Los testigos del Caso Grúas, que mantiene investigado al presidente regional, Fernando Clavijo, al alcalde lagunero, José Alberto Díaz y al portavoz de CC en este ayuntamiento, Antonio Pérez Godiño, terminarán de pasar ante la jueza del Juzgado Número 2 de Aguere los próximos 8 y 9 de julio.
El pasado martes, fue el turno para los primeros llamados a declarar, que responsabilizaron en su inmensa mayoría a la exjefa de Seguridad del consistorio, Rosario Hernández, y a Alejandro cordero, uno de los interventores de la concesión de las grúas tras su rescate.
Una de las que culpó a la exjefa fue la funcionaria Rosa María Paz, en línea con lo dicho el lunes por el secretario general de Presidencia del Gobierno, Ceferino Marrero, y el exresponsable del área de Hacienda, Estanislao González.
Los testigos niegan que recibieran presiones u órdenes para declinar los informes de los expedientes, con lo que no habría tráfico de influencias. Además, y al no caducar la concesión, tampoco habría prevaricación ni malversación por el préstamo municipal.
Los que han pasado durante esta semana responsabilizan a la exjefa de Seguridad y a un interventor
Frente a lo que propuso en un informe de 2013, Marrero afirmó que no se plantearon caducar la concesión del servicio y convocar un nuevo concurso, entre otras cosas porque la empresa debía estar reequilibrada para hacer esa operación. Así se lo explicó a la fiscal Anticorrupción, María Farnés, ya que pensaba que, así, ninguna empresa acudiría a ese eventual concurso.
Los investigados, tras levantar los reparos de Intervención, decidieron conceder un crédito de 120.000 euros para que la compañía afrontara sus deudas y le prorrogaron la concesión por 25 años más. La carga de responsabilidad en estos funcionarios está en línea con lo sostenido por Clavijo y Díaz.
