14 de mayo de 2019
14.05.2019

La juez del 'caso Grúas' ordena más diligencias en vísperas de las elecciones

Celia Blanco asume parte de las demandas de la fiscal Anticorrupción y prolonga las declaraciones hasta días antes de que el Parlamento deba elegir al nuevo presidente

14.05.2019 | 05:49
Fernando Clavijo, durante un acto de la campaña electoral.

La juez del caso Grúas ordenó ayer practicar nuevas diligencias de investigación justo el día en el que el principal investigado, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, presentó un recurso pidiendo el archivo de la causa. Las nuevas tomas de declaración -desde el próximo 21 de mayo hasta el 9 de julio- solicitadas por María Celia Blanco, magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, se producirán en plena campaña de las elecciones autonómicas y locales, durante el proceso de configuración del nuevo Parlamento de Canarias y, por tanto, en los días en los que se realizará la votación de la Cámara para elegir nuevo presidente de la Comunidad Autónoma, puesto al que aspira Fernando Clavijo. Estas testificales, pues, tendrán una influencia en este decisivo proceso político.

Es otro episodio más de un caso sobre el servicio de recogida de vehículos de La Laguna plagado de decisiones inexplicables. El político de CC ya se vio obligado a defender su inocencia, en su primera comparecencia ante la juez como investigado del pasado 17 de abril, en un momento extremadamente sensible: en plena campaña de las elecciones generales del 28 de abril y a las puertas del inicio de la campaña de los comicios autonómicos del próximo 26 de mayo. La tardanza se debe a una investigación inaudita y llena de vaivenes.

Este nuevo auto de Celia Blanco conlleva, asimismo, la inclusión de un nuevo investigado en el caso Grúas, tal y como había solicitado María Farnés. Se trata de Rosario Hernández, directora del área de Seguridad y Movilidad de La Laguna, autora de algunos de los informes que permitieron a Clavijo levantar los reparos del interventor para salvar la concesionaria de las grúas. Este es el punto que centra la denuncia de los dos partidos políticos de la oposición en La Laguna. Ya figuran como investigados el propio Clavijo -por hechos que ocurrieron primero cuando fue edil de Seguridad y luego alcalde lagunero-, José Alberto Díaz -actual alcalde, por hechos que ocurrieron cuando era edil de Seguridad- y Miguel Pérez Godiño -por informes que firmó cuando fue edil de Seguridad-.

A petición de uno de los partidos denunciantes (Unid@s se puede) y la fiscal Anticorrupción, María Farnés, la juez también ha llamado a declarar en calidad de testigos a otras 11 personas, entre funcionarios y políticos: Estanislao González (director de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento lagunero), Ceferino José Marrero (que fuera secretario general del Consistorio), Javier de la Cruz (tesorero municipal), Rosa María Paz (jefa del servicio de Seguridad Ciudadana), Pedro Campos (jefe del Servicio Administrativo de Movilidad del Cabildo), Manuel Ortega (que fuera director insular de Movilidad), Sara Gómez (directora de Gestión Económica), Marta Rodríguez (jefa de Contabilidad), Isabel Cubas (representante legal de la empresa municipal Muvisa) y los exediles del municipio tinerfeño Gustavo Matos (PSOE) y Juan Ignacio Viciana (Por Tenerife, el otro partido denunciante).

La orden de la juez aceptando gran parte de las tomas de declaración pedidas por los denunciantes y la fiscal Anticorrupción se conoció justo el día que Clavijo elevó un recurso de 50 folios al mismo juzgado de instrucción pidiendo el sobreseimiento. La defensa de Clavijo exige el archivo de la causa -sería la segunda vez que ocurriera- pues entiende que "no existe conducta delictiva imputable" al presidente de Canarias y porque el procedimiento está siendo "sumamente perjudicial" para él y "vulnerador del derecho a una tutela judicial efectiva". "No existe fundamento jurídico alguno", alegan los letrados de Clavijo, para mantenerlo como investigado. Añaden que al permanecer bajo tal condición, los denunciantes, las coaliciones políticas formadas por Podemos-Sí se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, "obtienen con éxito el daño político y a la reputación de una persona de interés público, sometida sin embargo a una injusta e infundada imputación penal".

