"Miente". La tensión entre el Gobierno canario y el central alcanza niveles nunca vistos hasta ahora en la legislatura. La última triquiñuela del Ministerio de Fomento para no pagar más de 300 millones del dinero que debe de carreteras ha sacado de sus casillas al Ejecutivo regional. El departamento que dirige el ministro en funciones José Luis Ábalos "miente a la Justicia", asegura el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, que ayer compareció ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno para denunciar, dijo, "el engaño a los canarios".
Y es que el contencioso entre el Gobierno de Canarias y Fomento por el incumplimiento estatal del convenio de 2006-2017, al que dio lugar la crisis, se enreda a medida que la justicia insiste en sus reclamaciones a la Administración central para que cumpla íntegramente las cuatro sentencias del Tribunal Supremo y abone a la Comunidad Autónoma todo el dinero al que se comprometió entonces. La deuda por los recortes y sus correspondientes intereses de demora alcanza los 991 millones. Fomento, ante la presión judicial, ha optado ahora por hacer una reinterpretación del convenio para nuevas obras viarias que firmó en diciembre, en vigor hasta 2025.
El pasado día 8, firmado por la Abogacía del Estado, a un primer requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) para que cumpla con esas sentencias, respondió que en los 1.200 millones comprometidos en el nuevo acuerdo se incluyen ya esos más de 300 que no reconoce como deuda del anterior "por falta de ejecución y justificación". Rodríguez anunció que el Ejecutivo regional se dirigirá a la AN para poner de manifiesto la "mentira" del Ministerio.
"Básicamente aseguran que no hemos firmado un nuevo convenio y que lo que está pagando es la deuda pasada. Es tremendamente grave", recalcó el vicepresidente, que anunció que remitirá a la Audiencia Nacional toda la documentación en poder del Ejecutivo para dejar en evidencia la "mentira" de Fomento. No descartó emprender alguna otra iniciativa judicial que ayer no desveló.
También el presidente canario se mostró sorprendido no solo por la respuesta sino también por la actitud de Fomento. Para Fernando Clavijo, el Ministerio está creando una "cortina de humo" en el contexto de la campaña electoral para tratar de justificar su actitud.
"Hay quien miente y quien dice la verdad", subrayó Clavijo en relación con las diligencias judiciales practicadas para intentar que el Madrid salde la deuda o al menos dé explicaciones de por qué no lo hace. Fomento insiste en este sentido que sólo ha recibido un requerimiento de la Audiencia Nacional fechado el 6 de marzo y que respondió a la misma el pasado 8 de mayo. Sin embargo, ante la falta de respuesta, dos meses después y pese que se le daba de plazo diez días para que contestara, esa misma instancia judicial remitió un segundo requerimiento el día 14. "Luego es falso que lo que dice el Ministerio de que el día 8 de mayo lo cumplió", asegura Clavijo.
Aclaraciones del presidente
El presidente regional aseguró que "fue el 17 de mayo, no el 8, cuando el Ministerio, al segundo requerimiento de la Audiencia Nacional, se ve obligado a responder y lo que dice es que intentaron firmar un acuerdo extrajudicial" para el pago de la deuda que Canarias se negó a aceptar. Al respecto recuerda Clavijo que tanto él como Pablo Rodríguez se negaron a suscribirlo precisamente porque querían "quitar más de 300 millones" que el Supremo reconoce a las Islas "por así estar establecido, firmado y comprometido en el anterior convenio".
Recuerda el dirigente nacionalista y candidato de CC a la Presidencia que "al no alcanzar un acuerdo, se le exigió a Fomento que cumpla la sentencia sin más, que es lo que le exige ahora la Audiencia Nacional, y que "ingrese más de 900 millones que tiene que ingresar" . "Todo lo demás, en un contexto de campaña electoral, es sembrar una cortina de humo", insiste.
Clavijo rechaza de plano que en los 1.200 millones del nuevo convenio Fomento ya se está cumpliendo con la sentencia judicial. "Sólo hay que ir al párrafo exacto del acuerdo en el que dice que no tiene nada que ver con los convenios anteriores y que toda esa cantidad es para obra nueva", explica. También la disposición adicional 143 de la ley de Presupuesto Generales del Estado del 2018 (prorrogados) señala que se autoriza a la Administración del Estado a celebrar un nuevo convenio con Canarias en materia de carreteras para una duración de seis años de ejecución y tres años para su liquidación "con la finalidad" de que la Comunidad Autónoma "pueda acometer actuaciones no imputables a convenios anteriores", estableciendo además que son actuaciones "financiadas" por el Estado.
El propio ministro Ábalos reconoció públicamente tras firmar el nuevo convenio que las inversiones previstas no tenían nada que ver con las del anterior, ni con el desencuentro entre ambas administraciones sobre la deuda a pagar. "Este es un convenio nuevo que refleja la voluntad política de este Gobierno de abrir una nueva etapa con Canarias", afirmó.
