Canarias prepara un nuevo modelo de selección para los funcionarios del futuro. Los nuevos retos de la Administración pública exigen renovar el sistema por el que se rigen las pruebas y los méritos para conseguir un puesto como empleado público, ya que los actuales procesos selectivos se han quedado obsoletos ante las necesidades actuales. Más especialización, formación en los nuevos aspectos a los que se tienen que enfrentar la Administración del presente y del futuro, responder a las demandas de la ciudadanía y las nuevas funciones que se van asumiendo obligan a actualizar los contenidos de las oposiciones.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó en su edición del pasado jueves una Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se crea una comisión técnica de trabajo para el desarrollo de un nuevo modelo de selección de personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Después de los siete años en los que estuvo Canarias sin oposiciones (2008-2014), la Comunidad Autónoma convocó plazas en los años 2015, 2016 y 2017 y esta experiencia ha desembocado en la necesidad de actualizar los procesos de selección, acorde con las necesidades futuras de recursos humanos de la Administración autonómica.

El director general de Función Pública del Ejecutivo regional, Francisco Rodríguez del Castillo, señala que a raíz de la creación de esta comisión de trabajo se va a entrar en un periodo de reflexión para afrontar "una Administración distinta, con retos distintos a los de ahora y que exige cambiar también la forma de seleccionar a los nuevos empleados públicos". La Comunidad Autónoma tendrá que trabajar más en la transparencia, los recursos tecnológicos, la participación de los ciudadanos en la gestión de los servicios y las nuevas competencias que han sido asumidas tras la reforma del Estatuto de Autonomía.

Renovar temarios, nuevos contenidos teóricos y actualizar los tipos de pruebas que se van a realizar a los futuros funcionarios son algunas de las novedades sobre las que trabajará la comisión técnica. Según Rodríguez del Castillo, los contenidos generales seguirán siendo básicamente los mismos, "pero queremos incorporar en las pruebas específicas nuevos aspectos relacionados con habilidades directivas, dirección por objetivos, políticas tecnológicas, de transparencia, protección de datos y otros elementos que se incorporan a la nueva Administración y que los empleados públicos deben conocer". También hay que tender hacia la individualización de las pruebas por cuerpos y escalas porque no todos van a realizar las mismas funciones, dando mayor peso a la parte práctica sobre la teórica.

La comisión técnica de trabajo tendrá que determinar qué tipo de valoración hay que hacer y de qué forma se selecciona al futuro empleado público. Nuevos contenidos y tipos de pruebas, qué méritos se valoran y de qué forma para configurar un nuevo modelo de Administración más tecnológica, más abierta, más transparente, con nuevas competencias y políticas a las que se deben adaptar los empleados públicos que se vayan incorporando en los próximos años.

El director general destaca que "estamos ante una Administración en permanente transformación, ya no hay un funcionamiento cerrado como hasta ahora, al contrario, hay cambios continuos como consecuencia de la creciente digitalización, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de relacionarse con la ciudadanía y las estrategias de gobierno abierto que ya imperan en las administraciones públicas modernas". Por eso los funcionarios tienen que adecuarse en cada momento a estas nuevas demandas y eso obliga a cambiar los procesos selectivos para acceder a un empleo público.

La comisión de trabajo está formada por funcionarios de carrera y personal de distintos centros directivos de la Comunidad Autónoma expertos en recursos humanos. El BOC recoge que este grupo de trabajo tiene seis meses desde que se constituya para elaborar su informe y elevarlo al Gobierno. Pese a las elecciones y los cambios políticos que se produzcan, la comisión seguirá con sus trabajos precisamente porque está formada por funcionarios y no por políticos.

Competencias

Canarias forma esta comisión de trabajo en el ámbito de sus competencias ya que la legislación básica del Estado marca las líneas generales de las ofertas de empleo público, pero cada comunidad autónoma decide sobre los ejercicios y pruebas, requisitos, contenidos, méritos, la forma de valorarlos y otras cuestiones vinculadas a los concursos, las oposiciones y la promoción interna.

En la composición de la comisión no están los sindicatos directamente pero sí empleados públicos invitados por las organizaciones sindicales que están representadas en la mesa sectorial. Sin embargo, las personas que sean designadas a propuestas de las centrales no actuarán ni en nombre ni en representación de estas, sino que lo harán en nombre propio.

Según la Orden publicada en el boletín, la constitución de la comisión tendrá lugar en 15 días después de la citada publicación y en el plazo máximo de un mes llevará a cabo un análisis sobre las debilidades y fortalezas del actual modelo de selección del personal funcionario, además de la oportunidad de crear un nuevo modelo para un entorno social en permanente transformación y en el que primarán las capacidades digitales.

La falta de oposiciones durante varios años seguidos ha provocado falta de personal suficiente en algunos de los servicios estratégicos que presta la Administración autonómica, entre ellos servicios sociales, medio ambiente o inspección pero también los nuevos modelos de transparencia y participación, cada vez más importantes.