Un total de 3.300 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se desplegarán por distintos puntos de Canarias entre el 1 de julio y el 31 de agosto para reforzar la vigilancia durante las semanas más concurridas del verano. El Archipiélago es así una de las nueve comunidades autónomas que el Ministerio del Interior ha incluido en la operación Verano 2019, que en total movilizará a 40.000 agentes. Entre los principales objetivos de esta macrooperación está blindar la seguridad en zonas de gran actividad turística, y entran aquí desde puertos, hoteles y estaciones hasta playas, campings y otros lugares de esparcimiento.
La Secretaría de Estado de Seguridad ha plasmado en la Instrucción 9/2019, a la que ha tenido acceso este diario, los detalles de una estrategia que se pondrá en práctica en Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Madrid, Murcia y Canarias. En la Instrucción del organismo que dirige en funciones Ana María Botella, que ya ha sido enviada a la Delegación del Gobierno en las Islas, no se especifica el número de agentes que participarán en el dispositivo en el Archipiélago, pero fuentes de Interior han adelantado que la operación "va a implicar a más de 3.300 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Canarias". Desde el Ministerio que timonea Fernando Grande-Marlaska, ahora también en funciones, avanzaron que serán 1.600 policías nacionales y 1.700 guardias civiles los que se encargarán de cumplir la misión en la comunidad autónoma.
Los objetivos generales del dispositivo son incrementar la seguridad en las zonas turísticas, "minimizando tanto los riesgos asociados a la delincuencia común como los que representa la amenaza del terrorismo yihadista"; mejorar la atención a las potenciales víctimas de delitos; y transmitir mayor sensación de seguridad a turistas y residentes. Para ello se llevarán a cabo en los dos próximos meses más controles en carreteras, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas y campings. Se reforzarán las medidas de seguridad en espectáculos y acontecimientos de gran afluencia de público, como, por ejemplo, partidos de fútbol; se redoblarán esfuerzos para interceptar información que pudiera ayudar a prevenir actos terroristas; se fortalecerá la labor de investigación de las unidades de Policía Judicial; y se agilizarán los trámites que conlleva presentar una denuncia, "acortando los tiempos de espera", o lo que es lo mismo, se limpiará el proceso de burocracia.
En el caso de Canarias, habrá presencia policial fija en todos los lugares de alta concentración de turistas, como las comarcas del sur de Tenerife y Gran Canaria o los litorales de Lanzarote y Fuerteventura, y habrá también contacto policial permanente con los directores, gerentes o responsables de hoteles, apartamentos, campings y demás establecimientos de hostelería, especialmente los de mayor dimensión. Además, los turistas extranjeros podrán identificarse ante los agentes durante los 62 días de la operación únicamente con la fotocopia compulsada del pasaporte, lo que les permitirá dejar la documentación oficial a buen recaudo en el hotel o el apartamento y evitar así las molestias de la pérdida o el robo. Y con ello se evitará también la sobrecarga de las oficinas policiales.
En lo relacionado con la amenaza terrorista, en los servicios de Información y las unidades de Seguridad Ciudadana "se extremará el celo en la obtención de información cuyo análisis pueda conducir a la detección de un potencial ataque". "En las zonas turísticas se adoptarán planes operativos especiales encaminados a neutralizar este tipo de amenaza de acuerdo con lo previsto para el actual nivel de activación del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista", reza la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad. El NAA, esto es, el nivel de alerta antiterrorista, está actualmente en el cuatro (riesgo alto).
Al margen de reforzar las plantillas de las unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil más directamente implicadas en el dispositivo, para incrementar así "el personal uniformado en funciones preventivas", Interior también ha dado la orden de "limitar en lo posible" el disfrute de los permisos reglamentarios durante los 62 días que permanecerá activa la misión. Particularmente en el caso de los altos mandos de las unidades vitales para el buen desarrollo de la operación, como los servicios de Información o los de Seguridad Ciudadana.
El despliegue especial de esos más de 3.000 agentes obligará también a estrechar la colaboración y coordinación con las policías locales y autonómica. La idea es celebrar reuniones ad hoc para que no se produzcan duplicidades, en definitiva para que allí donde la presencia de los agentes estatales garantice la seguridad no se desplacen policías del municipio o del cuerpo autonómico, que podrán centrar así sus esfuerzos en otros puntos.
La Delegación del Gobierno en Canarias y las dos subdelegaciones provinciales son las encargadas de "asegurar" y "supervisar" la puesta en marcha y el desarrollo de la operación en las Islas. Asimismo, y en el caso de que sea necesario organizar un dispositivo especial para la lucha antiterrorista, la Delegación y las subdelegaciones deberán preparar junto con los ayuntamientos, los cabildos y el Ejecutivo regional los equipos "conjuntos o complementarios" que permitan aprovechar las capacidades de los distintos cuerpos de seguridad y garantizar el éxito del dispositivo.
