El Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y el Fomento de la Economía Circular y Azul considera que es necesario crear una consejería en el Gobierno canario que aglutine todas las competencias sobre el medio marino. Gestado en febrero del año pasado y compuesto por investigadores de las dos universidades públicas del Archipiélago, este comité, con el que el Gobierno persigue poner los cimientos para conseguir una Canarias más sostenible, argumenta que el mar es "el motor esencial de Canarias" y, por ello, la Comunidad Autónoma, al igual que en Azores, debería constituir una consejería o una dirección general "con músculo" que contenga todos los aspectos marino-marítimos.
Esta nueva área realizaría un trabajo horizontal para agilizar todo lo relacionado con cuestiones de sostenibilidad, cambio climático, desarrollo de la economía circular y azul, porque eso permitiría a Canarias posicionarse ante Europa y el Gobierno central con una visión coordinada sobre todo los asuntos marino-marítimo.
El presidente y portavoz del Comité de Expertos, Aridane González, investigador postdoctoral del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), presentó esta propuesta el pasado lunes al presidente Clavijo, en la última reunión periódica de este grupo de científicos para dar cuenta de la actividad desarrollada.
En opinión de González, si bien las consejerías de Medio Ambiente, Industria y Economía tienen sinergias en lo referido al medio marino, un área dedicada en exclusiva agilizaría todo lo que tuviera que ver con cuestiones de seguridad marítima, el desarrollo de la economía circular en temas de gestión de residuos o en la solicitud de licencias o permisos para acciones marinas, como depuración de aguas o parques eólicos off shore en el futuro. Se trata de reducir las trabas burocráticas y optimizar recursos.
Este grupo de expertos formula también un paquete de acciones, entre otras, seguir desarrollando iniciativas como la inclusión del cambio climático en el currículo de la educación, propuesta en las que ya está trabajando el Ejecutivo, o la instalación en los edificios públicos de contenedores de recogida separada de residuos y de fuentes de agua potable.
Esto se propone también para los centros escolares, no solo la separación de residuos, sino la toma de agua potable con la conexión de las fuentes de agua a la red de abasto y con un tratamiento de ósmosis para hacerla bebible. De este modo, los alumnos reducirían el uso de botellas de plástico, pues podrían llevar envases reciclables y tendrían acceso a beber agua de forma gratuita. La misma fórmula podría aplicarse en los centros deportivos estratégicos con máquinas donde se pudieran llenar botellas reciclables a un mínimo coste.
Este comité de científicos también plantea al Gobierno que estudie y traslade a cabildos y ayuntamientos, lo que denomina "el incentivo en positivo" en la gestión de residuos. Según González, cuando se habla de impuestos en esta materia. aquellas personas que hacen bien su labor no ven un beneficio pues ahora es solo una cuestión voluntaria. "Hay que cambiar las normativas para facilitar el reciclaje, por ejemplo, en puntos limpios, para que puedan tener un retorno sociocultural", expone el presidente del comité.
Si los ciudadanos cumplen con el reciclaje en esos puntos podrían obtener bonos de asistencia a teatros o museos, de ahí la necesidad de pactar con las corporaciones locales e insulares que tengan las competencias. "Hay otros casos, como una bonificación económica por la cantidad de residuos, de forma que se podrían disminuir las tasas que se pagan en basura" o, como sucede en otros sitios, implantar códigos en los envases de reciclaje con los que se controla quién cumple con esta práctica para que así se beneficie en la reducción de impuestos.
Asimismo, formulan propuestas de bonificación en el Régimen Económico y Fiscal (REF) para que el transporte de los residuos entre islas tenga ayudas, de modo que existan plantas para el reciclaje en territorios concretos, en sintonía con lo expresado por la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, en la reciente presentación del nuevo Plan Integral de Residuos (Pircan), en fase de aprobación, donde el Gobierno se propone que en quince años, hasta el 2035, el 65% de los residuos de Canarias sean reciclados.
