La eliminación del copago de las medicinas para los jubilados con las pensiones más bajas entrará en vigor de inmediato, una vez que el Consejo de Gobierno apruebe el decreto y se publique en el boletín oficial. Al cierre de 2018 un total de 292.458 pensionistas tenían ingresos anuales por debajo de los 18.000 euros, que es el colectivo al que va destinada la medida aprobada por el Gobierno regional de sufragar el coste de los medicamentos con fondos del superávit, hasta un total de 14 millones de euros.
El consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, José Manuel Baltar, explica que el departamento que dirige ya tiene el borrador para que sea analizado por los servicios jurídicos y Hacienda, con el fin de enviarlo al Consejo de Gobierno y entre en vigor antes de finalizar este mes de mayo. El gasto previsto es de 14 millones de euros, partida que se consolidará en los próximos ejercicios de tal forma que la factura farmacéutica se incrementará por encima de los 495,8 millones de euros que están contemplados en el presupuesto autonómico de este año.
Esta iniciativa, que han ido implantando otras comunidades autónomas, corrige la disposición establecida en 2012 por el Gobierno central en el marco de las medidas impuestas para hacer frente a la crisis económica. Baltar recuerda que entre las comunidades más afectadas por el copago farmacéutico de los pensionistas está Canarias, debido a que las pensiones son más bajas que la media nacional y hay estudios que confirman que muchos jubilados y sus beneficiarios se han visto obligados a renunciar a fármacos y tratamientos por no poder pagarlos. "Nuestro objetivo es lograr mayores niveles de equidad para los más desprotegidos", indica el consejero.
Los 76 millones de euros que irán destinados a continuar con la reducción de las listas de espera sanitarias tienen como objetivo llegar a una demora media de 90 días, que es la ratio general establecida como más aceptable por los profesionales de la salud. El consejero Baltar destaca que estos fondos irán a reforzar y consolidar los programas que ya están en marcha y, sobre todo, continuar con la disminución de los tiempo de espera superiores a los seis meses. En este tipo de lista la bajada ha sido superior a los 7.000 pacientes, lo que supone un 55% menos, y ahora están a la espera poco más de 5.000 personas.
Los fondos del superávit seguirán engrosando las nuevas contrataciones que se puedan hacer vinculadas a estos programas para el refuerzo de los servicios que se están prestando de consultas y operaciones en horario de tarde o los fines de semana y que ya están produciendo efectos en una bajada paulatina de las listas de espera. "Entre más actividad hay más sobrecostes porque no solo se trata de pagar el trabajo de los profesionales, sino también los recursos y el numeroso material que hace falta para realizar las operaciones como prótesis, válvulas, suturas, respiradores, tubos desechables, fármacos para el postoperatorio y otras muchas cosas que hacen falta con el incremento de la actividad", añade Baltar.
La demora media se había situado en 181 días, que se ha logrado bajar a 139 al final de 2018. Ahora el objetivo es llegar a los 100 días hasta alcanzar los 90 días de espera. El consejero puntualiza que, a la misma vez que se destinan más fondos a reducir las listas de espera, también se acometen infraestructuras necesarias como la construcción de más quirófanos para que se tenga más espacio y no acudir al alquiler de quirófanos en las clínicas privadas. Baltar enfatiza que la prioridad es agotar los recursos públicos y sólo en último extremo se acude a los conciertos con la sanidad privada.
Por otro lado, entre las medidas más destacadas para gastar los fondos del superávit se encuentra la prórroga de la tarifa plana de 50 euros para los autónomos, una iniciativa que favorece a los empleados por cuenta propia que lidera Canarias. Esta medida ha sido recibida con satisfacción por los autónomos ya que supone incentivar el autoempleo y la emprendeduría. En Canarias se pueden beneficiar del mantenimiento de la tarifa plana más de 3.000 personas, según los cálculos de los representantes del sector, al ser con efecto retroactivo a 1 de enero.
Solo cuatro comunidades cumplen la regla de gasto
El Gobierno de Canarias reconoce que el gasto extra de 179 millones con cargo al superávit de 2018 puede apartarle "unas décimas" de la tasa de desviación autorizada para las comunidades, del 2,4 %, pero confía en que este incumplimiento con uno de los parámetros para garantizar la estabilidad presupuestaria no le conlleve sanciones del Ministerio de Hacienda. Entre otras cosas porque la regla de gasto es incumplida sistemáticamente por muchos de los gobiernos regionales sin que ellos haya tenido consecuencias.
Canarias es, de hecho, una de las regiones con menos déficit, por debajo del autorizado, y menor deuda. Sólo cuatro comunidades cumplieron con la regla de gasto: Canarias, Baleares, Cantabraa y Extremadura.
