El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se enfrenta hoy a su primera declaración en un juzgado sobre el caso Grúas con "absoluta normalidad", pues reitera que se trata de un expediente administrativo en donde actuó con total rectitud cuando era alcalde de La Laguna en 2014, con la concesión de un préstamo de 120.000 euros a una empresa de grúas que se devolvió en dos meses con intereses, por tanto, sin perjuicios económicos para las arcas municipales, y se garantizó la continuidad del servicio para la retirada de vehículos y el pago de la nómina de los trabajadores.

Clavijo "simplemente" comparecerá "para resolver cualquier tipo de duda o aclaración, y ya está". A su juicio, es "todo un relato de fábula que el único objeto que tiene es producir un desgaste político" por parte de los dos partidos denunciantes de la oposición - Podemos y Por Tenerife-Nueva Canarias- , y solo quiere intervenir para poder clarificar las dudas sobre el expediente y que "esto acabe lo antes posible". Lamenta que hayan pasado "dos años" desde que ambas formaciones de La Laguna interpusieron la denuncia, que ha dado lugar a un procedimiento, cuanto menos, insólito por el archivo y la posterior apertura de la causa por parte de la Fiscalía y por esperar a la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias para que el presidente perdiera el aforamiento.

De hecho, es la primera vez que un presidente en ejercicio rinde cuentas como investigado en España ante un juzgado de a pie, en este caso el juzgado número 2 de La Laguna, pues hasta la fecha varios presidentes autonómicos han sido imputados en procedimientos penales pero han comparecido siempre ante magistrados del Tribunal Superior de Justicia de su comunidad, al ostentar la condición de aforados.

En este proceso se ha dado la extraña circunstancia, reconocida por la Fiscalía General del Estado, de que se esperó a que se aprobara una ley - el Estatuto de Autonomía de Canarias, que suprime los aforamientos- para emitir un informe en el que se determinaba que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya no era competente y se devolvía la causa a La Laguna. Un escrito que suplió a otro informe elaborado por el teniente fiscal Superior de Canarias, Demetrio Pintado, en donde no se veían indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y que reclamaba el archivo del procedimiento. Este informe nunca ha visto la luz procesal pese a que lo ha reclamado la defensa de Clavijo, que se ha quejado en reiteradas ocasiones por la demora y los cambios de criterio de la Fiscalía y de que el TSJC se inhiba del proceso.

Hasta hace dos semanas, los abogados del presidente de Canarias estaban dispuestos a seguir pleiteando ante el Supremo para que el caso correspondiera al Tribunal Superior de Justicia, pero el pasado día 8 Clavijo pidió ser llamado "cuanto antes" a declarar y lo hace hoy.

El presidente quiere que todo se aclare y se cierre con celeridad después de este tortuoso e inusual proceso, pues desde su entorno se entiende que esto es justo lo que pretendían los dos partidos de la oposición: su declaración judicial coincidiendo con la campaña electoral ya plenamente lanzada -la de los comicios generales-, pero también a las puertas de las elecciones autonómicas, insulares y locales del 26 de mayo. Hoy se abre el plazo para la presentación de las candidaturas a estas últimas citas con las urnas, en las que Clavijo se vuelve a presentar como candidato de CC a la Presidencia del Gobierno.

Por tanto, cuando se siente ante la jueza María Celia Blanco, asistido por el abogado José Antonio Choclán, será la primera vez que una juez del primer escalón de la Justicia española interrogue como investigado a una primera autoridad del Estado aunque no se le reprocha ningún supuesto ilícito cometido durante su mandato como presidente del Gobierno de Canarias.

"Por fin, dos años después voy a poder dar las explicaciones", expresó ayer Clavijo que ya ha comparecido a petición propia ante el Parlamento canario y medios de comunicación para aclarar, con documentos, cómo se produjo la concesión del préstamo, una operación que, además, fue aprobada con la unanimidad de las fuerzas políticas de La Laguna para salvar el servicio grúas. Es más, la Junta de Gobierno Local que refrendó el crédito no fue presidida por Clavijo sino por el entonces socialista Javier Abreu. Por ello, el presidente expone que explicará "con absoluta tranquilidad un expediente que fue complejo, no exento de mucho análisis y estudio, pero que garantizó la continuidad del servicio y el interés general", precisó. Sobre el archivo de una parte del caso, entiende que "desmonta el relato que los denunciantes, Podemos y NC con Santiago Pérez, han estado construyendo". "Un relato que ya se archivó en su momento y esto viene a seguir desmontando pieza a pieza todo un relato de fábula".