No habrá gesto de última hora con Canarias desde el Gobierno central en relación con el contencioso entre ambas administraciones sobre la deuda estatal de 500 millones reconocida por Fomento y que Madrid ha contabilizado como ingresos de la Comunidad Autónoma, impidiendo con ello que el Ejecutivo regional -que adelantó ese dinero entre 2012 y 2016 para no parar las obras- los pueda gastar en lo que necesite en vez de mantenerlos bloqueados en los bancos, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf). Así lo señalaron ayer distintas fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, se ha negado en redondo a contemplar la posibilidad de elaborar con esa finalidad un real decreto-ley para su aprobación en el Consejo de Ministros de mañana, tal como le reclamaba el Gobierno de Canarias.
Esta era la última y única oportunidad, según la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, de contar con una medida que permitiera no computar como superávit la deuda estatal del anterior convenio de carreteras, que hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo obligan a pagar al Estado.
Tras las elecciones del domingo, el Gobierno central entrará en funciones y no podrá tomar decisiones de esa naturaleza en Consejo de Ministros. Las fuentes consultadas aseguran que el Ministerio no ha contemplado en ningún momento atender una petición como la realizada por el Gobierno de Canarias, asegurando además que no es posible modificar mediante un real decreto-ley una cuestión afectada por una ley orgánica como es la que establece las condiciones de gasto de las administraciones públicas, aprobada en abril de 2012 con el objetivo de sanear las cuentas públicas y reducir el déficit.
Las mismas fuentes sostienen que Canarias ya tiene a su alcance una de las herramientas aprobadas por el Ministerio de Hacienda de flexibilización de la regla de gasto y de utilización del superávit en inversiones denominadas "financieramente sostenibles" (obras de poca envergadura), una vía que el Ejecutivo regional considera insuficiente porque obliga a unos requisitos que no le permite gastar esos fondos en lo que realmente necesita el Archipiélago, fundamentalmente en mejora de los servicios públicos esenciales de la comunidad autónoma.
Desde el PSOE canario se asegura de hecho que la iniciativa del Gobierno regional, a través de la consejería de Hacienda, de remitir al Ministerio una propuesta de real decreto-ley para que esos 500 millones procedentes de la deuda en carreteras no contabilicen como superávit se hizo plenamente consciente de que no tendría ningún efecto práctico, y que el equipo de María Jesús Montero la rechazaría por las razones mencionadas.
Rosa Dávila, sin embargo, sostiene que el instrumento jurídico que la Consejería propone no modifica la ley orgánica que regula los criterios de gasto de las administraciones y que se trata de una autorización para poder usar esos fondos sin la limitación de la regla de gasto para el superávit. La consejera recuerda que el Ministerio imputa como ingreso unos fondos cuando ni siquiera se han transferido aún a la Comunidad Autónoma, y que con esos 500 millones y otros 147 adicionales de distinta procedencia presupuestaria que el Ministerio también ha imputado, el superávit canario se sitúa, a falta de la actualización de las cifras, en un 2,05 % del PIB regional para el 2018, lo que eleva la cifra total a 947 millones.
Dinero canario
La ley estatal obliga a que el superávit se destine a la amortización de deuda, o a inversiones financieramente sostenibles, alternativas que Canarias rechaza porque su nivel de deuda en muy baja y no necesita amortizarla fuera de los mecanismos normales de financiación, y porque las inversiones autorizadas por esa vía están sujetas a requisitos y limitaciones que no compensan.
El Ejecutivo de Fernando Clavijo defiende así que ese dinero que Canarias gastó en carreteras para compensar los recortes del Gobierno central en el convenio de carreteras es dinero que el Estado adeuda a la Comunidad Autónoma y que ésta debería poder destinar a lo que quisiera dentro de sus necesidades presupuestarias. La propuesta que realizó al Ministerio de Hacienda y que éste ha rechazado considera que ese destino no incumple la ley de estabilidad financiera, y que si se aprobase, dichos recursos podrían ir destinados a la contratación de profesionales sanitarios y reducir las listas de espera, la de profesores en el sector de la Enseñanza, o la de atender la situación de la dependencia en las Islas mediante la contratación de más personal.
Además de diversos mensajes e intentos de contacto con la ministra Montero, Rosa Dávila se ha dirigido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), organismo dependiente formalmente del Ministerio de Hacienda pero con autonomía de funcionamiento, para buscar una mediación y una solución a sabiendas de que la entidad que vigila la sostenibilidad de las finanzas públicas se ha manifestado en distintas ocasiones a favor de flexibilizar la aplicación de la regla de gasto, y además suele referirse a Canarias como una comunidad modelo en el control y saneamiento de sus cuentas. "Sabemos que la Airef tiene un papel difícil en este asunto, pero con voluntad política no habría ningún problemas con el tratamiento de los recursos", ha sostenido Dávila, que no ha encontrado sin embargo respuesta formal desde ese organismo.
