"Nunca jamás". El exconsejero de Obras Públicas del Ejecutivo regional, Antonio Castro Cordobez, niega haber cobrado alguna vez comisiones ilegales de OHL o de cualquier otra compañía. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha incluido a seis políticos, entre los que se encuentra el que fuera máximo responsable de Obras Públicas del Gobierno canario entre 1996 y 2007 y al expresidente del Puerto de Tenerife, Luis Suárez Trenor, en la causa en la que investiga las presuntas mordidas de OHL a cambio de adjudicaciones en administraciones municipales y autonómicas.
Castro Cordobez expresó ayer su sorpresa por conocer a través de los medios de comunicación esta investigación, una pieza del caso Lezo, porque asegura que no ha recibido aún ninguna comunicación judicial al respecto. Tanto Castro Cordobez como Suárez Trenor y Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP, no han sido llamados a declarar. El auto del juez, del pasado 28 de mayo, solo indica que están siendo investigados "sin perjuicio de proceder a su citación judicial en el momento oportuno".
Ya han prestado declaración varios extrabajadores de la multinacional en una causa que ahora también se dirige contra media docena de personas "que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismos o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL", como Castro Cordobez o Suárez Trenor.
A ellos se suman el exdirector de la extinta Giasa (actual Agencia de Obra Pública de Andalucía) Abelardo Genaro Moya (PSOE); el exdirector de la Autoridad Portuaria de Melilla José Luis Almazán (PP) y el exdirector del Puerto de Cádiz Albino Pardo Rodríguez, que han sido citados a declarar los días 12 y 13 de junio en la Audiencia Nacional.?También entre los investigados se encuentra el exsubdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento bajo gobierno del PP, Luis Manuel Bruno Romero, que al igual que Castro?Cordobez o Trenor no cuentan con fecha programada para declarar.
Todas estas personas ostentaban cargos públicos cuando se adjudicaron doce contratos de obra con OHL que la Fiscalía Anticorrupción tiene en el punto de mira por la sospecha de que hubiesen mediado comisiones para conseguir los contratos. El más antiguo es de 2001 y el más reciente, de 2013. El juez ha solicitado ya información sobre las obras, por lo que ha requerido información a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife sobre la ampliación de los puertos de La Estaca y Granadilla y a la Consejería de Transportes de Canarias por otro contrato de infraestructuras.
El pasado día 30, García Castellón citó a declarar a Paulino Hernández, un empleado de OHL que grabó conversaciones que, según un informe de la Guardia Civil, revelarían el presunto pago "sistemático" de comisiones ilegales a cambio de obra pública. Este imputado, sobre el que pivota esencialmente esta causa, se acogió finalmente a su derecho a no declarar, alegando que temía entrar en contradicciones al remontarse los hechos a hace 16 años.
Las grabaciones de Hernández fueron encontradas de forma casual en un registro del caso Lezo, en concreto cuando se practicaron entradas y registros en las oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González. El hallazgo dio lugar a la apertura de una nueva pieza y a la elaboración de un informe de la Guardia Civil, que concluye que el importe total pagado por OHL en concepto de presuntas comisiones ascendería a 38,5 millones de euros.
El juez García Castellón también ha pedido un informe a la Agencia Tributaria sobre las cuentas bancarias de Financiera SIA Capital SL, empresa en la que Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, aparece como administrador único, en busca de una transferencia de 718.648 euros procedente de una sociedad luxemburguesa que podría haber estado recibiendo dinero de la filial mexicana de OHL para pagar sobornos a cambio de obra pública. El magistrado busca identificar esa transferencia "realizada por la luxemburguesa Lendir Investments SA el 10 de noviembre de 2010 o en fecha próxima".
