12 de mayo de 2019
12.05.2019

Las Islas, sin ley sobre los nuevos derechos y deberes del menor

El Gobierno canario envió la reforma de la ley en diciembre al Parlamento tras casi cuatro años de trabajos

12.05.2019 | 06:20
Niños en una jornada de ocio y tiempo libre.

La nueva Cámara autonómica retomará el texto cuando se constituya

Canarias tendrá que esperar al próximo periodo legislativo, tras las elecciones del 26 de mayo, para contar con una ley del menor actualizada y acorde con los nuevos tiempos. El proceso de cambio de la normativa actual, que data de 1997, ocupó prácticamente toda la legislatura que acaba de finalizar, pero finalmente no se pudo aprobar por el Parlamento pese a que entró en diciembre en la Cámara autonómica. Las Islas debían adaptarse a la nueva normativa estatal, que se modificó en 2015, por lo que se ha quedado en el vagón de cola.

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, asegura que "todo el trabajo está hecho" por lo que el nuevo Parlamento que se constituya tras los comicios solo tendrá que darle curso, porque el texto está trabajado con las entidades y organizaciones que laboran con menores, que han realizado sus aportaciones y sugerencias para enriquecerlo. También se han solicitado todos los informes pertinentes tanto jurídicos como económicos. Morales Rodríguez admite que el proceso de renovación y adaptación de la norma ha sido "muy largo", fruto del "esfuerzo" para intentar alcanzar un articulado que contemple la nueva regulación relacionada con los niños y menores de edad que, tanto en Europa como en España, se ha tenido que adecuar a las nuevas exigencias del siglo XXI. La directora general no cree que a esta ley le pase como a la de Servicios Sociales, que el Parlamento cambió en su totalidad durante el trámite parlamentario ante las exigencias de los grupos políticos, entre otros motivos por la falta de ficha financiera.

El nuevo texto legal gira en torno al interés superior del menor, un concepto que forma parte de la nueva legislación relacionada con este sector vulnerable de la población. De esta forma se atiende a los criterios del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, con el fin de escuchar y atender al menor en cada circunstancia y que sea él mismo el que hable de su situación, cuáles son sus preferencias y qué es lo que más le conviene en situaciones de riesgo. El interés superior del menor ya no es un concepto jurídico indeterminado, sino un derecho fundamental y concreto, que se traduce en un refuerzo de su derecho a ser oído y escuchado, además de participar en todos los procesos que le afecten de la manera más amigable posible.

Una de las cuestiones que más resalta la directora general es la prevención, que debe partir de los ayuntamientos, instituciones que tienen que trabajar a pie de calle con los menores y familias potencialmente en riesgo de exclusión social. La Comunidad Autónoma ha dotado los presupuestos de 2019 con seis millones de euros para políticas destinadas a los menores y a las familias, con el fin de que las corporaciones locales refuercen los equipos de profesionales y trabajen directamente con los núcleos familiares. "La prioridad siempre es que el niño se desarrolle con su familia y en su casa y, por eso, se está potenciando el trabajo de estos equipos, porque los centros tutelados deben ser la última opción", añade Morales. Se da prioridad a las soluciones familiares frente a las residenciales, a las permanentes frente a las temporales y a las consensuadas frente a las impuestas. Se busca que el centro de gravedad del sistema sea el niño y su derecho a vivir en familia por encima de todo lo demás.

En Canarias hay alrededor de 355.000 menores, de los que unos 2.000 están declarados en situación de riesgo, según las últimas cifras oficiales. No llega al 1% de la población menor de edad pero sí supone un número importante porque hay que hacerles un seguimiento y un trabajo específico para evitar agravar los problemas en los hogares como la violencia, la delincuencia, la prostitución o el consumo de estupefacientes, además de la escolarización obligatoria. La Comunidad Autónoma tiene a 880 menores en acogimiento residencial, mientras que 1.157 se encuentran en acogimiento familiar.

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