La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denunció este lunes el “uso electoralista” que a su juicio hace el Gobierno de Canarias de la empresa pública Visocan, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda.

El sindicato denuncia la “instrumentación política” de esta empresa, que, según CCOO, no atiende “ni a las necesidades de la sociedad ni a la de sus empleados, sino a finalidades meramente políticas”.

A este respecto, señalaron en un comunicado la “escandalosa” contratación de personal que supuestamente se ha producido en los últimos meses "sin que se sepan cuáles son sus funciones y con retribuciones muy por encima de las del colectivo laboral".

Asimismo, CCOO tilda de "medidas electoralistas" la compra de edificios “que no obedecen a necesidades y de los que se desconocen las condiciones por las que se ha acordado la permanencia de los vecinos".

A esto se suma, señala el sindicato, una situación laboral “calamitosa” que según los representantes sindicales es consecuencia del ERE de 2012, en el que fueron despedidos muchos trabajadores de la empresa "y recortados los salarios a los que permanecieron".

Según CCOO, en 2017, y a instancias de la Consejería de Hacienda se denunciaron ante el Tribunal de Cuentas irregularidades en la percepción de salarios a consecuencia de ese ERE, lo cual no deja de ser a su juicio “rocambolesco" cuando según explican ha sido la misma comunidad canaria la que avaló el ERE y la que lo denunció cinco años después”.

"Esto ha supuesto que algunos trabajadores tengan un embargo preventivo de parte de sus nóminas, situación que se extiende por dos años", denuncia el sindicato.

"El pasado mes de junio se procedió a la negociación del tercer convenio colectivo, pero fue rechazado por un informe de la Consejería de Hacienda sin sustancia alguna", manifiesta CCOO, que añade que esto supone que el colectivo de trabajadores sigue regulado por un "ERE judicializado y por el obsoleto segundo convenio colectivo".

Para CCOO esta situación ha motivado una “tremenda” judicialización de la vida laboral pues casi todos los trabajadores han llevado a la empresa a juicio.

El sindicato señala que los contactos mantenidos con Pino de León, directora general de la Vivienda, han resultado “frustrantes, porque solo se nos ha dado buenas palabras”.

Añaden que todo intento de reunión con Cristina Valido ha fracasado por el “desprecio” de la consejera a recibir a los trabajadores.