Principio de solución para el conflicto que enfrenta a las familias que habitan las viviendas de la empresa pública Visocan con la Comunidad Autónoma. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, y la consejera de Empleo y Vivienda, Cristina Valido, mantuvieron ayer un encuentro con inquilinos del parque público de Visocan en Gran Canaria y garantizaron el acceso a la propiedad de las casas, una reivindicación histórica de los vecinos, que exigen que se les compute lo pagado en alquiler hasta ahora como parte del precio final de compra. Junto a Clavijo y Valido también estuvieron por parte del Ejecutivo el viceconsejero Francis Candil; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, y el gerente de Visocan, Víctor González. El jefe del Ejecutivo regional pidió "tranquilidad y confianza porque el Gobierno de Canarias, a través de Visocan, pondrá a disposición todas las herramientas para que, aquellos que lo soliciten, puedan acceder a la transmisión de sus pisos en el menor tiempo posible". Aseguró que el Ejecutivo lo que hecho hasta ahora "es tratar de encontrar la fórmula que permita a los vecinos adquirir su vivienda en las condiciones más ventajosas y con el precio más bajo que permita la ley" y confirmó la "firme voluntad de que se descuente del precio final establecido a cada vivienda las cantidades pagadas por los vecinos por el alquiler".

Los responsables de Vivienda explicaron que se han analizado los diferentes informes y dictámenes y "hemos solicitado una consulta vinculante a la Hacienda estatal para esclarecer los efectos fiscales de la compraventa, tanto para la empresa como para los adquirentes, de modo que nos permita establecer las condiciones más ventajosas posibles", según la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León. La voluntad del Ejecutivo es facilitar y acelerar el procedimiento que reclaman las más de 3.000 familias que viven de alquiler en las viviendas de la empresa pública tanto en Gran Canaria como en Tenerife.

Después de varios años de reivindicaciones, recientemente la plataforma creada por los inquilinos de Visocan recogieron firmas para presentar una demanda contra la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo, todos los lunes desde hace varios meses se manifiestan los vecinos en las puertas de la sede de Vivienda para hacer oír sus peticiones.

"El Gobierno iniciará el procedimiento para la transmisión de las viviendas a los adjudicatarios en las mejores condiciones fomentando el acceso a la propiedad de las mismas con todos los informes preceptivos a que haya lugar", afirmó de León. Hay que recordar, no obstante, que el contrato de arrendamiento firmado en su momento "es un contrato de alquiler, y no uno de alquiler con opción a compra, por lo que hay que buscar la fórmula más apropiada y establecer los precios adecuados para este tipo de viviendas", explica De León.