El que fuera jefe de la Demarcación de Costas de Canarias procesado por autorizar ilegalmente una playa artificial en Tauro (Gran Canaria) aseguró ayer ante la Audiencia de Las Palmas que veló "por el interés público" y que es víctima "de una encerrona". En la primera jornada del juicio que se sigue contra él por delitos de prevaricación y falsedad, José María Hernández de León defendió su inocencia y dijo que procedió "siempre dentro de la legalidad", frente al planteamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, que solicita que sea condenado a tres años y medio de cárcel.
La acusación pública mantiene que Hernández de León autorizó en febrero de 2016 el proyecto de creación de una playa artificial promovida por el grupo turístico Anfi en la costa de Tauro, en el sur de Gran Canaria, sin que sus responsables cumplieran varios requisitos previos que se les habían exigido para iniciar la obra. El proyecto implicaba cubrir con 70.000 toneladas de arena lo que hasta entonces había sido una playa de cantos rodados y estaba sujeto a unas condiciones establecidas tras negociaciones entre la Administración del Estado y la empresa en una orden ministerial cuyo contenido no se respetó, pero sin que eso impidiera que el entonces jefe de Costas permitiera que comenzaran los trabajos. Algo que autorizó al firmar un acta de replanteo del proyecto que implicaba que ya se podían poner en marcha las obras.
