Los canarios son los ciudadanos españoles a los que menos les cuesta la universidad. Y obtener un título superior les costará menos todavía a partir del próximo curso. El Consejo de Gobierno aprobó ayer una nueva rebaja de los precios de los grados que permitirá matricularse por primera vez en las universidades de La Laguna o de Las Palmas de Gran Canaria por menos de 60 euros al mes. Una rebaja de un 7% que supera el 37% en el caso de los másteres. Estudiar un máster habilitante, que son títulos obligatorios para poder ejercer determinadas profesiones, será en las Islas casi tan barato como estudiar un grado. El último lunes social del Ejecutivo autonómico sirvió también para oficializar la reducción de la jornada lectiva del profesorado, que volverá a ser de 18 horas en lugar de las 20 actuales, y autorizar 2,7 millones de euros en ayudas a doctorandos.

Fernando Clavijo aseguró en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que Pedro Sánchez y sus ministros siguen sin responder a las cartas sobre los fondos que el Estado adeuda a la Comunidad Autónoma (los de infraestructuras educativas, equipamiento turístico, obras hidráulicas...) y sobre el uso del superávit presupuestario. De hecho, en el Ejecutivo regional han perdido toda esperanza en que el Gobierno central se digne a contestar. Así pues, Clavijo y sus consejeros siguen aprobando medidas de carácter social con cargo al superávit. Aunque en la oposición había quien dudaba de que el nacionalista diera finalmente el paso de ignorar la regla de gasto, el Ejecutivo oficializó en su reunión de ayer los primeros pasos para gastar 174,5 millones de los alrededor de 300 del superávit. Una suma bloqueada por la regla de gasto a pesar de que Canarias es una de las regiones más saneadas del país, lo que no ha sido suficiente para que el Gobierno de Sánchez acceda a exceptuar al Archipiélago de su aplicación, algo que ya estaba atado con Cristóbal Montoro. Clavijo, sin embargo, no se ha arredrado. Si Pedro Sánchez instauró los viernes sociales a golpe de reales decretos leyes, el presidente autonómico ha establecido sus particulares lunes sociales gracias al dinero del superávit. Estudiantes y profesores son los principales beneficiados de las medidas aprobadas ayer.

El Consejo de Gobierno validó el proyecto de decreto que regula los precios de las universidades públicas para el curso 2019-2020. Las Islas ya han sido este curso una de las autonomías con las tasas universitarias más bajas del país (solo Andalucía y Galicia les discuten el primer lugar del ranking en algunos grados de experimentalidad), pero a partir de ahora se quedarán en el liderato en solitario. Matricularse para estudiar un grado en la ULL o la Ulpgc costará entre 875,4 y 568,2 euros en función del grado de experimentalidad de la carrera, esto es, de los mayores o menores recursos que necesita la universidad para impartir la titulación. El estudiante canario pagará así una media de 702,6 euros por su primera matrícula, 58,55 euros mensuales. La nueva rebaja es de un 7%, de modo que los precios de los grados se han reducido un 23% en los últimos tres años. Una sensible bajada que, no obstante, se queda pequeña en comparación con la experimentada por los precios de los másteres.

Cursar un máster habilitante costará desde el próximo curso una media de 708 euros, un 37,5% menos que en estos momentos. Se cumplirá de esta forma uno de los objetivos de la Consejería de Educación: el de equiparar los precios de los másteres con los de los grados. La rebaja acumulada en este caso supera el 56%, la misma que han experimentado los precios de los másteres no habilitantes, que son los no obligatorios para ejercer una profesión y que podrán cursarse en primera matrícula por una media de 817,2 euros. Canarias se situará también aquí en el primer lugar del ranking de las comunidades donde es más barato sacar un título universitario.

Además, el Consejo de Gobierno aprobó subvenciones por 2,7 millones de euros (el 85% con cargo al Fondo Social Europeo) para formar a 30 doctorandos isleños como personal investigador.

La reunión de Clavijo con sus consejeros sirvió también para dar curso legal a la reducción de la jornada lectiva del profesorado de secundaria. El horario volverá de este modo a las 18 horas semanales, que se incrementaron hasta 20 durante la crisis económica. La medida estaba ya incluida en la ley de presupuestos para este año, pero supeditada a que efectivamente se pudiera usar el superávit más allá de para el pago de deuda y las inversiones financieramente sostenibles. La reducción de jornada implica que se tenga que contratar a 1.250 nuevos docentes, lo que costará 63,7 millones con cargo también al superávit.

Una estrategia para apoyar a los niños transexuales

El Consejo de Gobierno dio ayer vía libre para la puesta en práctica de la Estrategia canaria de infancia, adolescencia y familia, un ambicioso plan para el que se destinarán 544 millones de aquí a 2023 y que tiene entre sus objetivos la ayuda y protección a los niños transexuales. La estrategia, que ya había recibido a mediados de diciembre el visto bueno de la Comisión Interadministrativa de Menores (el órgano que reúne a representantes del Ejecutivo, de los cabildos y de los ayuntamientos), abarca desde la formación y la conciliación familiar hasta la proliferación de los ecocomedores escolares, todo ello pasando por la mejora de la oferta de becas y ayudas, la mejor regulación de la familia numerosa, la optimización de las rutas de transporte escolar o la construcción o habilitación de recintos para nuevos centros socioculturales. Un amplísimo marco global que presta especial atención a los niños transexuales, para los que prevé una serie de medidas concretas.

La estrategia plantea de entrada la necesidad de reformar la ley que protege los derechos de las personas transexuales, una reforma que, "en especial, ampare a los menores trans, reconociendo su identidad y sus derechos en todos los ámbitos". Además, la idea es mejorar la formación de los técnicos municipales, insulares y regionales que se ocupan de la atención a la población infantil y juvenil, y dentro de este objetivo general, que se formen particularmente en el ámbito de los menores transexuales, de modo que puedan ayudarlos, asesorarlos y protegerlos con todas las garantías.

Los 544 millones se distribuirán en los siguientes cinco ejercicios a razón de casi 108,7 millones de euros al año. La estrategia de infancia, adolescencia y familia será así uno de los programas que más recursos moverá en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma. Según se expone en el documento aprobado por el Consejo de Gobierno, el objetivo general es acabar con la "sensación de incapacidad e indefensión" de los padres ante las nuevas necesidades a que han dado lugar los cambios sociales de los últimos años. "Necesidades de apoyo cada vez más complejas, cuya satisfacción está poniendo a prueba los actuales recursos y servicios destinados a la atención de la infancia y la familia", reza el documento.

Las múltiples acciones se irán evaluando por si fuera necesario modificar la estrategia.