El Ministerio de Hacienda desmiente al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, sobre las supuestas revelaciones de la ministra María Jesús Montero sobre la actuación del PSOE canario en las relaciones entre Canarias y el Estado. El departamento que dirige Montero niega que los socialistas canarios dejaran de lado el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto y primaran las deducciones fiscales a las empresas sobre las inversiones públicas para las Islas. Fuentes de Hacienda aseguran que, al contrario, "tanto el Gobierno como el PSOE que lo sostiene han mostrado su respaldo a la mejora de la financiación de Canarias y, de hecho, se ha demostrado en el apoyo en las Cortes a la reforma del REF y del Estatuto". Por ello, el Ministerio niega que la ministra haya trasladado a Clavijo este tipo de información y quiere dejarlo claro para que no haya malentendidos.

Tanto CC como el PSOE se culpan mutuamente del deterioro de las relaciones entre los dos gobiernos desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Para los socialistas, el Gabinete de Clavijo ha entrado en una espiral de confrontación por motivos "electoralistas", mientras que los nacionalistas responsabilizan al PSOE de incumplir a las primeras de cambio las recientes leyes aprobadas que modifican y modernizan el fuero canario y el Estatuto. El principal choque entre ambos gobiernos se ha producido por las partidas previstas para Canarias en las cuentas del Estado de 2018 y que se han quedado en el camino, que el Ejecutivo regional eleva a 327 millones de euros. Asimismo están pendientes los fondos de carreteras producto de las sentencias del Tribunal Supremo y la utilización del superávit, una reivindicación de CC a la que el Gobierno central no ha respondido antes de las elecciones generales.

En relación con el superávit, Hacienda estará atento a la utilización de estos fondos por parte de la Comunidad Autónoma para comprobar si se ajustan a lo estipulado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El departamento ministerial recuerda que la reinversión del superávit es un asunto que está regulado para las comunidades autónomas y las corporaciones locales en inversiones financieramente sostenibles y para reducir la deuda pública. La decisión del Gobierno regional de destinar 175 de los 300 millones de los remanentes a gasto social ha llegado cuando el Ejecutivo de la nación está en funciones, por lo que el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda está ahora limitado, a la espera de las elecciones del 26M, de la constitución de las Cortes y la formación del próximo Gobierno central salido de las urnas.

"Hay que estudiar si se hace correctamente", añade Hacienda, advirtiendo que se tiene que ajustar a la legalidad tanto lo que haga Canarias como cualquier otra comunidad o ayuntamiento. "El proceso está perfectamente regulado y no hay nada extraordinario en el procedimiento que realiza Hacienda", se indica desde el Ministerio.