Un tercio de los fondos destinados al agua para el riego agrícola va a parar a entidades privadas y organismos públicos y no directamente a los agricultores y regantes. La primera convocatoria de subvenciones, correspondiente a 2017, destina casi 1,8 de los seis millones de euros con la que estaba dotada a instituciones públicas, la más relevante el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, dependiente del Cabildo insular, que obtiene la subvención más elevada -1,2 millones-, seguida del Cabildo de El Hierro, con 146.997,26 euros y Canal Gestión de Lanzarote -161.146,82-, una empresa filial del Canal de Isabel II que tiene mayoría de capital público. Otros 210.772,32 euros van a Elmasa Tecnología del Agua, la sociedad privada que está en el sur de Gran Canaria.
De este tipo de ayudas se pueden beneficiar personas jurídicas, entidades locales, corporaciones de derecho público, heredamientos, comunidades de aguas de Canarias y comunidades de usuarios que suministren agua para riego agrícola procedente de pozos o potabilizadoras. De hecho, la mayoría de los beneficiarios son comunidades de regantes, empresas de abastecimiento de agua y sociedades agrícolas.
Las subvenciones correspondientes a 2017 fueron las primeras que se contemplaron en los presupuestos del Estado expresamente para la gestión eficiente del agua destinada al riego agrícola. Sin embargo, la tardanza en aprobarse las cuentas del Estado y del decreto que las regulaba demoró casi un año la convocatoria, que fue en septiembre de 2018. Después de las reuniones con el sector y tras solucionar las alegaciones presentadas, la resolución final llegó a finales de marzo y ayer acabó el plazo para presentar la justificación de la subvención percibida en el coste del agua a las personas regantes.
En esta primera convocatoria el principal beneficiado ha sido el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, organismo del Cabildo grancanario. Con más de 500.000 euros figuran la comunidad para la distribución y riego en las vertientes norte y oeste de La Palma (Canopalma), la comunidad de Aguas Tenisca y Agragua SA.
A la espera de los fondos
Por otro lado, la Consejería de Agricultura del Ejecutivo regional espera tener en un mes la convocatoria de los ocho millones de euros de las ayudas al riego agrícola de 2018. Los fondos procedentes del Estado no han llegado, según han confirmado desde el Ejecutivo regional, por lo que ahora se está trabajando con una partida adelantada por la comunidad autónoma. La modificación de crédito ya ha sido autorizada por la comunidad autónoma y los fondos están consignados para que sean entregados a los agricultores y regantes por la utilización de agua para el riego durante el año pasado.
El departamento que dirige Narvay Quintero ha decidido adelantar los fondos para no paralizar el procedimiento y que no se acumule un retraso como el de las ayudas de 2017, que se han abonado casi dos años después.
Con la experiencia adquirida tras el procedimiento realizado con los fondos anteriores, ahora se prevé que en un mes pueda salir la convocatoria para los nuevos fondos y que estos se puedan repartir en verano. Cuando lleguen los fondos del Estado se incorporarán a la partida y se retirarán los autonómicos, si estos aún se han repartido entre los beneficiarios. La Consejería de Agricultura, así como las comunidades de regantes, advierten que estos son los ocho millones de euros correspondientes al presupuesto del Estado de 2018 y no a la prórroga de las cuentas este año. Una redacción ambigua en el decreto del Ministerio para la Transición Ecológica preocupa al sector, al considerar que se ponen en peligro los fondos de 2019 si se mantiene la prórroga presupuestaria actual. Tanto la comunidad autónoma como el sector primario exigirán que en este ejercicio se vuelva a contemplar una partida específica para el agua de riego agrícola por los sobrecostes que soportan los agricultores y regantes isleños.
El sector primario hace esta advertencia si hay nuevos presupuestos del Estado este año, una vez que se constituya el nuevo Gobierno salido de las urnas, aunque no está claro que haya nuevas cuentas.
Los plataneros y el resto del sector primario isleño mantienen su desconcierto y disconformidad con el recurso presentado ante el Supremo por el Gobierno central contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que avala las bonificaciones fiscales a las ayudas a la producción agrícola en las Islas y abre la puerta a reclamaciones con carácter retroactivo. Los representantes de Asprocan y de Asaga aprovecharon ayer una reunión con los candidatos del PSOE canario para pedirles explicaciones sobre este recurso, que puede dejar paralizados de nuevo estos incentivos.
El sector platanero, principal afectado por esta medida, advierte que la aplicación de la bonificación de bienes corporales es "imprescindible" para todo el sector primario, lo que fue considerado así desde su origen. La reciente reforma del REF vino a consolidar esta interpretación que ya existía previamente y así lo ha reconocido la Justicia.
Las organizaciones agrarias desconocen aún el detalle del criterio en que sustenta el recurso del Estado, aunque los dirigentes socialistas aseguran que responde a motivos técnicos, aunque se analizará su alcance tan pronto como se expliquen sus pormenores.
Por su parte, la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, advirtió que estarán atentos a todo el proceso judicial que se inicia ahora. "Si finalmente el Supremo admite el recurso y dictamina que estas deducciones solo se apliquen a partir de 2019, tomaremos las medidas oportunas para evitar que se repitan situaciones que provoquen perjuicios en los agricultores como ha ocurrido hasta ahora".
El sector primario recuerda que hasta ahora existía incertidumbre jurídica tanto para el contribuyente como para los productores y los asesores fiscales, y que se mantiene debido a este recurso interpuesto por la Abogacía del Estado.
