18 de abril de 2019
18.04.2019
'Caso Grúas'

La juez del 'caso Grúas' interroga a Clavijo sin atribuirle delito alguno

El presidente canario defiende por primera vez su inocencia ante Celia Blanco y detalla en casi cuatro horas de declaración que adoptó las decisiones para "defender el interés público".

18.04.2019 | 08:06
La juez del 'caso Grúas' interroga a Clavijo sin atribuirle delito alguno
Fernando Clavijo abandona ayer el Palacio de Justicia de La Laguna.

La juez del caso Grúas tomó ayer declaración por primera vez como investigado a Fernando Clavijo pero no atribuyó delito alguno al presidente del Gobierno de Canarias. Clavijo, que por fin pudo defenderse en los juzgados tras dos años de procedimiento, detalló a Celia Blanco que todas las decisiones que tomó cuando estaba en el Ayuntamiento lagunero, entre los años 2003 y 2015, sobre el servicio de recogida de vehículos contaron con el aval del pleno, la Junta de Gobierno Local, los asesores y las leyes, y que siempre obedecieron a un propósito: defender los intereses públicos y evitar un quebranto a las arcas laguneras.

Fueron 3 horas y 35 minutos de interrogatorio en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, desde las 9:35 a las 13:10, en las que el presidente canario contestó a las preguntas de la magistrada, la fiscal anticorrupción, María Farnés, y sus dos letrados, Esteban Sola y José Antonio Choclán. Se acogió al derecho a no responder a los abogados de los denunciantes, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento lagunero Por Tenerife-Nueva Canarias y Unid@s se puede, al entender, como aclaró en la rueda de prensa posterior en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que la denuncia persigue "fines políticos". "Esta denuncia política solo busca generar daño a mi candidatura como presidente de Canarias", enfatizó.

Clavijo, primer presidente de una comunidad autónoma española que declara en un juzgado ordinario al perder el aforamiento después de que el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias retirase esta figura, aseguró sentirse "muy satisfecho". "He dado todas las aclaraciones y disipado todas las dudas de un expediente exitoso", matizó para subrayar: "Ha quedado acreditado que obré conforme al ordenamiento vigente, en base a los informes municipales de los asesores y que esa actuación impidió un perjuicio a las arcas públicas y la interrupción de un servicio esencial".

El político nacionalista se ha visto obligado a defender su inocencia en un momento muy sensible: en plena campaña de las elecciones generales del próximo domingo 28 y a las puertas del inicio de la campaña de los comicios autonómicos y locales del próximo 26 de mayo, en los que además será candidato a la reelección como presidente de Canarias. La tardanza se debe a una investigación inaudita y llena de vaivenes, algunos inexplicables. Por ejemplo, la causa fue archivada por esta misma juez en junio de 2017 -con el apoyo de la Fiscalía- pero luego fue reabierta por orden de la Audiencia Provincial.

Se ha dado además la extraña circunstancia, reconocida por la Fiscalía General del Estado, de que se esperó a que se aprobara una ley -el Estatuto de Autonomía de Canarias, que suprime los aforamientos- para emitir un informe en el que se determinaba que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya no era competente y se devolvía a La Laguna. Un escrito, además, que suplió a otro informe elaborado por el teniente fiscal Superior de Canarias, Demetrio Pintado, en el que no se veían indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y que reclamaba el archivo del procedimiento. Este informe no se adjuntó a la causa pese a que lo ha reclamado la defensa de Clavijo, que se ha quejado en reiteradas ocasiones de maniobras dilatorias y cambios de criterio de la Fiscalía y de que el TSJC se inhibiera del proceso.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado apartó al equipo de la Audiencia Provincial y traspasó el caso Grúas a la Fiscalía Anticorrupción, otro hecho que generó sorpresa, incluso en las propias instancias judiciales, al tratarse de un procedimiento que se centra en aspectos administrativos, en los que no suele intervenir Anticorrupción.

Fue la delegada de esta fiscalía en la provincia tinerfeña, María Farnés, la que tras tomar el caso elaboró un informe en el que observó indicios de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La juez, sin embargo, aún no ha observado ningún indicio ni ha atribuido ningún delito a Clavijo. Lo corroboró ayer el gabinete de prensa del TSJC apuntando lo siguiente: "En el actual momento procesal, la magistrada instructora está investigando y no imputa ningún delito al presidente del Gobierno. Su misión ahora es instruir, investigar qué hay de cierto en las acusaciones, tomar declaraciones a testigos y peritos y recabar pruebas documentales, según le vayan pidiendo las partes".

Clavijo enfocó sus declaraciones en los cuatro pasos de la gestión de las grúas de La Laguna que centran la investigación: el traspaso de la concesionaria del servicio (Autogrúas Poli) a siete empleados en un intento de reflotarla, la intervención municipal de la misma, la concesión de un préstamo de 120.000 euros por parte del Ayuntamiento para ayudar a salvarla y la prórroga del contrato. El 12 de febrero de 2004, el pleno aprueba la privatización de las grúas y el 8 de junio del mismo año las adjudica al empresario José Padilla por 5 años, prorrogables a 25. Al poco la empresa empieza a tener serios problemas económicos, por el desfase de las condiciones del contrato -por la peatonalización del casco y la crisis económica, principalmente-, retrasos en los pagos del Consistorio y una mala gestión.

