a los militantes y fijar una fecha común, de tal forma que en el mismo día voten todos los militantes de Canarias sobre la aceptación del acuerdo para la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma.

Un escenario similar se presenta en el Cabildo de Gran Canaria. Las negociaciones entre NC y el PSOE siguen pendientes de definir el reparto de áreas. Una vez que se alcance el acuerdo, antes de firmarlo la Ejecutiva insular tiene que organizar la consulta y fijar el día para que los afiliados voten.

Una situación similar se vivió recientemente antes de la constitución de los ayuntamientos en aquellos donde el PSOE participó en pactos. En esa ocasión los militantes votaron en las asambleas locales que se fueron convocando antes de la constitución de las corporaciones municipales. No hubo sorpresas y los afiliados validaron los pactos a los que se había llegado, aunque algunos de ellos se frustraron a última hora. Un ejemplo sintomático fue el de Telde, en el que la militancia votó a favor del acuerdo que daba a Alejandro Ramos la Alcaldía y apenas dos días después el pacto de frustró y el líder local socialista se quedó en la oposición.

En el caso de que el pleno de la investidura se convoque para la semana del 8 al 12 de julio la próxima semana tendrían que reunirse los órganos del partido para organizar la consulta el próximo fin de semana o a principios de la siguiente, lo que después deberá ser refrendado por Ferraz.

Los militantes socialistas asisten con expectación a las negociaciones del pacto progresista, por el cual el PSOE alcanzará el poder autonómico 26 años después.