Torres, investigado por una presunta malversación en el Instituto de Deportes

Torres, secretario general de los socialistas canarios y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria en funciones, fue denunciado por Fernando Bañolas, consejero del Cabildo insular. La denuncia a Torres por su condición de presidente del Instituto Insular de Deportes (IID) se debe al uso del pabellón Gran Canaria Arena y sus anexos en la ciudad deportiva de Siete Palmas que ha provocado que la corporación insular presuntamente dejara de ingresar 660.229 euros.

El magistrado Puebla ha abierto diligencias previas ya que considera que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Así, ha solicitado al IID, organismo también investigado, documentación que certifique "el número de eventos celebrados por el Gran Canaria Arena desde su inauguración, cantidades efectivamente abonadas, las cantidades dejadas de abonar, y si hay cantidades para cuya reclamación estaría prescrito el derecho de crédito del Instituto Insular de Deportes". El auto, con fecha de 13 de mayo de 2019, añade que "en este último caso infórmese, por quien corresponda, si se comunicó al Presidente o Director-Gerente de la necesidad de iniciar un procedimiento para reclamar lo debido y si se adoptó alguna medida y de cualquier otra circunstancia que permita valorar si se produjo un perjuicio económico".

Este auto llegó esta misma semana al Cabildo, que prepara una respuesta. El líder socialista confía en aclarar las dudas del juez con la documentación que enviará la corporación y así no ser llamado a declarar. Torres entiende que aunque figura como investigado en la documentación del juzgado se debe interpretar que su condición es la de denunciado.

En dos informes del gerente del IID, Alfredo Gonçalves, a petición del propio Ángel Víctor Torres ante las acusaciones de Bañolas en el pleno del pasado 29 de marzo, se recoge que el Cabildo de Gran Canaria ha dejado de ingresar 1,62 millones de euros por el uso de sus instalaciones deportivas de Siete Palmas para conciertos musicales y espectáculos, de los que 960.437 euros corresponden al periodo comprendido entre 2003 y marzo de 2015 y los otros 660.229 euros al mandato del grupo de gobierno actual.

En esta misma documentación se justificaba la exoneración o reducción del pago a los promotores por interés social, por la relevancia internacional de los espectáculos o por un aforo inferior al 50 por ciento de la estimación inicial.

Desde el 2015 el Cabildo de Gran Canaria solo ha ingresado el coste total de ocho de los 88 eventos que habían tenido lugar en el pabellón hasta el momento de la denuncia. Tanto Gonçalves como Torres han defendido que ha sido en este mandato cuando se han empezado a regular los precios por la utilización de esos recintos. El líder socialista ha calificado por lo tanto la denuncia de Bañolas como "política".

En el mismo informe de Gonçalves, fechado a comienzos de abril, se resalta que durante este mandato se han recaudado un total de 330.301 euros, de los que 49.911 euros corresponden a 2015, 80.570 euros a 2016, 59.908 a 2017, 105.251 euros a 2018 y 34.659 a lo que va de 2019.

Intervención

Sin embargo, el interventor del IID advirtió a Torres y Gonçalves en dos ocasiones, en 2017 y 2018, sobre el descontrol en los precios por el uso de sus instalaciones para eventos y conciertos de música. "A esta Intervención no le consta que se haya iniciado expediente alguno por el establecimiento de precios públicos para el uso privativo de las instalaciones de dominio público local de la Ciudad Deportiva de Siete Palmas, por lo que en marzo de 2019 sigue siendo exactamente la misma que en febrero de 2018, cuando se remitió el último escrito", señala textualmente un informe del interventor delegado sobre la cesión de los recintos del Cabildo para espectáculos de pago. La primera advertencia es del 18 de septiembre de 2017 y la segunda del 12 de febrero de 2018.