El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, anunciaron ayer que han decidido destinar los 300 millones de euros de superávit de 2018 del Archipiélago a servicios básicos, como la sanidad, educación o dependencia. El líder nacionalista y la número uno por Tenerife no tienen ningún temor a represalias por parte del Gobierno central, incluso a que se les aplique el artículo 155 de la Constitución, y remarcan que otras comunidades ni siquiera cumplen la regla de gasto y otras exigencias legales, por lo que no tienen intención de derivar ese dinero a rebajar deuda.

Clavijo indicó que habrá que esperar a finales de año para saber si ocurre algo con la decisión que han tomado, que es cuando se volverá a fijar el superávit. No obstante, se muestra convencido de que no incumplen la ley, ambos remarcan que cuentan con respaldo jurídico de los técnicos de la Comunidad y Dávila recalcó, incluso, que "otras regiones han incumplido la regla de gasto y déficit y no ha pasado nada". Lo que sí tienen claro es que no están dispuestos a derivar esa cantidad a "inversiones financieramente sostenibles", que es lo que les ha pedido el Gobierno central y que, según la consejera, básicamente se trata de instalación de placas solares en edificios públicos. Y no porque no apuesten por las energías limpias, sino porque considera que hay gastos mucho más prioritarios, todos relacionados con los servicios públicos primarios, sino porque no quieren correr el riesgo de derivar esa partida a deuda nacional o de comunidades que, como la catalana, "luego lo gasten en sus embajadas en el exterior".

Dávila también aclara que ese superávit es de 300 millones y no de más de 900, ya que excluye los 500 de la sentencia de las carreteras que el Gobierno central ha incluido como dinero sobrante en las arcas isleñas, así como los 145 de partidas de infraestructuras educativas y de Empleo que se transfirieron a finales de 2018.