La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) reconoció ayer la "gravedad" de la situación del partido en Canarias y de la propia actuación de sus dos concejales en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, cuyos votos dieron la alcaldía a la socialista Patricia Hernández en contra de lo ordenado por sus dirigentes regionales para que se abstuvieran o se votaran a sí mismos y permitieran de esta forma la investidura de José Manuel Bermúdez, de CC. La cúpula estatal de la formación naranja evita por el momento calificar la actuación de sus concejales rebeldes en la capital tinerfeña, así cómo secundar la acusación de "tamayazo" , "compra de votos" y posible comisión de un delito de cohecho que ha lanzado sobre ellos la diputada regional electa y secretaria de Comunicación de Cs en las Islas, Vidina Espejo.
La portavoz de la Comisión Ejecutiva de Cs y diputada nacional Inés Arrimadas, aseguró ayer tras una reunión de este órgano estatal que "lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife es muy grave" y que el partido ha iniciado a través de la Comisión de Garantías un proceso de "recopilación de toda la información" que analizará y determinará las consecuencias tanto en el ámbito disciplinario, como en el político. "La Comisión de Garantías, que es un órgano externo a la Ejecutiva, ya está viendo a ver qué pasa en ese caso, se ha iniciado un proceso de recopilación de información para ver si hay que tomar medidas disciplinarias y las consecuencias que se pueden derivar", afirmó Arrimadas en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión del núcleo duro del partido que lidera Albert Ribera.
Arrimadas, en posteriores explicaciones, reconoció que personalmente no conoce los detalles de las acusaciones que se han cruzado los distintos implicados en la crisis de la corporación tinerfeña, pero sí admitía que la situación requería de una investigación a fondo de las razones por las que sus concejales habían actuado por libre. De esta forma, rechazaba implícitamente que ese voto a favor de la candidata socialista, que dio a ésta el bastón de mando municipal tras tres década de gobiernos de CC, estuviera determinado por la dirección nacional del partido, o que respondiera a directrices desde Madrid, tal como han señalado Zumbido y Lazcano.
Los dos representantes de Cs en el consistorio capitalino aseguraban ayer que en la investidura de Patricia Hernández como nueva alcaldesa siguieron las directrices nacionales de la formación que pasan por "no pactar con partidos que incluyan imputados en sus listas, con Podemos o partidos nacionalistas, y en todo caso, buscar acuerdos con el PP como socio preferente allá donde se pueda y, de forma excepcional, con el PSOE". En un comunicado, Zambudio comenta que durante la campaña electoral Ciudadanos "abanderó la regeneración" de las instituciones públicas y en el caso del Ayuntamiento, "gobernado por un partido nacionalista desde hace 40 años con un imputado en sus listas" .En ese sentido, apunta que han sido "coherentes" y han cumplido con su palabra, "votando regeneración con la única alternativa posible, el PSOE".
Asimismo, ha dicho que el resto de los partidos políticos que defendieron la "regeneración de las instituciones" pueden sumarse en cualquier momento al acuerdo "siempre y cuando sea desde el exterior, como ha sido el caso de Unidas Podemos". "Nuestra hoja de ruta será cumplir con nuestro programa electoral y dotar a Santa Cruz del modelo de ciudad del que ha carecido durante décadas", señala. La edil señala también que no le consta la apertura de ningún expediente disciplinario ni ningún registro de entrada, y espera que la situación se aclare en los próximos días. "Y en el caso de que la dirección del partido inicie el mismo, acreditaremos nuestra actuación en el momento oportuno, aportando todas las pruebas que estimemos pertinentes", subraya.
Sin embargo, Arrimadas fue muy taxativa en este punto, insistiendo una y otra vez en que todo lo sucedido en la capital tinerfeña se someterá a investigación interna. Tras asegurar que no le constaba que se hubiera producido al menos a primera hora de la tarde la dimisión del secretario de Organización de Cs en Canarias, Juan Amigó, la portavoz nacional del partido sí admitía que la investigación que se va a abrir le afectará en la medida que hacia él apuntan las acusaciones por parte de Espejo sobre lo ocurrido en el consistorio de Santa Cruz de Tenerife. Arrimadas habló de "grave crisis interna" y de la necesidad de esclarecer la indisciplina de sus ediles, verificar si las acusaciones de Espejo son ciertas y analizar y decidir la posibles consecuencias.
Arrimadas también se refirió a los vaivenes negociadores entre las distintas fuerzas políticas canarias para tratar de alcanzar un acuerdo de Gobierno entre varias de ellas, señalando en este sentido que tras, el fracaso de las rondas de uno y otro signo lideradas por el PSOE y por CC, "todo está abierto en estos momentos". La dirigente catalana eludió pronunciarse sobre el posicionamiento que tiene en estos momentos Cs como posible socio de un pacto con los socialistas y la izquierda (NC, Podemos y ASG), o una acuerdo de centro-derecha con CC y el PP y la necesaria suma también de la formación gomera que lidera Casimiro Curbelo. "Como en muchas otras comunidades autónomas, estamos con la estrategia que definimos al principio de este proceso de negociaciones. Serán los criterios dados por la Ejecutiva los que se seguirán para ver qué pasa en todas las autonomías que están por definir sus gobiernos", se limitó a señalar. Luego añadió en conversación informal con los periodistas que Cs "hizo un planteamiento que no ha prosperado", en referencia a la necesaria salida de Fernando Clavijo de cualquier gobierno en el que esté CC, "y ahora todas las opciones están abiertas", sin descartar, y sin explicar, la incorporación del partido naranja a un pacto de la izquierda.
