El Ministerio de Fomento reinterpreta el nuevo convenio de carreteras, firmado el 22 de diciembre con una dotación de 1.200 millones de euros, para eludir parte de la deuda contraída con Canarias por las cuantías que dejó de enviar a las Islas para el desarrollo de sus infraestructuras viarias entre 2012 y 2017, cuando aún gobernaba el PP. Tres sentencias del Tribunal Supremo elevan la deuda del Estado con las Islas a 991,6 millones, pero el departamento dirigido en funciones por José Luis Ábalos sostiene ahora que unos 300 de esos millones están ya incluidos en el nuevo acuerdo pese a que el texto del mismo recoge que la financiación pactada es exclusivamente para 69 obras nuevas.
Tras una demanda de ejecución de sentencia presentada por el Gobierno de Canarias a finales de febrero, la Sala de lo?Contencioso-Administrativo se dirigió el 6 de marzo al Ministerio para que cumpla las sentencias del?Tribunal Supremo o explique por qué no las ha ejecutado. Fomento sostiene en su contestación que el convenio actual incluye partidas procedentes del anterior que no han podido ser libradas "por falta de ejecución y justificación" por parte de la Comunidad Autónoma. El texto del convenio, publicado el 27 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), expone, sin embargo, que el nuevo acuerdo se suscribe para "acometer nuevas actuaciones no imputables a convenios anteriores y que tenga programada ejecutar en el periodo 2018-2027". Es más, entre las cláusulas se especifica que Fomento aportará los 1.200 millones para obras y expropiaciones de terrenos necesaria para la ejecución de los proyectos nuevos incluidos en el propio anexo del acuerdo.
La pugna que mantienen Madrid y?Canarias por la deuda del Estado con el Archipiélago en materia de carreteras da así una nueva vuelta de tuerca. El incumplimiento del Estado con Canarias obligó al Gobierno regional a poner dinero de sus arcas a la espera de que llegase el del?Estado. En diciembre el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, suscribió en Madrid el convenio de carreteras vigente. Sobre la mesa dejó sin firmar, en cambio, el acuerdo extrajudicial propuesto por Fomento para saldar la deuda contraída porque no recogía el total del impago. Solo reconocía algo más de 600 millones, de los que 101 correspondían a una adenda del convenio que había expirado para financiar las carreteras en ejecución y unos 500 millones para pagar las obras ejecutadas y justificadas junto con los intereses legales correspondientes.
En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, Fomento defiende que "viene realizando todas las actuaciones a su alcance" para cumplir con las sentencias del Supremo, pero que ha sido el Gobierno canario el que no ha querido firmar esos dos acuerdos.
El Ejecutivo regional apunta a que los fallos del Alto Tribunal obligan al?Estado a abonar a las arcas de la Comunidad Autónoma los 864,7 millones que dejó de enviar al?Archipiélago del anterior convenio y unos 127 millones en concepto de intereses de demora. El Gobierno canario también sostiene que las sentencias no hacen ninguna distinción entre las obras ejecutadas y certificadas de las que no llegaron a realizarse ni a justificarse, por lo que mantiene que el uso de ese argumento por parte de Fomento para calcular la deuda que debe abonar es inválido. Asimismo, tilda de "falso" que el acuerdo en carreteras vigente incluya alguna cláusula que especifique que parte de la dotación corresponde a los aproximadamente 300 millones que el Estado no quiere reconocer como deuda.
La respuesta de Fomento llegó a la Audiencia Nacional el 16 de mayo, dos días después de que el órgano judicial enviase al Ministerio un segundo requerimiento demandando la ejecución de las sentencias o una explicación de por qué no las ha cumplido. El departamento dirigido por Ábalos sostiene que ha cumplido con sus obligaciones judiciales y que no ha recibido, de momento, ningún otro requerimiento judicial respecto a los fallos sobre el convenio de carreteras de Canarias.
