El auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran?Canaria, Alberto Puebla, que investiga a Ángel Víctor Torres por una presunta malversación de 660.000 euros en el Instituto Insular de Deportes por el alquiler del Gran Canarias Arena, busca toda la información sobre su gestión al frente del IID.

El PSOE de Canarias respaldó ayer sin fisuras a su líder a través de un comunicado tras la información desvelada por EL DÍA. Los socialistas aluden que "en el citado auto no se hace referencia a ningún supuesto delito concreto ni a ninguna persona concreta, por tanto tampoco a Ángel Víctor Torres". Sin embargo, la parte dispositiva de las diligencias previas menciona al presidente del Instituto Insular de Deportes para conocer "si se le comunicó [a él o al director gerente, Alfredo Gonçalves] de la necesidad de iniciar un procedimiento para reclamar lo debido y si se adoptó alguna medida y de cualquier otra circunstancia que permita valorar si se produjo un perjuicio económico". Además, en la portada de las mismas diligencias previas se concreta el presunto delito de malversación.

El comunicado del PSOE hace énfasis en la condición jurídica de Ángel Víctor Torres y niega que esté investigado, a pesar de que así aparece en el encabezado del auto. Justifica que "no existe resolución judicial alguna en la que se acuerde decretar la condición de investigado de Ángel Víctor Torres". La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, que modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que el término investigado "servirá para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito".

Aunque Torres no ha sido citado a declarar en calidad de investigado, como así se concretó en la información publicada ayer por EL DÍA, el auto del juez subraya que las actuaciones que se investigan "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", motivo por el cual ha requerido más documentación al Cabildo de Gran?Canaria.

El PSOE entiende que se trata de "una denuncia política de hechos falsos" a pesar de que el procedimiento ya se encuentra en las diligencias previas. Además, en el comunicado los socialistas se quejan de que el objetivo de la denuncia sea "intoxicar el actual momento político en Canarias", pues Torres se encuentra buscando apoyos para formar gobierno. El auto se remonta al 7 de mayo, antes de las elecciones, mientras que la información se publicó cinco días después de los comicios.

Por último, el PSOE alude a las advertencias de Intervención en 2017 y 2018 a Torres y Gonçalves sobre el supuesto descontrol de los precios públicos. Y en efecto, tal y como responde el PSOE, el Interventor, en sus comunicaciones solo se dirige a Gonçalves, y no a Torres, máximo responsable del Instituto. Sin embargo, Torres estaba al tanto de las anomalías en el IID porque encargó a su gerente un informe específico sobre las advertencias del interventor.

Calificación de investigado

El PSOE niega la condición de investigado de Ángel Víctor Torres y alega que los encabezados de los autos, donde aparece Torres como investigado, no forman parte de las resoluciones judiciales. La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, que modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que el término investigado "servirá para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito". Aunque Torres no ha sido citado a declarar en calidad de investigado, el auto del juez fechado el pasado 7 de mayo de 2019 subraya que las actuaciones que se investigan "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", motivo por el cual requiere más documentación al Cabildo de Gran Canaria.

Referencia a Torres

El PSOE explica en el tercer punto que en el auto no están determinadas la naturaleza ni circunstancias de los hechos denunciados ni las personas que en ellos han intervenido. Y en el cuarto añade que no se hace referencia a ningún supuesto delito concreto ni a ninguna persona concreta, "por tanto tampoco a Ángel Víctor Torres". Sin embargo, el documento con el que se abren las diligencias previas con el número 1848/19 establece que se trata de un presunto caso de malversación. Además, en el auto fechado a 7 de mayo, en la parte dispositiva de las diligencias previas, menciona al presidente del Instituto Insular de Deportes, [Ángel Víctor Torres], y al director gerente, [Alfredo Gonçalves] (ver imagen superior) para conocer si se les comunicó "la necesidad de iniciar un procedimiento para reclamar lo debido".

Denuncia política de hechos falsos

El PSOE insiste en que no hay "ninguna resolución que acuerde la condición de investigado de nadie" y añade que se trata de "una denuncia política de hechos falsos". Sin embargo, el caso ya es mucho más que una denuncia pues el titular del Juzgado de Instrucción número 1 ha abierto las diligencias previas por presunta malversación. Además, el auto detalla que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". En el comunicado los socialistas se quejan de que el objetivo de la denuncia sea "intoxicar el actual momento político en Canarias". El auto se remonta al 7 de mayo, antes de las elecciones, mientras que la información se publicó cinco días después de los comicios regionales.

Advertencias de Intervención

El PSOE alude a las advertencias de Intervención sobre el supuesto "descontrol" de los precios públicos en 2017 y 2018. En la información de ayer se relataba en el último párrafo, textualmente, que "el interventor del IID advirtió a Torres y Gonçalves en dos ocasiones, en 2017 y 2018, sobre el descontrol en los precios por el uso de sus instalaciones para eventos y conciertos de músico". Y en efecto, tal y como responde el PSOE, el Interventor, en sus comunicaciones solo se dirige al Director Gerente, Alfredo Gonçalves, y no a Torres, máximo responsable del Instituto. Sin embargo, Torres estaba al tanto de las anomalías en el Instituto de Deportes porque encargó a su gerente un informe específico sobre las advertencias del interventor acerca de las tarifas por el alquiler del Gran Canaria Arena.