16 de mayo de 2019
16.05.2019

El Gobierno asume con sus fondos las ayudas excluidas del IRPF solidario

La consejera Cristina Valido se reúne con las asociaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género o en riesgo de exclusión para avanzar en las soluciones inmediatas

16.05.2019 | 05:51
La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido (derecha), en el último Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Canarias, aunque en funciones, quiere establecer las bases de la solución al problema creado con las entidades, asociaciones y ONG que trabajan en proyectos de asistencia social y que se han quedado fuera de las subvenciones otorgadas con cargo al 0,7% solidario del IRPF. La famosa X solidaria de la Renta. La convocatoria provisional de estas ayudas -resuelta el pasado día 3 por una orden de la Consejería de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales- dejó a algunas de las 45 entidades afectadas con las cuentas al límite y poniendo en riesgo su actividad asistencial con colectivos sensibles de las Islas. En particular a aquellas que trabajan con mujeres víctimas de violencia machista, en riesgo de exclusión o en situación de prostitución.

La titular de la consejería, Cristina Valido, ha convocado hoy a representantes de las entidades para hacerles llegar una propuesta de solución con la que se quiere garantizar la continuidad de sus programas, aunque con toda seguridad será algo que deberá poner en práctica el Gobierno que surja de las elecciones del día 26. Valido tiene la intención de activar un mecanismo de financiación directa "como los que se generan cuando se dan excepcionalidades o situaciones de emergencia como esta", explicó ayer la directora general de Políticas Sociales e Inmigración, Reyes Henríquez. Eso sí, dentro de las disponibilidades presupuestarias, lo que retrasará la aplicación.

"La Consejería está trabajando en vías complementarias de financiación para los proyectos que se nos presenten que hayan quedado fuera y sean servicios esenciales y básicos. Estamos generando las vías de financiación dentro del presupuesto y la ley de subvenciones y prácticamente lo tenemos enfocado y resuelto", aseguró ayer Henríquez. "Está en riesgo el cierre o la paralización de servicios básicos, programas que se vienen trabajando en la red pública de Servicios Sociales desde hace años, cubriendo una problemática importante y vital", justificó esta responsable de la dirección general, quien sin embargo no desveló el total de las ayudas que deberá cubrir ese crédito.

Las entidades ya conocen los requisitos que deben cumplir los programas que aspiren a la nueva línea de financiación, entre ellos presentar una nueva memoria económica. El departamento de Asuntos Sociales e Inmigración se está coordinando con el Instituto Canario de Igualdad para afrontar en primer lugar el caso de las asociaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género y otros colectivos sensibles porque son estas entidades las más afectadas por el cierre de estas subvenciones.

Henríquez insistió en exculpar a la Consejería del problema creado y alega que han sido los cambios operados en 2017 en la gestión del IRPF los que provocaron esta situación. La convocatoria que se resolvió provisionalmente el día 3 aprobó subvenciones para 147 proyectos de 137 entidades por un valor de 6,9 millones, que es la cantidad que transfirió el Estado por el 0,7 solidario del IRPF de ese año. Se han quedado fuera 45 entidades con más de 360 proyectos del total 182 entidades que solicitaban fondos para 511 programas por valor de 21 millones. "Al final, por convocatoria y concurrencia públicas mediante los baremos y las directrices que marca la resolución del Estado para distribuir los fondos por sectores, ha dado el resultado que se conoce, es decir, se quedan 45 entidades fuera".

La situación se produce, asegura, porque "en el 2018, la resolución del Estado dice que las subvenciones ya tienen que ser con convocatoria pública, con concurrencia y con unos criterios concretos que, básicamente, señalan que el reparto tiene ser con el mismo porcentaje que tuvieron el año anterior por sectores [inmigración, mujeres, mayores, vulnerabilidad...] y por importe de 6,9 millones". "No podíamos prever hasta que se ha resuelto ahora la convocatoria provisional, cuál iba ser el mapa y el resultados de las entidades en Canarias. Y lo que hemos visto claramente es que la realidad de las entidades canarias no se ajusta y a las directrices que marca el Estado", señala la directora general de Política Social e Inmigración. De hecho, las entidades han trasladado a la Consejería que para la convocatoria de este año se propongan nuevas bases desde Canarias con un reparto no sectorial, sino por bloques en función del tipo de proyectos: uno para los programas de continuidad, que sean esenciales y básicos, y que vienen funcionando en la red de servicios sociales de Canarias desde hace mucho tiempo; otro bloque para los nuevos proyectos; y un tercero para inversiones vinculadas a estos servicios.

Primeros pasos para la ley de accesibilidad

El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras ha dado su visto bueno al calendario y la hoja de ruta para aprobar la futura Ley Canaria de Accesibilidad, un compromiso que había adquirido la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y que permitirá que las Islas cuenten con un "manual" que garantice que las futuras construcciones cumplan con los criterios de accesibilidad. El objeto de la norma es establecer las condiciones de accesibilidad necesarias para que los espacios de uso público, los edificios y los medios de transporte "garanticen la no discriminación de las personas con discapacidad", señala la Consejería en un comunicado. En el Consejo se integral, además del Gobierno, representantes de Federación de Islas, de la Federación de Municipios, empresarios, asociaciones y profesionales implicados.

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