El acceso gratis a los medicamentos para el 70% de los pensionistas del Archipiélago ya es una realidad. Los jubilados canarios con las pensiones más bajas pueden adquirir desde hoy su medicación sin tener que pagar nada gracias a la entrada en vigor del decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), que garantiza la gratuidad en la prestación farmacéutica ambulatoria del Servicio Canario de la Salud (SCS). La medida, que supone una inversión de 14 millones, afecta a los 292.458 pensionistas de las Islas que tienen una renta inferior a los 18.000 euros anuales.

Las subvenciones que contempla el decreto se aplicarán de manera automática, sin que los beneficiarios tengan que realizar ningún tipo de trámite. El presidente del Ejecutivo regional,?Fernando Clavijo, subrayó ayer que con esta medida se devuelve a los pensionistas con menos recursos lo que la crisis económica les arrebató. "Es, por tanto, un acto de justicia que, además, se financiará con cargo a los recursos de todos los canarios, es decir, al superávit", añadió.

El copago de la prestación farmacéutica ambulatoria por parte de los pensionistas se estableció en 2012 mediante un real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Esa fue una de las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno central para paliar los efectos de la crisis económica. El Ejecutivo regional entiende que ahora, una vez superada la citada recesión, se están restableciendo los derechos afectados por la misma y se están adoptando medidas para incentivar que la recuperación llegue a todos los ciudadanos sobre la que recayeron con mayor virulencia los efectos de la crisis. A pesar de dichas medidas, el Archipiélago sigue siendo una de las comunidades autónomas con una de las rentas per cápita más bajas del Estado. Canarias es, también, una de las regiones con mayor número de jubilados con las pensiones más bajas del país, lo que a juicio del Gobierno canario justifica adoptar esta medida.

El decreto hace hincapié en que los datos del sistema de información de receta electrónica del SCS ponen de manifiesto que un número significativo de pacientes pensionistas y sus beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 euros no han iniciado o han interrumpido el tratamiento prescrito por el facultativo correspondiente. "Estos datos evidencian que se trata de un colectivo que tiene serias dificultades, por motivos económicos o sociales, para acceder a los tratamientos necesarios para garantizar su salud", recoge la disposición legislativa. El Ejecutivo entiende, a su vez, que estos indicadores determinan la necesidad de continuar adoptando medidas de impulso de la recuperación económica y de los beneficios del Estado del bienestar. Asimismo, tendrán derecho a las ayudas las personas que figuren como beneficiarias de las aseguradas como pensionistas, siempre que presenten ingresos inferiores a los 18.000 euros. El decreto aclara que el importe máximo de la subvención por persona beneficiaria no podrá superar los 70 euros en un año.

Tras conocer la intención del Gobierno presidido por Fernando Clavijo de eliminar el copago de las medicinas para los jubilados con menos recursos, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana, valoró de forma positiva esta medida. Santana indicó, a principios de mes, que "todo lo que sea facilitar el pago de los medicamentos a los pensionistas que menos ganan es bienvenido porque en muchos casos se trata de tratamientos necesarios". Más aún, expuso, porque durante los años de recesión económica muchos jubilados fueron el sostén de sus familias por los problemas para acceder al mercado laboral, por lo que el copago de la medicación hacía más compleja esa situación.

Hasta ahora los pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros tenían un tope en el pago que hacían en las farmacias cuando acudían a comprar las medicinas. Ese límite a la contribución se situaba, de media, en los ocho euros. En la implantación del nuevo procedimiento han colaborado los colegios oficiales de farmacéuticos de ambas provincias, quienes asumirán los trámites derivados de las facturas de los medicamentos para evitar que los pacientes tengan que realizar gestiones administrativas. El Gobierno de Canarias ha tomado como referencia el modelo seguido por la Comunidad Valenciana.