03 de junio de 2019
03.06.2019

La regla de gasto hunde la inversión local pero se pagan más altos cargos

Las plantillas y el gasto improductivo se comen la mayor parte de los presupuestos

03.06.2019 | 05:00
Instante de un pleno del Ayuntamiento de Candelaria.

El control de las finanzas cambia la gestión de las cuentas de los ayuntamientos canarios

Los ayuntamientos canarios cada vez invierten menos en la construcción y mejora de las infraestructuras municipales (vías, aceras, bancos, parques, jardines...). El férreo control de las finanzas para contener el crecimiento de la deuda pública y cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria ha reducido a la mínima expresión el peso de las inversiones en el gasto de los consistorios. Sin embargo, esta merma en las partidas destinadas para las instalaciones y los equipamientos municipales no se ha producido en otros capítulos de gasto, ni mucho menos. De hecho, las corporaciones locales del Archipiélago gastan más en sí mismas, es decir, en sus plantillas y en el mantenimiento de sus estructuras, que cuando la crisis económica ni siquiera había comenzado. Y esto incluye el coste de los cientos de altos cargos (alcaldes, concejales...) y asesores, que también es mayor que cuando ningún político hablaba aún de la necesidad de vigilar el dispendio de muchos ayuntamientos. En definitiva, hoy los consistorios de la Comunidad Autónoma desembolsan más dinero para pagar al personal y para gasto improductivo que antes de que el Ministerio de Hacienda pusiera la lupa sobre sus cuentas. Pero cada vez hay menos dinero para mejorar un camino, asfaltar las calles y las plazas o sustituir los bancos del parque por otros más modernos y ergonómicos. Y, además, no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo, porque la regla de gasto sigue sin dar apenas margen para la inversión.

La crisis estalló en octubre de 2007 con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos. Los de ese y el siguiente ejercicio, 2008, serían los últimos presupuestos del largo período de bonanza. Vendrían después las advertencias de Bruselas sobre la necesidad de bajar la deuda y el déficit y el cada vez más estrecho control de las finanzas públicas, muy especialmente las de los ayuntamientos. Hoy las corporaciones municipales son, en general, las instituciones con las cuentas más saneadas del país, incluidos los consistorios de las Islas. Es más, las entidades locales han estado obligadas a destinar su superávit únicamente para pagar deuda, y es este multimillonario superávit, que se acumula ocioso en los bancos, el que ha permitido a España cumplir los objetivos de estabilidad que le impuso Europa. Pero una cosa es que se haya limitado el uso del superávit (y que esta medida haya hundido las inversiones) y otra muy distinta equiparar este hecho a un mejor o mayor control del gasto. En realidad, ese superávit es el resultado de que los ayuntamientos no sufrieran una caída de ingresos como la que experimentaron el Estado y las comunidades autónomas, y no de una exquisita y generalizada planificación para reducir el gasto corriente.

Los datos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, que depende del Ministerio de Hacienda, son reveladores. En conjunto, las 88 corporaciones municipales de la región gastaron en 2007, cuando nadie imaginaba que el capítulo de las subprime era solo el preludio de una profunda recesión, un total de 2.214,3 millones de euros. Aunque aún no hay datos oficiales de la liquidación de las cuentas del año pasado, los presupuestos de gastos de los 88 ayuntamientos de las Islas para 2018 sumaron 2.285,9 millones, 71,6 millones de euros más que cuando no había ni crisis ni control presupuestario. El desembolso de los consistorios del Archipiélago no cayó por debajo de los 1.900 millones en ningún ejercicio de crisis, ni tampoco ha llegado a 2.300 millones de euros. De hecho, las cifras prácticamente están hoy en los máximos de 2009-2010, cuando a pesar de haber comenzado ya el período de estrecheces presupuestarias los ayuntamientos seguían gastando a espuertas. Otra cosa es lo que ha ocurrido con la distribución y el destino de los dineros.

Las entidades locales reservaron el último ejercicio para los sueldos de los alcaldes, concejales y demás altos cargos casi 1,4 millones más que en 2007. El gasto en personal se ha incrementado desde entonces en 61,5 millones, como también ha subido el gasto corriente, en su caso en la friolera de 193,8 millones de euros. Es decir, el mantenimiento y funcionamiento de la Administración municipal canaria cuestan hoy 255,3 millones más que cuando ni Bruselas ni Madrid habían apretado todavía el cinturón. Las nóminas representaban entonces un 34,3% del total del gasto de los ayuntamientos isleños, y hoy suponen un 36%. El gasto improductivo equivalía al 31,2% y ahora equivale al 38,7%, siete puntos y medio más.

En el otro extremo está la inversión, que es la que verdaderamente se ha desplomado por la imposibilidad de destinar el superávit a todo lo que no sea pagar deuda. Los consistorios de Canarias presupuestaron el ejercicio pasado para inversiones un montante de poco más de 269 millones de euros. En 2007 destinaron 422,8 millones y un año después, 358,9 millones. En otras palabras: los ayuntamientos gastan más que antes del cambio de ciclo económico pero invierten mucho menos. Las inversiones antes eran un 19% del gasto municipal, mientras que hoy apenas son un 11,8%. Así pues, son las inversiones, y no el desembolso global, las víctimas de la regla de gasto y el control presupuestario. Los alcaldes siguen exigiendo mayor flexibilidad.

los datos

2.285,9 millones de euros Total de gastos de los consistorios. Si se cumplen los cálculos de los presupuestos municipales, los 88 ayuntamientos de las Islas gastaron el último ejercicio un montante de prácticamente 2.286 millones de euros, es decir, casi 72 millones más de lo que gastaron en 2007, cuando la crisis económica ni siquiera había estallado y ni Bruselas ni Madrid habían apretado aún el cinturón a los alcaldes. Por ejemplo, los sueldos de los altos cargos cuestan hoy 27,1 millones, 1,4 millones más que entonces.

36,4% Inversiones. Aunque las entidades municipales del Archipiélago ya gastan más que cuando el Ministerio de Hacienda todavía no las vigilaba tan de cerca, las inversiones solo suman 269 millones de euros, cuando en 2007 llegaban a 422,8 millones. El IBI y las plusvalías permitieron que los ingresos de los ayuntamientos no se desplomaran ni en los años más duros de la crisis, como sí les ocurrió al Estado y las autonomías, con lo que el superávit que acumulan no obedece al control escrupuloso de los gastos, sino al mantenimiento e incluso subida de los ingresos. Ocurre, eso sí, que la regla de gasto impide que estos fondos puedan invertirse.

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