Los empresarios canarios se muestran prudentes ante el aumento de la presión fiscal que han avanzado los partidos firmantes del nuevo pacto de Gobierno en la comunidad autónoma, pero no esconden su inquietud ante una medida que, a su juicio, puede provocar efectos no buscados, en especial la pérdida de competitividad de la economía de la región y la destrucción de puestos de trabajo.

En la línea de lo manifestado el pasado viernes por el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, quien advirtió de que subir impuestos no contribuirá a generar "un entorno amigable para la creación de empleo y riqueza", las organizaciones empresariales coincidieron ayer -pese a diferencias de matiz- en apostar por mejorar la gestión de los recursos públicos y su eficiencia antes que por aplicar alzas fiscales que pueden ser contraproducentes.

El segundo de a bordo de Francisco, Eduardo Bezares, expresa su escepticismo ante la posibilidad de que la que puede ser la medida estrella de la nueva política impositiva -la creación de una tasa sobre las pernoctaciones turísticas, que PSOE, NC, Podemos y ASG se han comprometido a estudiar- llegue a tomar forma. "Nos parece un error y, además, es imposible de conseguir si se desea hacer, como se plantea, de la mano del sector, puesto que este ya se ha manifestado claramente en contra", argumenta el secretario general de la CEOE de la provincia occidental.

En este y otros proyectos fiscales -como la aplicación de tributos medioambientales encuadrados en la lucha contra el cambio climático-, la patronal es partidaria de una máxima: "Evitar o, en su caso, ser muy quirúrgicos a la hora de modificar el marco fiscal actual para no impactar negativamente en la competitividad de las empresas y generar más desempleo".

Tampoco ve con buenos ojos la CEOE la eliminación de algunas de las deducciones fiscales puestas en marcha en esta legislatura. En su lugar, propone "trabajar en la eficiencia de los recursos ya financiados con impuestos". "Es notable -observa Bezares- la diferencia de productividad entre el sector público y el privado. Drenar recursos de esos modelos privados ya eficientes para camuflar la ineficiencia de los recursos públicos no es una medida acertada".

"Pérdida de competitividad y, desde luego, menos empleo", resume José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), cuando se le pregunta por los posibles efectos adversos de una subida de impuestos. "Todo esto termina afectando a las decisiones de las empresas", apunta el dirigente de la patronal de la provincia de Las Palmas.

En concreto, la perspectiva de gravar con una tasa a los establecimientos alojativos se antoja una medida inoportuna para la CCE. "Nuestro sector exterior, básicamente el turismo, se empieza a debilitar. Los destinos competidores se recuperan y mercados referentes para Canarias, como Alemania, tienen crecimientos muy bajos. Si encima le aplicamos nuevos impuestos, es echar más leña al fuego", avisa García, que tiene claro que la creación de este tributo supone "hacer lo contrario de lo que se debe hacer".

Según el secretario general de la confederación empresarial, elevar la presión fiscal puede tener resultados opuestos a los que se buscan. "Si aplicas medidas que llevan a una mayor destrucción de empleo, al final tienes menos recaudación y más problemas sociales". En este punto, José Cristóbal García se inclina también por mejorar la gestión de las políticas sociales que ya se desarrollan, afectadas ahora por una baja ejecución y una escasamente eficiencia en el gasto, sostiene.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, conviene esperar a que las intenciones plasmadas en el denominado Acuerdo para un gobierno de progreso y de cambio para Canarias se concreten en anuncios de medidas concretas antes de exponer una postura concluyente. No obstante, Sesé recomienda "mucha prudencia" y "analizar y estudiar cualquier medida que se vaya a tomar", puesto que "pueden generar efectos no deseados", así como consultar "en todo momento" a los agentes económicos.

La entidad cameral reclama desde hace años -sin demasiado eco- un "análisis integral de la fiscalidad" en Canarias, que entiende debe ser un requisito ineludible antes de pasar a la acción. También echa de menos "autocrítica". "Debemos plantearnos si somos eficientes a la hora de aplicar los recursos o si podemos mejorar". Para el presidente de la Cámara, los indicios hacen pensar que hay un camino por recorrer para progresar en eficiencia y que "habría que empezar por ahí".

En el caso de la tasa turística, Sesé anima a preguntarse si el momento actual es el idóneo para introducirla. "¿Se dan las condiciones? Eso es lo primero que debemos saber. En mi opinión, no", reflexiona el presidente de la Cámara, que confía en el compromiso de los firmantes del acuerdo de vincular el impuesto a la conformidad del sector.

"Tenemos que medir muy bien. y, sobre todo, tener en cuenta que en economía todo influye en todo. Sería fatal que se tomaran medidas y subiera el desempleo", afirma Santiago Sesé. La falta de análisis y diagnóstico es, para el dirigente empresarial, un problema habitual en la política económica, guiada en muchas veces por las "intuiciones".

También el presidente de la patronal de los concesionarios e importadores de vehículos (Fredica), Rafael Pombriego, considera necesario esperar a que las intenciones tomen forma antes de dar la voz de alerta. Sin embargo, confiesa su "preocupación porque se plantee como fundamental un incremento de la presión fiscal". En su sector, el del automóvil, cree incluso que sería "suicida". Otra cosa sería que los nuevos impuestos sustituyesen algunos de los ya vigentes, pero sospecha que "los tiros van por aumentar sin tino" las cargas tributarias.

Pero la inquietud de Pombriego va más allá del ámbito empresarial. El presidente de Fredica opina que subir impuestos "sería nefasto para la economía" y advierte: "Las cuentas no solo tienen que cuadrar para la administración, sino también para la sociedad". Un alza fiscal, añade, detraería recursos a los ciudadanos. "Restar capacidad adquisitiva en una región con salarios en general bajos es un retroceso", concluye.