La ampliación de la denuncia presentada por Fernando Bañolas, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo grancanario, contra el vicepresidente de la Corporación, Ángel Víctor Torres, incorpora un presunto delito de prevaricación. En la denuncia se aportan documentación interna del Cabildo sobre fraccionamientos ilegales de contratos de servicios a 11 empresas por 800.000 euros en el Instituto Insular de Deportes entre 2015 y 2019. Intervención interpuso 180 reparos que Torres levantó.
Bañolas había denunciado en los Juzgados en abril al consejero insular de Deportes y candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno canario al entender que es el responsable de un presunto delito de malversación de caudales públicos en el uso del pabellón Gran Canaria Arena y sus anexos, lo que ha generado un "agujero" de más de 660.000 euros en las arcas de la Corporación insular. El dirigente nacionalista había advertido que estaba preparando una ampliación de la querella por irregularidades en la gestión del Instituto Insular de Deportes (IID), añadiendo a la malversación el presunto delito de prevaricación.
En la exposición de la denuncia se detallan los informes desfavorables emitidos por el interventor delegado del IID a diferentes contratos por reconocimiento de obligaciones a las empresas Adeinca Informaciones, Asesoramiento Técnico de Eventos, Autobuses Hernández, Carlos A. Medina Díaz, Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales (Effico), En-Formate Canarias, Firecom ?Formación, Orlando Santana García, Producción Integral de Eventos, Top Time Eventos y UTE Servicios Deportivos CID.
Límites
En todos los reparos el interventor advierte que durante el ejercicio anual se abonaron por el mismo concepto, al mismo proveedor y sin tramitación previa, facturas que superaban el límite previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, fraccionando el objeto del contrato. Sin embargo, todas las pegas fueron resueltas con la orden de levantar las suspensiones y el abono de las cantidades.
Con la documentación aportada de los reparos y de los decretos de alzamiento, el texto de la denuncia concluye que se vulnera tanto la ley de contratos públicos como las directivas relacionadas con los contratos menores que celebran las administraciones públicas y que tienen límites tanto de cantidades como de duración. "El IID ha podido fraccionar los contratos para eludir, mediante la utilización de contratos menores, las normas de publicidad y concurrencia", recoge el texto de la denuncia. De esta forma el Instituto Insular de Deportes ha estado firmando contratos menores "que se renuevan periódicamente con el mismo o similar objeto y con los mismos proveedores de servicios".
Bañolas acusa a Ángel Víctor Torres, como presidente del IID, de fraccionar "ilegalmente" los contratos, motivo por el que se suspendió la tramitación del expediente y el pago de las obligaciones. Por ello y ante los reiterados levantamientos de los reparos, el dirigente nacionalista solicita al Juzgado de Instrucción número 1, que ha abierto diligencias previas por la anterior denuncia de malversación, que investigue si existe un presunto delito de prevaricación administrativa por los contratos fraccionados a estas 11 empresas con la declaración de los directivos del Instituto Insular de Deportes, los expedientes de contratación, la declaración de las empresas beneficiadas por estos contratos menores y la certificación de las cantidades abonadas.
