El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al exconsejero de Obras Públicas del Gobierno canario,Antonio Castro Cordobéz, de CC, y al expresidente del Puerto de Tenerife Luis Suárez Trenor en la causa en la que investiga las presuntas comisiones ilegales de OHL a cambio de obra pública en administraciones municipales y autonómicas.
Esta causa se investiga en una pieza del caso Lezo y en total el juez ha imputado a seis políticos.
Por el momento, el juez solo ha llamado a declarar a tres de ellos, Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz, y les ha citado el próximo día 13.
Los otros tres investigados, Suárez Trenor, Antonio Castro y Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP, no han sido llamados a declarar.
Respecto a estos últimos, el auto del juez, del pasado 28 de mayo, solo indica que están siendo investigados "sin perjuicio de proceder a su citación judicial en el momento oportuno", según han confirmado a Efe fuentes jurídicas y ha adelantado hoy Vozpópuli.
El pasado día 30, García Castellón citó a declarar a Paulino Hernández, un empleado de OHL que grabó conversaciones que, según un informe de la Guardia Civil, revelarían el presunto pago "sistemático" de comisiones ilegales a cambio de obra pública.
Finalmente, este imputado, sobre el que pivota esencialmente esta causa, se acogió a su derecho a no declarar, alegando que temía entrar en contradicciones al remontarse los hechos a hace 16 años.
Las grabaciones de Hernández fueron encontradas de forma casual en un registro del caso Lezo, en concreto cuando se practicaron entradas y registros en las oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren entre Navalcarnero y Móstoles.
El hallazgo dio lugar a la apertura de una nueva pieza y a la elaboración de un informe de la Guardia Civil, que concluye que el importe total pagado por OHL de 2003 a 2014 en concepto de presuntas comisiones ascendería a 38,5 millones de euros.
Las comisiones tendrían como "presumible objetivo" la consecución de obra pública y la aprobación de modificados o liquidaciones que mejorasen el resultado económico de las obras para OHL.
Dentro de la jerarquía de "consecución del dinero en efectivo, control y reparto de estas cantidades, negociación con los cargos públicos y entrega de las presuntas comisiones" el cargo más destacado sería Martín de Nicolás, "aunque en alguno de los audios se hace referencia a Villar Mir".
Martín Nicolás, que fue consejero delegado y director del departamento de construcción de OHL y que actualmente se encuentra inactivo, fue interrogado por el juez acerca de esas presuntas mordidas para beneficiarse en adjudicaciones de ayuntamientos y autonomías de Madrid, Canarias, Andalucía y Extremadura, y mantuvo que nunca oyó hablar del pago de comisiones
Los hechos investigados serían constitutivos de delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, fraude y blanqueo.