Declaración del 17 de abril

Clavijo ya aclaró a la juez el 17 de abril que los cuatro pasos de la gestión de las grúas de La Laguna que centran la investigación se hicieron con el aval de los informes municipales, sin causar el menor perjuicio a las arcas públicas y para salvar el servicio público sin causar el menor quebranto: el traspaso de la concesionaria (Autogrúas Poli) a siete empleados en un intento de reflotarla, la intervención municipal de la misma, la concesión de un préstamo de 120.000 euros por parte del Ayuntamiento para ayudar a salvarla -se devolvió en 6 meses con intereses, dentro de los plazos establecidos y sin causar la menor pérdida económica- y la prórroga del contrato, hechos ocurridos entre 2010 y 2014.

En este recurso, los abogados del presidente ponen en duda los pasos de la Fiscalía, que pasó de no ver la menor irregularidad en las actuaciones y apoyar el primer archivo judicial en junio de 2017 a ver casi dos años después indicios de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la actuación del presidente canario después de que la causa se reabriera. La primera decisión que el recurso tacha de "anómala" es la adoptada por la Fiscalía Superior de Canarias, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, de no incluir en el procedimiento un informe del teniente fiscal que rechaza las irregularidades. Este dictamen lo solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) cuando el caso se encontraba bajo su jurisdicción por el aforamiento de Clavijo.

La defensa del presidente entiende que el documento se tenía que haber añadido a la causa independientemente de que poco después el nuevo Estatuto de Autonomía eliminara el aforamiento para miembros del Gobierno y el Parlamento. Esto hizo que el caso volviera al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna. "La reforma legislativa no habría de cambiar la opinión del Ministerio Fiscal emitida en el informe suspendido y lo esperado habría sido mantener el mismo criterio ante el Juzgado de Instrucción", asegura la petición de archivo. Este informe del Ministerio Público era, además, contundente: el préstamo a la concesionaria se ajustó a derecho y se adoptó de acuerdo con el interés general, el alcalde tenía plenas facultadas para levantar los reparos del interventor y no hay el menor indicio de delito en la actuación de Clavijo.

La segunda parte del recurso se centra en un informe de Anticorrupción del pasado 19 de marzo, que suplió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial por orden de la Fiscalía General del Estado y que pasa a ver indicios de delito. Anticorrupción, según la defensa de Clavijo, "trata de reunir elementos indiciarios donde no los hay para soportar un dictamen, contrario a los anteriormente emitidos, anclado en meras intuiciones valorativas y particulares interpretaciones de la norma administrativa". Tal es así que la fiscal Anticorrupción llega a afirmar de forma "errónea", siempre según los letrados de Clavijo, que los empleados que tomaron el control de Autogrúas Poli fueron favorecidos hasta tal punto por Clavijo que domiciliaron la empresa en la misma dirección que una sociedad que perteneció al presidente canario. Según el Registro Mercantil, eso no ocurrió en ningún momento.

Informe de Anticorrupción

Según el escrito del exalcalde de La Laguna, Farnés no tiene razón cuando aprecia infracciones graves en el intento del Ayuntamiento de salvar el servicio de grúas, tampoco en las ilegalidades que observa en el préstamo que se concedió a la empresa para aliviar su mala situación económica y tampoco en cuanto a la caducidad de la concesión. Farnés considera que el Ayuntamiento debió rescindir el contrato con la concesionaria y rescatar el servicio, a lo que la defensa de Clavijo contesta que esa salida habría ido en contra del interés general y habría sido catastrófica para las arcas públicas pues hubiera supuesto la asunción de las deudas de la empresa, la subrogación de todos los trabajadores y una posible petición de los titulares de la concesionaria de una indemnización.

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