Los problemas alcanzan tal gravedad que el Gobierno local se ve obligado a intervenir para garantizar la continuidad del servicio y que los fondos públicos no salgan malparados: traspasa la empresa a siete empleados dispuestos a hacerla viable (abril de 2011), asume el control transitoriamente al no solventarse las dificultades (enero de 2014), concede un préstamo de 120.000 euros a pagar durante el tiempo que dura la intervención (junio de 2014) y prorroga la concesión a Autogrúas Poli (agosto de 2014).

La nueva dirección devuelve el crédito en tiempo y forma en seis meses, el servicio se sigue prestando sin que se produzcan perjuicios económicos al Ayuntamiento ni de otro tipo a los ciudadanos y Autogrúas Poli pasa en agosto de 2015 a manos de otro empresario ante la imposibilidad de que los anteriores responsables resuelvan las dificultades económicas. Los propios fiscales admiten en sus informes que el Ayuntamiento no perdió un euro. Las grúas funcionan hoy con normalidad como consecuencia de la actuación municipal.

Por contra, los partidos opositores en La Laguna XTF-NC y Unid@s -que presentaron su denuncia en abril de 2017, 14 años después de iniciado el proceso- defienden que Clavijo entregó las grúas a unos amigos, que el Ayuntamiento debió rescatar la empresa y asumir el servicio, y que el presidente -entonces alcalde- levantó los reparos del préstamo -algo que se puede hacer en cualquier ayuntamiento de España- pese al informe contrario del interventor general.

No son amigos

Lo primero que aclaró Fernando Clavijo en su declaración de ayer es que esos siete empleados que tomaron el control de Autogrúas Poli en 2011 no eran amigos ni se les dio el control para beneficiarlos, sino solo con la intención de salvar el servicio de retirada de vehículos. Detalló que no conocía ni mantenía relación con cuatro de ellos, que sabía quiénes eran otros dos pero solo porque coincidió con ellos de joven en el gimnasio cuando practicaba karate y que conocía al séptimo al haber estado casado este con una exempleada de un despacho profesional que dirigió el propio Clavijo pero con el que tampoco tuvo nunca relación de amistad.

"Puede ser que me reuniera con alguno, no lo recuerdo, pero nunca les aconsejé nada, ni que fuera un negocio bonito, ni que continuaran con la empresa. Si les dije algo fue simplemente a título informativo", relató Clavijo a la juez, como figura en el informe oficial de la declaración entregado a los medios por el presidente canario, para negar categóricamente que intercediera para beneficiarlos.

Evitar un quebranto económico

Clavijo enfatizó que si como sostiene la fiscal -muy puntillosa en sus preguntas- el Ayuntamiento hubiera dado por caducado, rescatado y asumido el servicio, se habría generado un "grave quebranto" a las arcas públicas. El Ayuntamiento habría tenido que asumir las deudas, subrogar a los trabajadores, enfrentarse a posibles litigios por reclamaciones patrimoniales e incluso afrontar una suspensión de la retirada de coches . "Por eso se optó por mantener la concesión", matizó. El resultado fue, recordó, que no se produjo la menor pérdida económica, que el servicio se siguió prestando y que se reestructuró el contrato para ayudar a la empresa a resolver los problemas. "Actualmente está funcionando con normalidad".

El exalcalde lagunero rememoró que nadie planteó el rescate, que la oposición -que años después denunció- ni siquiera votó en contra de los diferentes pasos que se dieron, y que ningún interventor ni asesor jurídico le advirtió en todo el proceso que podía estar cometiendo alguna irregularidad ni decisión contraria a derecho. "Cuando se hizo la modificación presupuestaria para el préstamo, la oposición se abstuvo. Incluso ese préstamo no lo aprobé yo, sino la Junta de Gobierno Local", puntualizó.

Ni arbitrariedad ni capricho

El líder de CC quiso negar, sobre el levantamiento de los reparos del interventor al préstamo, que adoptara esa decisión de forma arbitraria y caprichosa. "Tenía informes que discrepaban de manera motivada de los reparos del interventor general", explicó Clavijo, quien añadió que fue la asesoría jurídica la que propuso encargar un dictamen externo. Ese dictamen en el que se basó para levantar los reparos se encargó a varios profesores de la Universidad de La Laguna en el marco de un convenio de colaboración entre esta institución y el Ayuntamiento.

Esta ayuda económica de 120.000 euros fue concedida de "forma extraordinaria", tal y como admitió el político lagunero, para salvar a la concesionaria y que pudiera pagar a sus trabajadores. "Se devolvió en el periodo estipulado, antes del final de la intervención de la empresa, y con un cuatro por ciento de interés. "No influí en autoridad o funcionario alguno para beneficiar a los trabajadores de Autogrúas Poli ni a nadie al margen de los intereses públicos", concluyó Clavijo.

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