El Gobierno de Canarias gastará finalmente 174,7 millones de euros del superávit generado por la Comunidad Autónoma en 2018, que el Ejecutivo eleva a unos 300 millones. El destino preferente de estos fondos extraordinarios son la sanidad y la educación, aunque también se beneficiarán los jubilados con las pensiones más bajas, dependientes y autónomos. El presidente Fernando Clavijo admitió que se podría incumplir la regla de gasto a final de año pero, no obstante, confía en que no habrá sanciones por parte del Estado ya que "otras comunidades autónomas y el propio Estado han vulnerado año tras año los objetivos de estabilidad sin ningún tipo de consecuencias", advirtió.
La partida más importante de este crédito irá a liberar fondos para engrosar el plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias, con un total de 76 millones de euros. Una vez que Hacienda ordene la modificación presupuestaria el departamento que dirige José Manuel Baltar tendrá que decidir cuántos profesionales se contratan y qué nuevas medidas se adoptan para continuar en la senda de acortar los tiempos de espera.
La segunda partida más importante son los 63,7 millones de euros que financiarán la contratación de profesores para reducir la jornada lectiva semanal de los docentes de Secundaria de 20 a 18 horas. Se trata de un compromiso que había adquirido el Ejecutivo con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, junto a la recuperación de las 35 horas semanales para los trabajadores del Servicios Canario de Salud. El Ejecutivo regional vinculó en un primer momento estas dos medidas para los empleados públicos a que el Estado autorizara invertir el superávit. Sin embargo, ante el silencio del Gobierno central la Administración autonómica ha decidido emplear fondos propios para que tanto sanitarios como docentes recuperen el horario modificado durante la crisis económica. La iniciativa afecta a 11.280 profesores e implica la contratación de más de 1.250 nuevos docentes.
Una medida vinculada al sistema sanitario es la partida de 14 millones de euros que irán destinados a eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas que cobren por debajo de los 18.000 euros anuales, así como sus beneficiarios. El Ejecutivo estima que esta medida llegará a unas 292.000 personas.
Otros 15 millones de euros se emplearán en generalizar un bono de transporte gratuito para las personas mayores y dependientes cuyos ingresos se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional. Por último, seis millones de euros se destinarán a ampliar la tarifa plana de los autónomos de 50 euros por un año más, con el fin de fomentar la emprendeduría y el autoempleo.
El presidente Fernando Clavijo negó rotundamente que con el empleo de estos fondos Canarias vaya a incumplir algunos de los criterios establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sobre todo el déficit y la deuda. En todo caso la Comunidad Autónoma sí se arriesga a superar el límite de la regla de gasto -establecida en el 2,4%- en unas décimas, aunque será algo que no se sabrá al menos hasta el primer trimestre de 2020 cuando se liquide el presupuesto de este año.
El Gobierno de CC se agarra a los acuerdos del Consejo Asesor y a la Ley de?Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2019 para dar validez legal a esta medida, que no está autorizada expresamente por el Estado. La disposición adicional 61 de la ley presupuestaria refleja que "si durante 2019 la Comunidad Autónoma de Canarias pudiera incrementar el gasto no financiero computable hasta el límite del equilibrio estructural, el Gobierno de Canarias destinará recursos adicionales a políticas educativas, sanitarias y de bienestar social". Clavijo aseguró que no es necesario un informe jurídico para autorizar este gasto extraordinario y que será cada departamento el que dicte las instrucciones necesarias para concretar el procedimiento.
Capacidad
El Ejecutivo mantiene que Canarias seguirá cumpliendo con el objetivo de déficit de forma que va a llegar al equilibrio presupuestaria, mantendrá la deuda por debajo del 13% como pide la Comisión Europea y seguirá cumpliendo con el periodo medio de pago. Sin embargo, las dudas se ciernen sobre la regla de gasto, que podría superarse en "unas décimas", si bien tanto Clavijo como la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se excusan en que otras comunidades incumplen sistemáticamente con todos los objetivos y nunca ha pasado nada. Por ello Clavijo añadió que "si incumplimos, que está por ver, el Estado tendrá que ser benévolo como lo ha sido con otras comunidades como Andalucía, Valencia, Extremadura o Cataluña".
El Ejecutivo regional ha llegado a esta situación después de los infructuosos intentos por parte de Presidencia del Gobierno y de la Consejería de Hacienda de reunirse tanto con el presidente Pedro Sánchez como con el Ministerio de Hacienda, tras las discrepancias surgidas entre las dos administraciones por los cálculos del superávit. Canarias no acepta los 945 millones que le otorga el Estado al incluir los más de 500 millones correspondientes a las carreteras, por lo que el Ejecutivo regional mantiene que son unos 300 millones y, tras muchas cartas y peticiones de reuniones, se ha decidido destinar un primer remanente hasta determinar su evolución y que sea el próximo Gobierno autonómico que salga de las urnas del 26M el que tome las decisiones sobre los fondos que restan, hasta llegar a los 300 millones.
Los miembros del Consejo Asesor, organizaciones empresariales y sindicatos mayoritarios, respaldaron las tesis del Gobierno. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, entiende "que es lo correcto en estos momentos, que es adecuado y que la sociedad canaria lo necesita". Manrique de Lara recalcó, asimismo, que no cree que "nadie en Canarias pueda poner en cuestión" la iniciativa, sobre todo porque la mayor parte del dinero, 150 de 176 millones, irá a educación y sanidad.
Por su parte, el secretario general de UGT, Gustavo Santana, no cree que haya ilegalidad alguna en la fórmula que aplicará el Ejecutivo y que la decisión de destinarlos a los servicios públicos ha sido una petición insistente de la central sindical desde hace mucho tiempo.
Asimismo, el secretario general de CCOO, Inocencio González, insistió en que, al usar ese dinero en "reforzar servicios públicos esenciales", se trabaja por "ir disminuyendo la desigualdad", y calificó la decisión de "medida absolutamente acertada".
Por contra, algunos partidos de la oposición, aunque respaldan la iniciativa, sí cuestionan las formas. El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, consideró "oportunista" que el Ejecutivo canario decida en precampaña electoral dedicar parte del superávit a educación y sanidad cuando lo podía haber hecho en otro momento. Por su parte, el presidente de NC, Román Rodríguez, cree que Clavijo "va de farol" y que no incumplirá la Ley de Estabilidad, si bien la formación nacionalista respalda el destino social del superávit.
