Canarias no esperará al Estado para destinar los fondos del superávit, que computa en 300 millones, al fortalecimiento de los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad y las políticas sociales. La ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez a su propuesta de que las comunidades cumplidoras con los objetivos del déficit puedan invertir ese dinero en las materias que consideren oportunas -y no a amortizar deuda o a inversiones financieramente sostenibles sujetas a requisitos como establece la normativa actual-, empujó ayer al Consejo de Gobierno canario a articular las medidas necesarias para ello y convocar en los próximos días al Consejo Asesor, integrado por sindicatos y patronales, para que respalde su decisión.
La portavoz del Ejecutivo regional y a su vez consejera de Hacienda, Rosa Dávila, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "no hay voluntad de confrontación" por parte del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo, pero sí la convicción de que "el dinero de Canarias debe quedarse en Canarias". Dávila lamentó que en el Consejo de Ministros del último viernes, en el que el Gobierno de Sánchez aún no estaba en funciones, no se aprobara un real decreto que permitiese liberar los fondos del superávit del Archipiélago, tal y como ha solicitado de forma insistente en los últimos meses. Más aún, indicó, cuando el Archipiélago es una región "saneada que ha sido leal con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad".
El Gobierno canario calcula un descuadre positivo de 300 millones frente a los 947 millones que el Ejecutivo central computa a las Islas. El Estado tasa como superávit los 146 millones transferidos a finales de 2018 para ejecutar este año y los 500 millones de la deuda en carreteras -y aún faltarían otros 500 millones más- derivados de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Dávila subrayó que el Ejecutivo regional seguirá "peleando" con el nuevo Gobierno que se forme para que ese dinero no compute como parte del superávit.
Dávila no quiso precisar cómo sorteará la normativa impuesta, pero aseguró que la Comunidad Autónoma tiene recursos y herramientas para "garantizar" la viabilidad legal de esta medida. Tampoco desveló si la fórmula buscada es similar a la establecida por la Xunta gallega para poder disponer de su superávit. Precisamente Clavijo y su homólogo en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantuvieron un encuentro a principios de abril en Santiago de Compostela para cargar contra la rigidez de la regla de gasto. Galicia, en cualquier caso, parece haber encontrado ya la vía para disponer de su superávit al pagar deuda de dos entidades autonómicas, lo que le permitiría aligerar el endeudamiento e invertir, a su vez, en servicios básicos.
Clavijo ya se reunió en una ocasión con su Consejo Asesor para acordar la dirección a seguir en la consecución de la liberación del superávit. Fruto de ese encuentro, en el que el presidente del Gobierno concitó el apoyo de sindicatos y patronales, Clavijo pidió por carta a Sánchez una reunión in extremis para alcanzar algún tipo de acuerdo en este sentido. Pese a las diversas peticiones desde el Gobierno canario para acercar posiciones, el Ejecutivo no ha obtenido respuesta y ha decidido ahora dejar de esperar para articular fórmulas que le permitan invertir en servicios públicos. Con esos recursos, según cálculos del propio Ejecutivo, se podrían contratar en el Archipiélago a 2.200 profesores y generar numerosos puestos de trabajo relacionados con la sanidad y la dependencia.
Dávila también aprovechó la ocasión para felicitar a Pedro Sánchez por los resultados del PSOE en las elecciones generales y desearle capacidad de lograr amplios consensos de cara a la nueva legislatura. Recalcó, a su vez, la importancia de que el nuevo Gobierno estatal "comprenda la importancia de la modificación de la ley de estabilidad financiera y se adapte a las nuevas circunstancias".
El plan de vivienda prevé una inversión de 246 millones
El Consejo de Gobierno de Canarias eleva al Consejo Económico y Social su futuro Plan de Vivienda 2019-2022. En ese periodo la previsión es invertir 246 millones de euros después años de parálisis en política de vivienda bien por la crisis económica bien por las trabas que impone la ley de estabilidad a las comunidades autónomas.
El objetivo del plan, subrayó ayer la consejera del área, Cristina Valido, es "cubrir una importante carencia" y marcar "la nueva hoja de ruta que venía siendo demandada por todos los sectores y que determinará las políticas del área durante los próximos cuatro años".
El Plan contempla una inversión de fondos autonómicos de 169,8 millones de lo que 40,8 se gastarían este año , 42,8 el próximo, 43 millones en 2021 y poco más de la misma cantidad en 2022.
Además, a la cifra global hay que sumar la aportación de 76,4 millones de euros correspondiente al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por lo que la inversión en materia de vivienda se eleva a un total de 246,3 millones.
Desde el Gobierno se recordaba ayer que "agentes sociales, empresarios, sindicatos y administraciones dieron su apoyo unánime al borrador del Plan Canario de Vivienda 2019-2022 en la Comisión de Vivienda celebrada el pasado mes de febrero". Algo que se debe a que, destaca Valido, "ha sido un documento muy participado", tanto a través de un portal de internet que se creó al efecto como en las distintas reuniones y foros mantenidos "con todos los sectores implicados, así como con distintas administraciones insulares y locales", asegura.
El Plan contempla hasta 14 líneas de ayudas y subvenciones que van desde el alquiler de vivienda, al programa para personas en situación de vulnerabilidad, el del incremento del parque público de vivienda, el destinado a la adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida, ayuda para rehabilitar para la puesta en arrendamiento del inmueble o ayuda para jóvenes.
